Entre el 15 y el 19 de septiembre murieron cinco recién nacidos en la terapia intensiva neonatal del Hospital General de Zona 1 del IMSS, en Durango. Cuatro dieron positivo a Klebsiella pneumoniae, una bacteria asociada a infecciones dentro de los hospitales. Dos semanas después, tres familias de Guadalajara denunciaron ante la FGR la muerte de sus hijos en el Centro Médico Nacional de Occidente, por esa bacteria y por el hongo Candida albicans. El propio IMSS reconoce que, en seis bebés fallecidos en esa unidad este año, una infección hospitalaria aparece entre las causas de muerte.
Hay que ser precisos con lo que todavía no se sabe. No existe una conclusión oficial sobre la causa de cada muerte, y el IMSS advierte que hallar la bacteria no prueba que haya matado al bebé. El origen del brote tampoco se conoce, y la secuenciación genética sigue pendiente. El Instituto dice que revisó medicamentos e insumos y que, por ahora, descartó que estuvieran contaminados. Sobre eso hay testimonios que describen un mismo cuadro. Familias de Durango y de Jalisco hablan de personal sin guantes ni cubrebocas, y las de Jalisco, de falta de jabón para lavarse las manos. Según ellas, una sola enfermera atendía a tres o cuatro bebés, cuando la norma pide una por cada paciente aislado, y la unidad siguió recibiendo recién nacidos después de las primeras muertes. El 1 de octubre, médicos y enfermeras del propio Centro Médico de Occidente marcharon para denunciar falta de insumos, medicamentos y personal. El IMSS en Durango responde que una revisión conjunta confirmó que había suficiencia. Son versiones contrarias, y no debería resolverlas la misma institución a la que se acusa.
En diciembre, el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, dijo que la anulación de la primera compra consolidada de medicinas fue su aprendizaje más duro, y el desabasto se prolongó durante la mayor parte de 2025. En marzo, la Secretaría de Salud redujo el catálogo de 2,753 a 1,929 claves para IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y Salud, mientras la presidenta aseguraba que el abasto superaba 97%. Un legislador de oposición sostiene que, con datos oficiales de junio, la entrega verificable rondaba 70%. A fines de septiembre, el propio Clark admitió que el abasto no está al 100%.
Una precisión sobre el IMSS-Bienestar: los hospitales donde murieron estos bebés son del IMSS ordinario, no de ese programa. Pero el modelo de compras y el catálogo recortado son comunes, y según reportes Clark ha reconocido un desabasto de 20% de las recetas, concentrado sobre todo en el IMSS-Bienestar. Es difícil creer que ese desorden se detenga en la puerta del IMSS ordinario, donde los trabajadores también protestan por falta de personal e insumos.
La respuesta oficial es una Auditoría Clínica Colegiada Independiente, con especialistas de Conamed, los Institutos Nacionales de Salud y la UNAM. Revisará once prácticas, entre ellas el lavado de manos, el cuidado de catéteres, el agua, los drenajes y el personal por bebé. Esa lista se parece a lo que denuncian las familias. Pero la convocó el propio IMSS y, hasta donde se ha informado, sus preguntas se concentran en lo ocurrido dentro de cada unidad, no en quién decidió el presupuesto, el personal y las compras de las que dependen. En otras palabras el propio IMSS va a ser juez y parte, seguro se van a autoexonerar de esta catástrofe.
La responsabilidad penal le toca a la FGR, pero la política tiene nombres: Zoé Robledo dirige el IMSS desde 2019 y responde por que sus unidades cumplan la norma. Pidió perdón a las familias de Durango, pero también dijo que la revisión busca fallas, no culpables. David Kershenobich encabeza la Secretaría de Salud, que recortó el catálogo y coordina la compra de medicinas. Eduardo Clark es el encargado de esas compras. Alejandro Svarch dirige el IMSS-Bienestar. Los cuatro deberían presentar ante el Congreso cifras, no comunicados, sobre personal e insumos en estas unidades.
El guion del manejo de crisis es el de siempre. Hasta ahora los cambios son locales: se separó temporalmente al director del hospital y al jefe de la terapia en Guadalajara, y en Durango se relevó a la representante del IMSS, sustituida por Saúl Nevárez. La presidenta pidió llegar “hasta las últimas consecuencias”. Mientras tanto, el gobernador Esteban Villegas acusó hermetismo: dijo que supo de los hechos el 20 de septiembre, cinco días después de la primera muerte. Con ese antecedente, lo previsible es que los resultados lleguen semanas después, primero a las familias, cuando la atención pública esté en otro tema, y que la responsabilidad se quede en empleados del hospital como las enfermeras o algún medico de guardia haciendo sus prácticas profesionales.
Robledo se comprometió a entregar avances a las familias de Durango el 9 de octubre. Es una primera prueba. Para que el caso no se diluya hay que exigir tres cosas: que se publiquen la secuenciación genética y el informe completo de la auditoría; que se transparenten las plantillas de enfermería y el abasto de todas las unidades neonatales del IMSS; y que la investigación llegue a las decisiones de presupuesto y compras que están por encima del hospital.
Un recién nacido en terapia intensiva depende de que otros hagan bien cosas pequeñas: lavarse las manos, tener guantes, ser atendido por una enfermera que no tenga otros tres bebés. Cuando eso falla, detrás hay una cadena de decisiones, que demuestran la escases de insumos y personal de atención hospitalaria. Etsas decisiones sí tienen autor, y el país tiene derecho a conocer sus nombre. Es imperdonable que mueran bebés por este tipo de causas totalmente evitables si se hicieran las cosas bien.
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