La soberanía es, en su acepción más elemental, el poder supremo que no reconoce otro superior a sí mismo. Su formulación clásica se atribuye a Jean Bodin, quien en el siglo XVI la definió como el poder absoluto y perpetuo de una república, es decir, la autoridad última e indivisible para dictar la ley sin estar sujeta a ella. Posteriormente, Thomas Hobbes la vinculó con la necesidad de un poder centralizado capaz de garantizar el orden social, mientras que Jean-Jacques Rousseau la reconfiguró como expresión de la voluntad general del pueblo. A lo largo de estos desarrollos filosóficos, la soberanía se consolidó como el principio fundante del Estado moderno: no hay Estado sin un poder supremo que ejerza autoridad legítima y efectiva sobre un territorio y una población determinados.
En el plano de la teoría del Estado, la soberanía cumple una doble función estructural. Hacia el interior, significa que no existe dentro del territorio nacional ningún poder que pueda rivalizar con el del Estado ni sustraerse de su autoridad. El monopolio legítimo de la fuerza, en términos weberianos, es precisamente la manifestación práctica de esa supremacía interna. Hacia el exterior, la soberanía opera como un principio de igualdad formal entre los estados, ninguna nación, por poderosa que sea, tiene derecho jurídico a imponer su voluntad sobre otra. Este principio quedó consagrado desde la Paz de Westfalia en 1648 y constituye hasta hoy la piedra angular del derecho internacional público. La no intervención, la autodeterminación de los pueblos y la igualdad soberana de los estados son corolarios directos de esta concepción.
Ahora bien, la soberanía no es únicamente un atributo jurídico sino ante todo una realidad fáctica. Un Estado puede proclamarse soberano en sus textos constitucionales y en sus discursos diplomáticos, pero si carece de la capacidad efectiva para ejercer autoridad plena sobre su territorio, la soberanía se convierte en una ficción retórica. Es precisamente aquí donde el caso de México revela una contradicción profunda entre el discurso y la práctica.
La tradición diplomática mexicana ha hecho de la soberanía un principio casi sagrado. Desde la Doctrina Estrada hasta las posiciones contemporáneas en foros multilaterales, México ha defendido con vehemencia la no intervención extranjera en asuntos internos, el respeto a la autodeterminación y el rechazo a cualquier forma de injerencia. Esta postura, históricamente comprensible por la experiencia de intervenciones militares y pérdidas territoriales sufridas en los siglos XIX y XX, se ha elevado a rango de dogma en la política exterior mexicana.
Sin embargo, esta defensa enfática de la soberanía frente al exterior contrasta dramáticamente con la erosión de la soberanía interna. En vastas regiones del país, el Estado mexicano no ejerce el monopolio de la fuerza ni la autoridad suprema que la soberanía supone. Grupos del crimen organizado controlan territorios, imponen tributos a la población civil, administran justicia paralela, designan o vetan candidatos a cargos públicos y, en los casos más extremos, sustituyen por completo las funciones estatales. Cuando un cártel decide quién gobierna un municipio, quién puede transitar por una carretera o quién vive y quién muere, lo que se está presenciando no es un problema de seguridad pública ordinario, sino una fractura del principio mismo de soberanía.
La incrustación del crimen organizado en las estructuras del poder político agrava esta contradicción. No se trata solamente de que el Estado sea incapaz de someter a estos grupos, sino de que en muchos casos existe una colusión activa entre actores estatales y organizaciones criminales. Cuando presidentes municipales, gobernadores, legisladores, jueces o mandos policiales y militares operan al servicio o en alianza con el narcotráfico, la distinción entre Estado y crimen se desdibuja, y la soberanía popular queda vaciada de contenido real.
La incongruencia es entonces evidente, mientras se invoca la soberanía como escudo frente a cualquier señalamiento o cooperación externa que se perciba como injerencia, se tolera o se es incapaz de revertir la captura del Estado por poderes fácticos ilegales que constituyen la negación misma de esa soberanía. Defender la soberanía hacia afuera mientras se carece de ella hacia adentro no es congruencia principista, sino una paradoja que debilita tanto la legitimidad del Estado como la credibilidad del discurso.
Una nación verdaderamente soberana es aquella donde el poder público, emanado del pueblo, se ejerce de manera efectiva, legítima y sin sometimiento a ningún poder alterno, sea este extranjero o criminal.
