México, que hasta hace poco mantenía una calificación grado A, enfrenta un deterioro significativo en su posición crediticia. Un reportaje publicado por Bloomberg documenta cómo los rescates multimillonarios a Pemex, que ya superan 130 MMD, han presionado la percepción de solvencia del Estado mexicano, al punto de que los bonos soberanos se negocian con rendimientos comparables a los de deuda con calificación especulativa.
Las cifras son significativas. Solo en los últimos dos años, la presidenta ha canalizado más de 50 MMD en apoyos a Pemex que sumados a 80 MMD que entregó su predecesor, rebasan 130 MMD, cantidad superior al gasto combinado en las fuerzas armadas del país, incluidas las fuerzas de seguridad.
Aun cuando la preocupación por un incumplimiento de Pemex se ha atenuado, esto se ha logrado a costa de que el soberano tenga que pagar rendimientos más altos. Claudio Loser, economista que dirigió las operaciones del FMI para el hemisferio occidental, afirma no haber observado previamente que una empresa estatal afectara las finanzas de un gobierno en esta magnitud.
Los bonos soberanos de México a 2037 ya pagan rendimientos superiores a los de Brasil, Costa Rica, Colombia, Guatemala, Panamá, Jamaica y Trinidad y Tobago, varios de ellos con calificación especulativa. El diferencial entre un bono de Pemex a 2041 y un soberano mexicano a 2040, que superó los 6.7 puntos porcentuales a inicios de 2022, se ha comprimido a cerca de 2.2 puntos en 2026 (reducción que refleja no la mejora de Pemex, sino la creciente exposición del soberano a su riesgo). Las pérdidas trimestrales de la petrolera han sido recurrentes, con un punto crítico en el segundo trimestre de 2024 (15 MMD en un solo periodo). Al cierre del primer semestre de este año, mientras empresas como ExxonMobil, Chevron, Shell, Total y Equinor reportan utilidades netas entre 7.9 y 18.7 MMD, Pemex reporta una pérdida neta de 1.6 MMD. Las rebajas de calificación reflejan una trayectoria descendente sostenida.
Las inyecciones de efectivo han evitado un incumplimiento inmediato, pero no atienden los problemas estructurales de fondo, una plantilla sobredimensionada que extrae volúmenes decrecientes de crudo, el empecinamiento en invertir en activos improductivos y un esquema que traslada el riesgo financiero de Pemex al balance del gobierno.
El caso de Pemex contrasta con el de otras petroleras estatales que, en contextos igualmente marcados por un fuerte nacionalismo energético, lograron superar barreras ideológicas que impedían su modernización. En cada uno de estos casos, el paso decisivo fue despolitizar la gestión de la empresa, separándola de agendas electorales de corto plazo, sin que ello implicara renunciar al control estatal.
Equinor (Noruega) mantiene al Estado como accionista mayoritario con 67%, pero la cotización en las bolsas de Nueva York y Oslo fue un acto deliberado de despolitización al comprometer a la empresa a la disciplina del mercado y a la rendición de cuentas ante inversionistas privados, con una gestión profesional autónoma sin subordinación a objetivos electorales. Equinor se ha diversificado hacia energías renovables y genera rendimientos consistentes para el fondo soberano noruego. Saudi Aramco conserva un control estatal prácticamente absoluto, y aun así su oferta pública de 2019 rompió con décadas de opacidad, adoptando estándares internacionales de transparencia y gobierno corporativo. Petrobras es quizás el referente más pertinente, su utilización como instrumento de política pública (subsidios, empleo, contratos dirigidos) la llevó a niveles insostenibles de deuda y corrupción; la recuperación exigió consejeros independientes, comités de auditoría con autonomía real y desinversión de activos no estratégicos, sin que el Estado perdiera el control accionario. Ecopetrol (Colombia), con el Estado como dueño de más del 88%, introdujo la cotización bursátil como contrapeso institucional frente al poder ejecutivo.
El denominador común no es la privatización, sino la despolitización. En cada caso, el Estado conservó el control, pero aceptó que la conducción de la empresa no podía estar subordinada a objetivos políticos de corto plazo. La despolitización no debilita la soberanía energética, es condición indispensable de supervivencia.
Una petrolera cuya gestión responde a compromisos ideológicos no protege la soberanía, la consume al dilapidar el activo estratégico que debería resguardar.
Los países que profesionalizaron la gestión no cedieron el control sobre sus recursos, lo consolidaron transformando la soberanía energética de un postulado ideológico en una capacidad real de Estado.
No se pide privatizar Pemex sino dejar de usarla como instrumento político. Mientras eso no ocurra, la soberanía energética que México invoca para justificar el statu quo seguirá siendo lo que éste destruye.
