Hace unos días la Cámara de Diputados rechazó una reserva al artículo 20 de la Ley de Ingresos de la Federación. La propuesta, presentada por mi, buscaba crear un crédito fiscal para inversiones en eficiencia energética, manejo de residuos, energías renovables y reciclaje. Que no prosperara dice mucho sobre la distancia entre el discurso de transición energética y las decisiones concretas que se toman al diseñar el gasto y la recaudación.
Conviene explicar qué se pedía. Una reserva es una modificación que un legislador propone a un artículo del dictamen antes de la votación en el pleno. En este caso, la idea era que las empresas que invirtieran en ciertas tecnologías pudieran descontar una parte de ese gasto de sus obligaciones fiscales. No era un subsidio directo ni una transferencia; era una señal: si limpias tu proceso productivo, el Estado te acompaña. Es un instrumento que muchas economías, con mayor espacio fiscal que el nuestro, utilizan desde hace años.
¿Por qué importa a estados como Baja California? Porque este vive de la manufactura exportadora y del nearshoring. Hoy, un proyecto que busca instalarse en un parque industrial no compara solo costos de mano de obra y cercanía con Estados Unidos. Revisa también la disponibilidad de energía limpia, la capacidad de la red eléctrica y la gestión de residuos industriales. Las cadenas globales de suministro exigen a sus proveedores una huella de carbono verificable. Un incentivo bien diseñado habría ayudado a las pequeñas y medianas empresas a cumplir esa exigencia sin asumir solas todo el costo.
En la discusión presupuestaria suele repetirse un argumento: el gobierno no puede renunciar a ingresos. Es legítimo, pero incompleto. Todo crédito fiscal tiene un costo en recaudación. La pregunta correcta es si ese costo se compensa con inversión inducida, empleo, menores externalidades y ventajas competitivas. Un análisis serio estimaría el costo fiscal, el efecto esperado en inversión y el ahorro futuro en salud pública e infraestructura ambiental. Un crédito sin esa evaluación puede ser un error. Rechazarlo sin ella también lo es.
Tampoco ayuda que la política climática mexicana se discuta casi siempre en términos de grandes proyectos energéticos y poco en términos de la pyme manufacturera, que genera buena parte del empleo y tiene el margen de inversión más estrecho. Un crédito acotado, con reglas claras y topes, podía ser una herramienta útil para ese segmento. Sin él, la carga recae en las empresas que ya tienen recursos, mientras las demás postergan la modernización.
Nada de esto significa que la propuesta fuera perfecta. Los instrumentos fiscales verdes requieren criterios de elegibilidad estrictos, mecanismos de verificación y evaluaciones periódicas para evitar que terminen beneficiando a quien menos lo necesita. Ese debate técnico era posible en comisiones y en el pleno. Una reserva que abría esa puerta merecía al menos esa discusión.
La transición energética y la competitividad industrial no son agendas opuestas. En un momento en que se reconfiguran las cadenas de valor de América del Norte y crece la competencia con Asia, la capacidad de ofrecer producción sostenible será un criterio cada vez más decisivo para las inversiones. Un Estado que quiere atraerlas debe ser coherente en sus instrumentos fiscales. Esta vez, esa coherencia faltó.
