El Río Tijuana atraviesa la ciudad que lleva su nombre en gran parte a cielo abierto. Ahí desembocan las descargas domésticas e industriales de una metrópoli fronteriza que creció explosivamente al amparo de la maquila y, desde ahí, millones de litros de aguas negras cruzan hacia Estados Unidos, cierran playas en San Diego e Imperial Beach y erosionan, año con año, la confianza binacional en que el desarrollo económico compartido pueda ir de la mano del cuidado ambiental.
Esta historia no empezó ayer. Nace con el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cuando en 1993 Washington exigió condiciones ambientales y laborales para ratificar el TLC, el resultado fue el Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte —el llamado acuerdo paralelo— y, en el terreno específico de la frontera, la creación de la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF) y el Banco de Desarrollo de América del Norte (BDAN). Ambas instituciones surgieron en buena medida porque el Río Nuevo, en Mexicali, ya arrastraba entonces aguas residuales y desechos industriales hacia el valle de Calexico: un antecedente que, con matices y avances desde entonces, anticipó el patrón que hoy vive Tijuana con cierta intensidad: crecimiento acelerado sin infraestructura de saneamiento proporcional.
En enero de 2026 el colapso de un colector esencial en Tijuana liberó cerca de 900 litros por segundo hacia California, evidencia de que el sistema sigue frágil pese a los acuerdos firmados. Ese mismo año, México y Estados Unidos suscribieron la Minuta 333 del Tratado de Aguas —instrumento derivado de la Comisión Internacional de Límites y Aguas— para formalizar compromisos que antes eran solo memorandos de entendimiento, con ejecución prevista entre 2026 y 2028. La EPA, por su parte, reporta avances trimestrales sobre el llamado “100% Solution”: la ampliación de plantas tratadoras, la construcción de las Compuertas del Río Tijuana y proyectos de alejamiento de efluentes en las plantas Arturo Herrera y La Morita.
La discusión, sin embargo, no se agota en el saneamiento. En paralelo, Estados Unidos ha presionado para replantear la contabilidad del agua superficial en la frontera. El Tratado de Aguas de 1944 mantuvo deliberadamente separadas dos cuencas: México recibe del Colorado, a través de la presa Morelos, el agua que abastece a Tijuana, Mexicali y Rosarito, mientras que entrega al Bravo, vía las presas de La Amistad y Falcón, los volúmenes que benefician a Texas. Washington ha planteado ajustes al esquema de actas complementarias para que las entregas por Morelos se compensen contra el déficit acumulado de México en el Bravo, una fórmula que rompe con la lógica de cuencas independientes que sostuvo el tratado durante ocho décadas y que México ha resistido por las implicaciones que tendría para el abastecimiento de su propia frontera noroeste.
Lo relevante es el patrón institucional que todo esto revela. El TLCAN original nunca resolvió la asimetría de capacidades de saneamiento entre ambos lados de la frontera: la apretó con mecanismos paralelos pensados como complemento técnico-financiero, no como condición vinculante del comercio. El T-MEC heredó esa arquitectura incompleta y hoy organizaciones ambientalistas como Wildcoast presionan para que la revisión del tratado incorpore mecanismos ambientales exigibles.
La lección de fondo es que el comercio integrado sin gobernanza hídrica y ambiental robusta produce externalidades —y también tensiones diplomáticas— que cruzan fronteras con la misma fluidez que las mercancías. Treinta años de BDAN y COCEF demuestran que las instituciones paralelas ayudan pero no bastan si el tratado comercial que las originó sigue tratando el agua y el ambiente como apéndices y no como condición estructural del desarrollo compartido.
