La economía mexicana es una de las más activas en el uso del efectivo; mientras en otros países de la región la adopción de medios de pagos digitales creció hace unos años a ritmos acelerados, al establecerse políticas públicas encaminadas a reducir el efectivo.
En México apenas hace unos años adoptamos, por ejemplo, el pago en el transporte público con tarjetas, y recientemente en el metro; en los estados el avance es todavía más lento, pero todo indica, que ahora sí, las autoridades principalmente “echarán la carne al asador” para convencer a los mexicanos de que pagar con tarjetas de crédito, débito o medios digitales tiene ventajas para todos.
Y no pudo ser mejor momento que el conflicto en Medio Oriente para impulsar en las gasolineras –en donde el uso del efectivo domina la forma de pago–, para que las autoridades y la banca lograrán el acuerdo de reducir las comisiones de transacciones con tarjeta de crédito y débito a partir del primero de mayo al 31 de octubre.
La propuesta fue presentada en marzo por la Asociación de Bancos de México (ABM), que preside Emilio Romano. En concordancia, decían, buscaba apoyar a los gasolineros que ya habían asumido, en ese momento, seis meses de mantener el precio fijo de la gasolina en 24 pesos y recientemente el diésel en 28 pesos el litro, ahora se sumaban a no cobrarles el uso de las Terminales Punto de Venta (TPVs) por las transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito.
En estas semanas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que encabeza Edgar Amador y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con Ángel Cabrera, trabajaron con la industria también de vales, así como el Banco de México y las cámaras de compensación para que entre en operación esta medida.
Pero ojo, es un proyecto que va más allá, porque si bien, servirá para que la inflación no siga en aumento y los costos no se sigan trasladando a los productos y a la canasta básica porque la gasolina pega en todo, es también un primer paso para trabajar en estos seis meses en que se avance, ahora sí en la digitalización con el uso del CoDi, y que más empresas y sobre todo los usuarios, vean los beneficios de usar tarjetas o medios digitales para pagar.
Por lo pronto, se dejará de cobrar la cuota de intercambio, que representa el 80 por ciento del total de la comisión, y la tendencia que se busca seguir es que en otros productos o tiendas también se reduzca esta comisión, como ya sucedió con la eliminación hace unos años de más de cinco mil comisiones que se cobraban y se homologó a menos de 200.
Por cierto, algunos empresarios gasolineros se ha quejado amargamente de las acciones del Gobierno Federal y de Profeco en particular, porque algunas de sus estaciones de servicios están en las carreteras y por ende la logística se encarece para abastecerlas y que les han puesto las mantas diciendo que son caras, sin medir los otros costos.
FGR y su plan Estratégico
Quien acudió a comparecer ante la Comisión de Justicia del Senado fue la fiscal Ernestina Godoy Ramos, con motivo del análisis del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, mismo que entregó a esa cámara el pasado 16 de abril.
A la titular de la fiscalía general de la República le fue muy bien, pues la Comisión que preside Javier Corral aprobó el plan con 12 votos a favor y solo una abstención.
Ante sus colegas, porque es senadora con licencia, Godoy reiteró su convicción de colaborar con los tres órdenes de gobierno sin importar los colores partidistas, ni interés político alguno, y el compromiso de avanzar en agilizar las investigaciones.
Un tema prioritario para Godoy es la desconfianza hacia la Fiscalía General de la República –y a las fiscalías en general, cabe decir–, lo cual se refleja en la cifra negra de delitos, es decir, los no denunciados, la cual rebasa el 90 por ciento.
Godoy explicó que es por ello, por lo que la FGR ha reorientado el presupuesto para que la mayor parte de los recursos –unos 20 mil millones de pesos en este año–, se destine a las áreas de investigación y persecución penal, optimizar procesos, clarificar competencias, erradicar duplicidades, definir responsabilidades y fortalecer los mecanismos de coordinación interna, con la finalidad de recuperar la confianza –si es que alguna vez la ha habido–, y que la cifra negra baje. ¿Se logrará?
Más quejas en bancos digitales
En donde se tendrán que poner a trabajar más es en los nuevos bancos digitales, ya que los clientes de estos bancos reclamaron principalmente malas gestiones de cobranza y cargos no reconocidos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) que lleva Oscar Rosado.
Si bien por su tamaño muchos de estos bancos no tienen la misma cantidad de clientes que la llamada banca tradicional, para la Condusef es necesario que se trabaje en atender de manera más ágil a los clientes con quejas, por ejemplo, Ualá fue la institución digital con más quejas en 2025, con 623 inconformidades. Con 68 reclamaciones, los consumos no reconocidos fueron los más expuestos, seguidos de la solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada, con 66. Otra de las quejas fueron contra el banco Bineo que está en proceso de adquisición de Klar, ya que se quejaron sus clientes de que se realizaron gestiones de cobro, negociación o reestructuración a personas que no son el usuario, y también tuvo quejas por consumos no reconocidos, así como realizar la cobranza de un crédito ya pagado. Por su parte, los usuarios de Hey Banco presentaron 195 inconformidades ante Condusef, sobre todo por malas prácticas de cobranza. Openbank registró un total de 58 quejas por el bloqueo o cancelación del producto o servicio sin previo aviso, otras 34 por cargos no reconocidos y 37 por transferencias no reconocidas. Mucho camino por recorrer, dado el tipo de queja que se están presentando en estos bancos.
Pausa en Congreso
Como les decíamos, son muchas las propuestas, pasadas y nuevas, que se han presentado para regular la forma en que operan algunos productos de la industria aseguradora, principalmente en los Gastos Médicos Mayores. Han señalado también que parte del incremento en los costos se debe a que, en los hospitales privados no hay una lista de precios pública. Dicho de otra manera: cobran lo que sea y nadie sabe hasta que se pide la cuenta. Un ejemplo es el alto precio del costo de los medicamentos, que pueden ser desde 20 pesos en una farmacia hasta 200 pesos o más por aplicarla en el hospital privado.
Parece fácil, pero es un tema complejo, con una delgada línea de regular y no caer en control de precios, en frenar la economía o espantar las inversiones, pero el presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, Carol Antonio Altamirano, decidió posponer el dictamen que se tenía, ya que se han presentado más propuestas de cambios e iniciativas, para que autoridades reguladoras, como Hacienda, Salud, Profeco, iniciativa privada y todas las instancias que están inmiscuidas, participen en un análisis más amplio del tema, por lo que el objetivo es tener el sustento técnico adecuado. Ya veremos, que propuesta sale, por lo pronto, en el próximo encuentro de la AMIS en mayo será un tema importante por discutir.
Por lo pronto, la moneda está en el aire.