Guadalupe Taddei anunció su renuncia a la presidencia del INE el 25 de octubre, dos días después de que la Auditoría Superior de la Federación abriera una investigación por 514 millones de pesos en contratos con empresas ligadas al empresario José Alfredo Hernández Casillas. Desde entonces el expediente creció. El titular del Órgano Interno de Control, Víctor Hugo Carvente, informó el 30 de octubre que hay 18 expedientes por conflicto de interés, cinco ya en procedimiento de responsabilidades y 13 en investigación. Describió un esquema de colusión en licitaciones: dos empresas del mismo grupo inflan sus precios, elevan la mediana, descalifican a los demás y dejan una sola propuesta viable. Los contratos de material electoral con los institutos locales sumaron 2,461 millones de pesos entre 2021 y 2025, con una concentración de mercado de 77%. En la elección judicial, una adjudicación directa de 198.7 millones de pesos para urnas y mamparas tuvo un sobreprecio de al menos 26 millones, según el OIC. Hasta el 3 de noviembre suman 30 renuncias de directivos y cercanos a la expresidenta. Nada de esto es todavía una sentencia, y Taddei habló de golpeteo político. Pero ya no se trata de rumores.
La parte que más nos concierne a quienes votamos es la credencial. El contrato multianual para producirla, de alrededor de 1,100 millones de pesos, está bajo revisión. La presidenta interina del INE, Blanca Cruz García, confirmó el 29 de octubre que existen audios en los que Hernández Casillas admite haber intervenido en esa licitación, y fotografías de altos mandos de la empresa adjudicada con él. La revisión podría terminar en la rescisión, pero con una advertencia razonable: cualquier decisión tiene que garantizar que se sigan emitiendo credenciales. Ese es el problema de fondo. La credencial es el documento que abre la puerta al voto y, para millones de personas, es también su identificación. Cuando el proceso que la produce se sospecha amañado, la desconfianza llega a algo que cualquier ciudadano tiene en la cartera.
¿Y los vínculos con Morena? Conviene separar lo documentado de lo que se afirma. Taddei llegó a la presidencia en 2023 por insaculación, después de que la Cámara de Diputados no alcanzó la mayoría calificada. El PAN sostiene que entre los candidatos en la tómbola había cinco cercanos a Morena, y Morena responde que no fue una designación suya. Lo que sí reportó la prensa son relaciones con el poder en Sonora: un arrendamiento de 1.23 millones de pesos del Instituto de Transparencia con una empresa ligada a la familia del gobernador Alfonso Durazo, tema sobre el que un senador pidió en 2025 que Taddei compareciera y la bancada de Morena archivó la solicitud, y un hijo de Taddei que pasó a la secretaría particular del gobernador. La presidenta Sheinbaum dice que Taddei “viene de la era Córdova”, y es cierto que el Consejo General encabezado por Lorenzo Córdova la designó al frente del instituto electoral de Sonora en 2014. También es cierto que el OIC cuestiona un contrato de 372.7 millones de pesos de esa gestión, con pagos indebidos por 25.8 millones. La corrupción en el INE no empezó con Morena. Lo que se discute es quién la capturó políticamente, y la red de favores que la prensa describe alrededor de Taddei apunta más a un grupo cercano al oficialismo que a una falla heredada.
Ahí está la oportunidad histórica de Claudia Sheinbaum. El sistema electoral que le permitió ganar necesita credibilidad con quienes no votaron por ella. Ordenó una auditoría de todos los contratos y pidió a la ASF revisar tanto la gestión de Taddei como la de Córdova, lo cual es correcto: la limpieza solo funciona si no es selectiva. Tiene a la mano lo que ninguno de sus críticos tiene: la mayoría legislativa para hacer lo que haga falta. Puede publicar los contratos, abrir las licitaciones a la competencia real, exigir perfiles técnicos y no de lealtad para las áreas de compras, y entregar a la oposición un papel en la selección de quien ocupe la presidencia. En 2027 se renuevan 17 gubernaturas, y llegar a esa elección con un árbitro creíble vale más que cualquier ventaja inmediata.
Lo que la oposición espera, y lo que yo temo, es otra cosa: que esa oportunidad se use para concentrar, no para depurar. Hay señales que lo alimentan. Morena ya pidió investigar también a Córdova, lo que puede ser justicia o puede ser una forma de diluir lo ocurrido en el pasado. Y la propuesta de la presidenta de convertir Talleres Gráficos de México en una imprenta que produzca más material electoral resuelve el problema de dos proveedores dominantes, pero pone el abasto de las boletas bajo una entidad del Ejecutivo. Quién imprime y con qué reglas dejaría de depender de una licitación y pasaría a depender de quien gobierne. Si el camino de su antecesor fue debilitar los contrapesos, el de Sheinbaum será igual si cada reforma al INE termina mandando más funciones hacia el Palacio Nacional.
Un INE confiable no se logra con renuncias ni con auditorías selectivas. Se logra cuando nadie, ni el gobierno ni la oposición, controla la contratación de lo que sostiene el voto. La presidenta tiene el poder y los datos para hacerlo. Lo que está por verse es si lo usará para que la próxima crisis sea imposible, o para que la próxima sea de otros.
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