Las decisiones corporativas trascienden fronteras, impactan cadenas de suministro y afectan a comunidades enteras, y la ética organizacional ha dejado de ser un tema accesorio para convertirse en parte esencial de la infraestructura empresarial. Así lo recuerda el artículo Take 5: Let’s Get Ethical, publicado por Kellogg Insight, la plataforma de divulgación de investigación de la Kellogg School of Management de Northwestern University, al reunir hallazgos sobre cómo se forman, se justifican y se previenen conductas poco éticas en las empresas.
La premisa central es particularmente relevante, las malas decisiones no siempre surgen de personas corruptas o malintencionadas, sino de sistemas que toleran ambigüedades, premian resultados a cualquier costo y debilitan la rendición de cuentas. Incentivos mal diseñados, presión comercial excesiva, liderazgos permisivos, conflictos de interés no revelados y canales de denuncia ineficaces pueden normalizar conductas que, vistas aisladamente, parecen excepciones, pero que con el tiempo se convierten en cultura.
Los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional muestran, año tras año, que la región latinoamericana enfrenta retos persistentes en materia de integridad, transparencia y confianza institucional. México comparte con otros países latinoamericanos una percepción ciudadana y empresarial marcada por la fragilidad de los mecanismos de control, la baja eficacia en materia de sanciones y la captura de decisiones públicas y privadas por intereses particulares.
El sector privado forma parte de un ecosistema institucional. Temas como colusión en licitaciones, pagos indebidos a intermediarios, evasión fiscal, conflictos de interés ocultos, opacidad en gestiones de proveeduría y tolerancia frente a prácticas irregulares, son manifestaciones de un déficit ético que también se reproduce desde la empresa.
Una organización íntegra no únicamente declara valores; crea condiciones para que actuar correctamente sea posible, visible y recompensado. Esto implica códigos de conducta comprensibles y aplicables, procesos efectivos de due diligence, controles internos acordes al riesgo, canales de denuncia protegidos, investigaciones independientes, consecuencias claras frente a incumplimientos y sistemas de compensación que no premien exclusivamente ni a cualquier costo el resultado económico.
En este entorno, el abogado de empresa tiene una función estratégica. Su papel no se limita a interpretar normas, redactar contratos o contener contingencias. El abogado debe ayudar a sus clientes a traducir riesgos legales y reputacionales en decisiones de negocio responsables, acompañar al consejo de administración y la dirección en la construcción de una cultura de cumplimiento, identificar zonas grises antes de que se conviertan en crisis, diseñar políticas internas que funcionen en la operación diaria y promover una visión en la que el cumplimiento no sea un obstáculo comercial, sino una condición de sostenibilidad.
También corresponde al abogado tender puentes entre la regulación y la cultura. Un programa de compliance no debe ser una carpeta para auditores ni una respuesta cosmética ante inversionistas, sino integrarse a la manera en que la empresa contrata, vende, compra, remunera, reporta, investiga y corrige.
Si la empresa busca atraer inversionistas, participar en cadenas globales de valor o acceder a esquemas de financiamiento más sofisticados, contar con una cultura ética robusta es cada vez más una ventaja competitiva.
La ética empresarial debe entenderse entonces como parte de la infraestructura de operación, tan relevante como los sistemas financieros, tecnológicos o productivos. Sin ella, la empresa puede crecer, pero lo hace sobre bases frágiles. Con ella, puede generar confianza, reducir riesgos, atraer talento, proteger su reputación y contribuir a mercados más transparentes.
Los consejos de administración pueden y deben convertir la ética corporativa en una prioridad real de gobierno. Ello exige revisar si los incentivos comerciales promueven conductas responsables, si los controles internos funcionan en la práctica, si los canales de denuncia generan confianza y si la dirección cuenta con respaldo efectivo para actuar correctamente.
En un entorno donde los índices de transparencia y Estado de Derecho evidencian fragilidades institucionales persistentes, el consejo de administración puede marcar el tono y exigir evidencia, métricas y consecuencias, y fortalecer prácticas comerciales éticas que protejan valor, reputación, acceso a capital y continuidad del negocio.
