México enfrenta una paradoja. Por un lado, cuenta con conectividad móvil casi universal, una población joven y mayoritariamente urbana, infraestructura de pagos robusta (SPEI procesa cerca de 20 millones de operaciones diarias en tiempo real) y un ecosistema en expansión. Por el otro, nueve de cada diez personas siguen realizando la mayor parte de sus transacciones en efectivo. Aunque 76.5% de los adultos posee algún producto financiero, solo 19% usa tarjetas y menos de 8% recurre a transferencias electrónicas como medio de pago habitual.
México Evalúa (Digitalizar para crecer: El reto de transformar los pagos en México) revela un país donde la tecnología ya existe y es incluso ejemplar, pero donde la adopción masiva simplemente no ocurre. La pregunta central no es si México puede digitalizarse, sino por qué no lo hace.
El efectivo impone costos a toda la cadena económica. INEGI cifra el costo de la inseguridad y el delito para unidades económicas en 124.3 mil millones de pesos en 2023 (0.51% del PIB) y casi 20% de las empresas deja de manejar efectivo por esa causa. Para los hogares, los costos son regresivos: ahorro guardado en casa que se erosiona con la inflación, no genera historial crediticio y limita el acceso al crédito formal. Para el Estado, la opacidad del efectivo erosiona la base gravable. Durante la 89ª Convención Bancaria de la ABM en marzo, la presidenta Sheinbaum anunció que el pago en gasolineras y casetas de peaje será digital antes de que termine el año. La ABM respondió con el compromiso de eliminar de forma temporal la cuota de intercambio para pagos con tarjeta en estaciones de servicio, reduciendo a cero la comisión que encarece la aceptación del plástico. Banxico por su parte anunció una reforma regulatoria para simplificar las transferencias vía SPEI.
La dispersión de programas sociales ilustra otro frente de oportunidad concreta. El Gobierno realiza millones de transferencias digitales, pero los beneficiarios retiran el efectivo de inmediato; un esquema donde fintechs y cadenas de retail ofrezcan incentivos (cashback, puntos o descuentos) por gastar esos recursos dentro del sistema digital convertiría cada transferencia en un catalizador de adopción digital en el comercio de proximidad. Los mercados de abasto y centrales mayoristas representan otro frente, con un alto volumen transaccional y dependencia casi total del efectivo, donde pilotos de códigos QR interoperables con liquidación SPEI podrían demostrar la viabilidad del pago digital en el segmento más resistente. La nómina de micro y pequeñas empresas representa una oportunidad para que el SAT, instituciones bancarias y plataformas fintech vinculen el pago digital de salarios con beneficios fiscales automáticos para el patrón, abordando de forma simultánea la informalidad laboral y la exclusión financiera del trabajador.
Según el Global Findex 2025, la tenencia de cuentas financieras a nivel mundial alcanza 79% de la población adulta en 2024. Mientras el promedio mundial avanza hacia la bancarización universal, México mantiene a más de la mitad de su población adulta fuera del sistema financiero formal.
La evidencia internacional es inequívoca respecto al vínculo entre digitalización financiera y crecimiento. McKinsey Global Institute estima que la adopción masiva de pagos digitales podría elevar el PIB de las economías emergentes en 6% en su conjunto y, en el caso específico de México, el potencial se cifra en aproximadamente 5% del PIB (equivalente a unos 90 mil millones de dólares).
La digitalización de pagos es, por otra parte, un instrumento eficaz en el combate a la corrupción. Esta prospera en la opacidad, y el efectivo constituye su vehículo más eficiente al no dejar rastro ni permitir auditoría alguna. Digitalizar compras públicas, nómina gubernamental, pagos a proveedores y cobros de servicios no elimina la corrupción por decreto, pero la encarece enormemente al obligar a quien quiera desviar recursos a dejar una huella rastreable
Más de la mitad de los adultos mexicanos sigue fuera del sistema financiero formal y un potencial equivalente a 5% del PIB aguarda sin ser capturado; pocas transformaciones económicas de la próxima década ofrecen un retorno tan alto con herramientas que ya están desplegadas.
Los segmentos donde el efectivo todavía predomina (el comercio de proximidad, la ruralidad, la micro y pequeña empresa) son, paradójicamente, los que mayor margen de valor concentran y menor competencia digital enfrentan.
Quien apueste hoy por esos segmentos podría construir un negocio rentable y contribuir a formalizar la economía, ensanchar la base tributaria e incorporar a millones de personas a un circuito financiero que les ha dejado fuera demasiado tiempo.
