La decisión de conformar un comité de científicos y especialistas para analizar la posible explotación sustentable de gas natural en yacimientos no convencionales no es un anuncio más en materia de política pública. Se trata de una señal estratégica de primer orden que reconoce, con toda claridad, que la seguridad energética de México descansa hoy sobre bases frágiles y que la inacción ya no es una opción viable.
Los números no mienten. CFE opera una red de centrales de ciclo combinado que, junto con las plantas de productores independientes de energía, convierten al gas natural en el combustible responsable de más del 60% de la generación eléctrica nacional. En paralelo, la producción doméstica de gas ha seguido una trayectoria descendente durante más de una década, en buena medida por la declinación natural de campos maduros en la región sureste y la falta de inversión sostenida en exploración. La brecha creciente entre oferta interna y demanda se ha cubierto casi en su totalidad con importaciones por gasoducto provenientes de Texas, que hoy representan aproximadamente el 75% del consumo total del país. La red de gasoductos transfronterizos que alimenta al Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional de Gas Natural se ha expandido para transportar volúmenes que rondan los 6,800 millones de pies cúbicos diarios, prácticamente todos originados en la cuenca Pérmica y otras formaciones del sur de EU.
Depender de un solo proveedor nunca es prudente, y menos cuando ese proveedor enfrenta sus propias presiones de demanda interna y un apetito creciente por exportar GNL al mercado asiático y europeo. Las inversiones manufactureras al norte de México incrementarán todavía más la necesidad de electricidad firme y, con ella, de gas natural. Al mismo tiempo, el contexto geopolítico global añade capas de incertidumbre, por robusta que sea la producción en EU no podría compensar una disrupción mayor en flujos de GNL provenientes de los exportadores del Golfo Pérsico. En un escenario de ese tipo, el mercado global tendría que reequilibrarse mediante una contracción forzada de la demanda, y México, como importador neto sin alternativas domésticas desarrolladas, estaría entre los países más expuestos.
A esta vulnerabilidad se suma una tendencia estructural de alcance mundial. La electrificación acelerada de la economía global, impulsada por la electromovilidad, la expansión de los centros de datos y la creciente penetración de sistemas de climatización, están elevando la demanda de electricidad a tasas que no se veían en décadas y el gas natural seguirá siendo indispensable para garantizar la estabilidad del suministro eléctrico, particularmente como respaldo ante la intermitencia de la generación solar y eólica. La competencia global por asegurar moléculas de gas se intensificará, y los países que no hayan diversificado sus fuentes de suministro quedarán expuestos a volatilidad de precios y, en el peor de los casos, a restricciones físicas de volumen.
Frente a este panorama, México cuenta con formaciones de lutitas de la cuenca de Burgos y la cuenca de Sabinas, en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, que constituyen la extensión geológica natural de las formaciones que detonaron la revolución del shale gas en Texas. Estimaciones de la Administración de Información Energética de EU han colocado a México entre los diez países con mayores recursos recuperables de gas de lutitas en el mundo.
Atraer a los operadores especializados exige modelos contractuales que ofrezcan una ecuación riesgo-rendimiento competitiva frente a las alternativas que esas mismas empresas encuentran en otras jurisdicciones, desde Argentina con su formación Vaca Muerta hasta las cuencas emergentes de África Oriental.
El capital privado responde con entusiasmo cuando percibe reglas claras, estabilidad jurídica, condiciones fiscales competitivas y mecanismos de resolución de controversias confiables. Los contratos mixtos con Pemex no parecerían ser la mejor alternativa, y una opción podrían ser los contratos de producción compartida y de licencia que ya contempla nuestro marco legal, en los que la contraparte del privado sería el Estado mexicano por conducto de la propia Secretaría de Energía.
La soberanía energética no se construye con declaraciones, sino con producción real, y esta exige asociaciones inteligentes, marcos contractuales sólidos y una visión que trascienda los ciclos políticos.
El gas natural que yace en el subsuelo mexicano puede ser la llave para reducir una dependencia que, de no atenderse, comprometerá no solo nuestra seguridad energética, sino nuestra competitividad económica en las décadas por venir.
