La magnitud de la llamada reforma judicial colocó a México en un territorio inexplorado; ninguna otra nación había llevado tan lejos el principio del voto como mecanismo de integración de sus órganos jurisdiccionales. La elección de junio de 2025 dejó más preguntas que certezas y un tufo de improvisación a partir de ocurrencias ideológicas que sigue afectando la confianza y mermando la llegada de inversiones de calidad y de largo plazo.
La baja participación ciudadana evidenció que las transformaciones institucionales profundas no pueden sostenerse únicamente en la voluntad política de quien las promueve, sino que requieren procesos de reflexión, diseño y evaluación rigurosos.
En este contexto cobra relevancia el informe Elecciones Judiciales 2025 – Balance Crítico, elaborado por la Fundación Konrad Adenauer México en colaboración con CICA, Documenta, el ITESO, Juicio Justo, Laboratorio Electoral, México Evalúa, la Universidad Estatal de Florida, la Universidad de Monterrey y el investigador Luis Tapia. El documento constituye un ejercicio independiente y profundamente documentado que, lejos de limitarse a registrar lo ocurrido, formula un conjunto de recomendaciones orientadas a mitigar los riesgos de cooptación de los cargos judiciales por intereses políticos, partidistas, económicos e incluso criminales, y a garantizar que quienes impartan justicia sean personas independientes, experimentadas, éticas y con pleno conocimiento de la función que se les encomienda.
Las recomendaciones parten de un diagnóstico puntual: el proceso de selección de candidaturas careció de estándares uniformes, de mecanismos efectivos de transparencia y de filtros técnicos que aseguraran la idoneidad de quienes aspiraban a ocupar la judicatura.
Se propone, entre otras medidas, estandarizar a nivel nacional los criterios mínimos de mérito, experiencia y evaluación técnica independiente, así como garantizar la plena publicidad de cada etapa del procedimiento, desde la convocatoria hasta la justificación de la selección o el rechazo de cada candidatura.
Se sugiere la creación de comisiones técnicas de evaluación compuestas por académicos, colegios de abogados y organizaciones especializadas, encargadas de revisar expedientes y conducir entrevistas con metodologías basadas en rúbricas públicas que ponderen conocimientos jurídicos, independencia, trayectoria profesional y criterios éticos. Solo así se puede transitar de un modelo donde la simpatía política sustituye al mérito, hacia uno donde la calidad profesional sea el criterio rector.
La participación ciudadana, piedra angular de toda democracia, también ocupa un lugar destacado entre las propuestas. El informe insta a institucionalizar periodos de observaciones públicas, comparecencias abiertas y mecanismos de impugnación de irregularidades, al tiempo que recomienda la creación de un sistema nacional de monitoreo de elecciones judiciales administrado por un organismo autónomo o un consorcio académico-ciudadano que permitiría identificar prácticas de riesgo y generar indicadores que alimenten una mejora continua del modelo.
Las reglas vigentes durante la primera elección fueron insuficientes para impedir la participación de actores políticos con vínculos directos con personas candidatas. El informe propone prohibiciones expresas, declaraciones de intereses verificables y la limitación de la discrecionalidad en la propuesta de candidaturas, incorporando filtros previos de evaluación técnica y la obligación de presentar ternas evaluadas con criterios objetivos.
Se subraya que la independencia judicial no se agota en el momento de la elección: debe protegerse a lo largo de todo el ejercicio del cargo y se plantea fortalecer los controles posteriores a la designación mediante evaluaciones periódicas de desempeño, mecanismos disciplinarios independientes y requisitos de actualización profesional continua. Se suman a lo anterior reformas que garanticen estabilidad en el cargo y protección contra represalias, políticas de profesionalización interna basadas en concursos de oposición, planes de carrera judicial y capacitación obligatoria en derechos humanos y perspectiva de género.
El mensaje del informe es tan claro como contundente: sin justicia no hay democracia, y sin independencia judicial no puede haber justicia.
Es necesario aprender de esta primera experiencia para construir un modelo electoral judicial que fortalezca, en lugar de vulnerar, la imparcialidad y la confianza pública en quienes tienen la responsabilidad de garantizar los derechos de las personas.
Resulta urgente recalcular y adoptar medidas concretas y viables que los tomadores de decisión, la academia, la sociedad civil y los propios poderes judiciales asuman con seriedad y visión de largo plazo.
