El camino por recorrer hacia la revisión conjunta del T-MEC se acorta mientras se acumulan preocupaciones planteadas por diversos actores ante el Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) en respuesta a la solicitud de opiniones públicas en preparación de dicha revisión.
Recientemente se dieron a conocer preocupaciones manifestadas por el Business Roundtable (BRT) y el Instituto Americano del Petróleo (API) que vale la pena tener en mente con miras a la revisión, todas ellas derivadas de decisiones adoptadas en México relacionadas con la necesidad de contar con reglas claras y certidumbre jurídica.
En el caso del BRT, una asociación de aproximadamente 200 CEOs de grandes empresas estadounidenses (Apple, JPMorgan Chase, General Motors y FedEx, entre otras), se critica fuertemente la reforma judicial y la eliminación de reguladores independientes en México.
Las empresas agrupadas en el BRT representan ni más ni menos una cuarta parte del producto interno bruto (PIB) estadounidense.
Los comentarios del BRT advierten que la elección de jueces por voto popular someterá las decisiones judiciales a consideraciones políticas que reemplazarán el Estado de derecho en México y pondrán en riesgo la resolución neutral de disputas con el gobierno mexicano.
El BRT ha instado a la administración Trump a presionar a México para proteger a sus empresas de este proceso de politización de la justicia y a restaurar el mecanismo de Solución de Controversias Inversionista-Estado (ISDS) en la revisión del T-MEC, argumentando que esto disuadiría expropiaciones y presiones políticas ante tribunales mexicanos.
Cabe recordar en este sentido que el T-MEC contempla un mecanismo de solución de controversias Inversionista-Estado para inversionistas estadounidenses que sean parte de un contrato gubernamental y participen en sectores específicos (energía, telecomunicaciones, transporte e infraestructura).
Existen voces que claman incluso por incluir medidas asimétricas de respuesta rápida similares a las que se incluyeron en materia laboral en 2020.
En el caso de la API, se trata de la principal asociación comercial de la industria de petróleo y gas de EU, que ha manifestado en forma reiterada preocupaciones con las políticas energéticas implementadas por los gobiernos de la 4T.
Las críticas se centran en las reformas constitucionales aprobadas en noviembre de 2024 que profundizan las políticas de la administración anterior priorizando a las empresas públicas (Pemex y CFE) en detrimento de la inversión privada, especialmente de empresas estadounidenses.
API argumenta que las reformas obligan a las compañías privadas a asociarse con Pemex (una empresa con serias deficiencias operativas que enfrenta problemas financieros severos) para operar, lo que favorece de manera discriminatoria a dicha empresa pública violentando un mercado abierto a la competencia y la libre concurrencia en términos del propio tratado.
Se destacan asimismo impedimentos para que empresas de EU inviertan en terminales de almacenamiento y estaciones de servicio, así como la suspensión de permisos para importar combustibles, lubricantes y químicos, también en violación de principios de competencia abierta.
API ha urgido al gobierno de EU a utilizar todos los mecanismos del T-MEC para presionar a México, incluyendo escalar el proceso de consulta iniciado en 2022 bajo la administración Biden avanzando ya en la creación de un panel que resuelva e imponga un piso nivelado.
La API ha reiterado estas posiciones en comunicaciones previas dirigidas a secretarios de Estado de EU, destacando ahora que las reformas a cargo de la administración de la Dra. Sheinbaum agravan problemas preexistentes.
En opinión de la API, el gobierno mexicano no modificará las políticas energéticas y las prácticas violatorias del tratado si no es a partir de una presión continua, directa y decidida del gobierno estadounidense.
Las preocupaciones manifestadas por el BRT y la API reflejan una situación clara de tensión entre medidas adoptadas por el gobierno mexicano y expectativas de inversionistas estadounidenses en sectores diversos.
Es claro que la reforma judicial, la desaparición de órganos reguladores autónomos y las reformas en materia energética son elementos que irritan la relación con inversionistas estadounidenses y socavan la percepción de certeza jurídica en nuestro país.
