Más de 11 millones de documentos que registran la apertura de cuentas, el traslado de fondos, la creación de empresas de papel (mejor conocidas en nuestras tierras como empresas fantasma), la adquisición de activos, barcos, aviones, bienes raíces, todo por montos multimillonarios en dólares, euros o libras esterlinas.
La filtración involucra operaciones en 91 países, con más de 35 jefes de Estado y de gobierno. Una revelación sin precedente en la historia financiera contemporánea. Para que tenga usted una proporción, lo difundido por el escándalo Panama Papers representa más o menos el 10% de lo que el caso Pandora arroja al mundo.
Transferir fondos a nivel internacional no es delito. Extraer dinero de sus cuentas en un territorio y depositarlo en otro para fines de inversión, ahorro, protección e incluso contra economías inestables y volátiles, es perfectamente lícito. En el caso de México, por motivos de seguridad personal y familiar de forma muy señalada. El tema es pagar los impuestos correspondientes en cada sitio.
Los paraísos fiscales que aparecen en Pandora (Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, el estado de Delaware en Estados Unidos, Hong Kong, Shanghái más recientemente) ofrecen una serie de beneficios, no sólo de baja carga fiscal –si acaso–, sino además secreto bancario, absoluta discreción y libertad flexible para el movimiento de fondos.
¿De dónde proviene la información entonces? Aparentemente de los muy necesarios despachos jurídicos que se utilizan para abrir dichas compañías, declarar bienes a nombres inexistentes, siempre con el ánimo de resguardar y proteger a los dueños originales. La finalidad definitiva: evadir el fisco, aquí, allá o donde sea.
Esto no se inventó en México; los magnates y políticos del mundo lo utilizan desde hace décadas con muy redituables resultados. Tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá, el depósito de fondos para inversión ha tenido que pagar porcentajes y gravámenes fiscales sobre los intereses y réditos que las fortunas arrojan cada año. En el caso de México, esa legislación ha tardado mucho más en llegar, y no con la perfección o conocimiento que el mundo desarrollado ha tenido que ir imponiendo para perseguir a los evasores.
El hecho es que nuestros magnates han aprovechado con oportunidad y astucia esos ‘vericuetos’ legales para disfrazar fortunas, evitar el pago sobre herencias y no registrar los bienes raíces a nombre de sus dueños auténticos, sino preferentemente a nombre de empresas, no sólo porque la carga fiscal es con frecuencia menor, sino, sobre todo, porque se protege la identidad.
A diferencia del pensamiento predominante en el actual gobierno mexicano –o mejor dicho, en el Presidente específicamente–, no toda fortuna es ilegal, oscura o se construyó con base en actos de corrupción. Los grandes empresarios que heredaron o que construyeron emporios financieros, amasaron capitales bien habidos, que desafortunadamente se manchan cuando los esconden para evitar cargas fiscales en cualquier rincón del planeta.
Los servidores públicos, los funcionarios o los políticos que han dedicado su vida al gobierno, a los partidos y al poder, no pueden explicar fortunas porque recibieron toda su vida salarios correspondientes a la administración pública. Así que hay de dos: o robaron franca y abiertamente de los presupuestos asignados a sus tareas, o hicieron negocios –método muy extendido en México desde hace unos 40 años–. Es decir, contratos, concesiones, permisos, licencias y compras directas como proveedores gubernamentales.
No se explica que Manuel Bartlett posea la fortuna que declara –bajo el supuesto de que sea toda– si ha trabajado en gobiernos, partidos y congresos por más de 50 años. ¿De dónde?
Ya este gobierno pasó a cuchillo a muchos fideicomisos, instrumento muy recurrido para que políticos se aseguraran recursos una vez concluido su encargo. Pero subsisten aún muchas de esas herramientas a favor de las familias de los funcionarios.
Principal motivo de sospecha debiera ser para la UIF y el SAT los servidores que no hicieron declaraciones completas de sus bienes, cuentas y propiedades. ¿Por qué lo esconden? No sólo porque además la procedencia pudiera no sea transparente, sino porque, con alta probabilidad, han evadido impuestos.
Daría la impresión de que el presidente López Obrador –por la convicción de su discurso– es vertical en este sentido, y no permitiría ‘concesiones’ o ‘casos especiales’ de sus funcionarios. Me permito dudarlo, porque en el negocio de la política, las contribuciones millonarias a campañas, los apoyos recibidos, el aceite que mueve todo el aparato, es de conocimiento profundo por AMLO. Sabe quiénes dieron y qué esperan a cambio, o qué favores demandan de la administración. Sabe también, viejo conocedor el circo político, quiénes venían ya con señalamientos previos, de obras, fortunas construidas, negocios realizados. No hay desconocimiento a este respecto.
Sin embargo, el Presidente los perdona, a quienes desviaron fondos a fideicomisos en el extranjero, a quienes acumulan casas, propiedades, negocios paralelos al servicio público, porque le son útiles y eficientes. Es más, perdona aún a las empresas de sus funcionarios, quienes reciben hoy de forma cínica e insultante, contratos y beneficios sin concurso ni licitación.
El discurso contra la corrupción es potente, vigoroso y muy recurrente. Las acciones reales, concretas, institucionales para combatirla, son tan enérgicas como en gobiernos anteriores. Mucho ruido y pocas nueces.