La visita del secretario de Estado de EU, Marco Rubio, incluyó no solamente temas en materia de seguridad y migración, sino uno que claramente incomoda a nuestro gobierno, las barreras al comercio que ha impuesto nuestro país afectando la relación comercial entre ambos países.
La importancia del tema es tal que, de no atenderse, se pone en riesgo el supuesto lugar de privilegio que ocupa nuestro país en el crisol de aranceles y augura un peor resultado en el proceso de revisión conjunta del T-MEC programado para julio del año entrante.
La tregua de 90 días otorgada por el presidente Trump pende de varios hilos, uno de los cuales es particularmente frágil y se refiere precisamente a la exigencia de que nuestro país elimine de inmediato las barreras no arancelarias que afectan al comercio con EU. Durante su visita el secretario Rubio urgió nuevamente a la presidenta Sheinbaum a eliminar dichas barreras.
La Dra. Sheinbaum ha reconocido que el gobierno de EU reclama la existencia de más de 50 barreras comerciales y ha mencionado que en su opinión no constituyen necesariamente violaciones al tratado.
Lo cierto es que resulta importante atender las observaciones de empresarios estadounidenses y de la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos (USTR) para conservar esta posición de privilegio y llegar en mejores condiciones a la revisión conjunta del tratado.
El secretario Ebrard ha trabajado arduamente en el tema arancelario y en la preparación del proceso de revisión conjunta del tratado y el secretario y su equipo son visitantes frecuentes de la oficina de Jamieson Greer.
Lo cierto es que además de contar con conversaciones cercanas y hasta amistosas, el gobierno de EU busca en forma decidida que México se comporte a la altura y elimine las barreras que en su opinión violentan y limitan la relación comercial entre ambos países.
Los próximos meses no serán fáciles debido a la revisión inminente del tratado y el amago permanente de aumento en las tarifas arancelarias. El reto es mayor cuando se consideran algunas de las medidas y políticas heredadas de la administración López Obrador que irían en sentido opuesto si lo que pretende es conservar una relación de cumplimiento entre socios comerciales y una renegociación exitosa del tratado.
Desde julio de 2022, el USTR de la administración Biden anunció la solicitud de consultas para la solución de controversias al amparo del Capítulo 31 del T-MEC con motivo de acciones de política pública y regulatorias del Estado mexicano que impactaron negativamente a empresas estadounidenses del sector energético con el propósito del gobierno mexicano de beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex), iniciativa de consultas que fue apoyada en su momento por el gobierno canadiense.
Los gobiernos estadounidense y canadiense reclamaron en su momento que la política energética de la administración a cargo del Lic. López Obrador, desplegada desde el año 2019, violaba las disciplinas a las que el Estado mexicano se había comprometido en el marco del tratado, particularmente en capítulos como acceso a mercado, inversión y empresas propiedad del Estado.
Afortunada (o desafortunadamente) dicho procedimiento no llegó al establecimiento de un panel de solución de controversias y las políticas en el sector fueron in crescendo durante ambas administraciones morenistas.
Cabe recordar que en julio de 2022 cuando fue presentado el procedimiento de consultas no se había elevado a rango constitucional este tema de la prevalencia de CFE y Pemex en demérito de inversiones privadas ni se había insertado en el marco legal esta cuota de mercado para que CFE genere un mínimo de 54% de la energía eléctrica nacional, limitando a la inversión privada al 46% restante.
Estas prácticas son violatorias de un mercado abierto a la competencia y a la libre concurrencia y trastocan capítulos de trato nacional y acceso a mercados, inversión, empresas propiedad del Estado y publicación y administración.
Se ha subrayado en forma permanente que la incongruencia de la política energética del gobierno con compromisos plasmados en tratados comerciales genera obstáculos y barreras y pone en riesgo la estabilidad de las relaciones comerciales.
El recordatorio que nos trajo el secretario Rubio debería ser atendido con la conciencia de que no hacerlo tendría un impacto directo en imposición de aranceles y en la existencia del tratado en el corto, mediano y largo plazo.
