Hace casi un año fueron tres las instituciones señaladas desde Estados Unidos por presunto uso para lavar recursos del narco, y hoy ya no operan. El mensaje fue claro entonces, y vuelve a serlo ahora: no basta con crecer, hay que saber con quién se crece y ayer se recibió un recordatorio incómodo: el riesgo no siempre entra por la puerta de los mercados, a veces llega por la ventanilla de los clientes.
El nuevo episodio, con el señalamiento al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y a varios de sus colaboradores por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, no es menor para el sistema financiero. No sólo por el peso político de los implicados, sino por la inevitable onda expansiva que genera en los controles de cumplimiento y el riesgo reputacional que podría significar, si no se reportaron operaciones inusuales, relevantes o preocupantes a las autoridades financieras.
Ayer, ya en distintas áreas de bancos y casas de bolsa, más de uno revisaba expedientes, cruzaba operaciones y se adelantaban a lo que podría convertirse en requerimientos formales de información desde el extranjero.
Cualquier institución que opere con corresponsales en ese país sabe que la trazabilidad del dinero no se negocia. Y cuando hay alertas de este calibre, los tiempos se acortan: reportes listos, cuentas bajo lupa y, si es necesario, cierres preventivos, aunque el bloqueo de cuentas es casi un hecho.
Desde luego, que las señales recientes estuvieron dadas para anticipar que vendría un golpe de este tipo: primero, el mensaje del embajador Ron Johnson en contra de la corrupción desde Los Mochis, Sinaloa, con motivo del arranque de la construcción de la planta Pacífico Mexinol en Topolobampo. Segundo, el reportaje dominical de Los Angeles Times sobre la próxima campaña anticorrupción contra funcionarios y políticos mexicanos, particularmente señalando la revocación de la visa del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Además de que los señalamientos no eran de ahora, sino desde la elección de 2021, cuando medios locales reportaban la participación del Cártel de Sinaloa en los comicios para favorecer al entonces candidato; luego pasó la “entrega” de Ismael Zambada García, el “Mayo”, y el asesinato del exrector de la UAS, Héctor Melesio Cuén, la fractura del Cártel y la violencia entre Chapitos y Mayiza y todo siguió igual en ese estado.
Ahora, la historia cambió finalmente, y se convierte en el primer expediente de presuntos narcopolíticos consignado ante un juzgado en Nueva York, todos acusados de delitos de tráfico de drogas y relacionados con armas. Los otros nueve acusados son Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán; Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario General de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas; el actual subprocurador estatal, Dámaso Castro Zaávedra; el exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez; el exsubdirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito Tornado; Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras Núñez Cholo, exjefes de la Policía Investigadora de la Fiscalía estatal y Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán.
Para el sistema financiero, desde el año pasado se habían incrementado las medidas para prevenir el tener a “malos clientes” en sus filas, porque el riesgo reputacional ya se vio lo que puede ocasionar, lo que también ha hecho que el costo operativo crezca; hay más auditorías internas, mayores exigencias de los reguladores internacionales y una presión creciente sobre áreas de cumplimiento.
Con esto, tampoco descarte el riesgo de “de-risking”: bancos que, para evitar problemas, opten por cerrar cuentas o restringir sectores completos, incluso sin una orden directa, como ya sucedió en el pasado, una medida que protege al sistema, pero que también puede dejar fuera a clientes legítimos atrapados en la sospecha.
Comercio en línea, en la mira
La pandemia dejo un comercio en línea en auge, pero cuando un clic sustituye al mostrador y la promesa de entrega es la garantía, las reglas del juego parecen claras… hasta que dejan de cumplirse. Y ahí es donde entran las instituciones, aunque muchas veces lo hagan tarde y a contracorriente.
Y es que, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) que lleva César Iván Escalante, inició acciones colectivas en contra de Whirlpool y KitchenAid, por irregularidades registradas entre 2022 y 2024 a la que se han sumado 112 personas.
Y es que aun cuando ya pasaron varios años, todo indica que no se trata únicamente de promociones incumplidas o pedidos que nunca llegaron —que ya de por sí es grave, sino de un patrón: cancelaciones unilaterales, negativas de entrega y una aparente normalización de prácticas que trasladan todo el riesgo al consumidor. En otras palabras, compras que existen mientras convienen al proveedor.
Con esta acción colectiva, una vez más se pondrá a prueba al sistema que defiende a los clientes mexicanos, que pocas veces utilizan este camino, también hay que decirlo no por falta de abusos, sino por la complejidad del proceso, la limitada difusión y, hay que decirlo, la desconfianza del consumidor en que realmente obtendrá una reparación.
La Profeco enfrenta su propio desafío. No basta con reaccionar; necesita anticiparse, pues es un hecho de que el comercio digital no es el futuro, es el presente, y requiere vigilancia constante, ya que las plataformas no pueden seguir operando bajo la lógica de “vende primero, resuelve después”.
Por lo pronto, la pregunta no es si hubo incumplimientos, sino si esta vez habrá consecuencias y soluciones rápidas.
La rebelión en el IPN
En las últimas semanas se han registrado movimientos inusuales en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a cargo de Arturo Reyes Sandoval; en algunos casos intereses que buscan a río revuelto salir ganando, lo cierto es que, en algunos temas, el ruido es sólo eso.
Y es que acerca de la retención del ISR a trabajadores en 2022 la documentación oficial muestra que el origen del tema está en la cancelación de un programa de retiro impulsado por demandas sindicales que nunca se concretó, por lo que, desde el punto de vista legal, la actuación del IPN se apegó a lo establecido en el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), que obliga a los empleadores a retener y enterar el ISR de los salarios. Esto lo cumplió el IPN, tan es así, que cuenta con una opinión de cumplimiento positiva del SAT, a cargo de Antonio Martínez Dagnino, además de revisiones internas que validan que el cálculo y entero del impuesto se realizaron correctamente.
A esto se suma que el Órgano Interno de Control confirmó que no hubo irregularidades en el manejo fiscal, y que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió no imponer sanciones, por lo que no hay elementos para configurar un desvío de recursos públicos; señalar muchas veces no significa tener siempre la razón, al menos en este tema, todo está claro.
El apagón de Layda
Cuando no ven el fuego y siguen echando leña, parece es lo que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores le gusta hacer, ya que tiene varios frentes abiertos y ahora luego de la infinidad de recursos que recibió con las obras del sexenio pasado y autorizaciones por parte del Congreso de adquirir deuda para este año a pagar en dos décadas, dice que no hay dinero ni para los servicios, lo que habla de la mala gestión financiera que ha tenido la entidad. Al menos reconoce que administrar un estado no es lo suyo.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.