Hace más de un año, en marzo de 2025, presenté ante el Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley Federal del Mar y reclasificar al Golfo de California —el Mar de Cortés— como bahía histórica y aguas interiores mexicanas. El argumento central era que buena parte de la porción centro-sur del Golfo permanece bajo régimen de zona económica exclusiva y no bajo control pleno del Estado, lo cual ha trastocado la soberanía y la seguridad nacional de México. Doce meses después, vale la pena preguntarse qué tanto ha avanzado esta discusión y qué nos dice del momento geopolítico que vivimos.
La respuesta institucional inicial fue fría. En junio de 2025 la Comisión de Marina de la Cámara de Diputados, con mayoría de Morena, avaló por 17 votos contra dos y tres abstenciones un dictamen en sentido negativo sobre la propuesta. El argumento técnico era que ninguna de las categorías jurídicas invocadas —mar territorial, bahía histórica, aguas interiores— podría aplicarse a la totalidad del Golfo sin contravenir el derecho internacional y la propia Constitución, además de que existía el riesgo de afectar la navegación internacional y generar conflictos con Estados que realizan comercio marítimo o tendido de cables submarinos en la zona. Yo respondí pidiendo que se convocara a audiencias públicas antes de cerrar el debate, mientras algunos legisladores de Morena advertían que “meterse en esta dinámica” resultaría complejo dado el delicado momento migratorio con Estados Unidos.
Pero el asunto no concluyó ahí. En enero de este año, volví a la carga con nuevos argumentos, ya no solo jurídicos sino de seguridad nacional inmediata. Cité alertas de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos sobre posibles interferencias al GPS y operaciones militares en rutas que cruzan el Pacífico mexicano y exhorté a la Presidencia a iniciar gestiones diplomáticas ante organismos internacionales, apoyándome en un estudio técnico del Centro de Estudios Superiores Navales. En noviembre pasado amplíe el planteamiento con una iniciativa sobre corredores geográficos estratégicos que busca vincular el Golfo con la planeación binacional del corredor California-Baja California.
Lo interesante, visto desde hoy, es que la propia Marina parece coincidir en el diagnóstico aunque no necesariamente en la solución legislativa. Un documento de la Secretaría de Marina difundido a finales de 2025 reconoce que solo la parte norte del Golfo —hasta las islas Ángel de la Guarda, Tiburón y San Lorenzo— es agua interior con soberanía plena, mientras que el resto, al ser proclive al libre tránsito, abre la puerta a actividades ilícitas que representan un riesgo tanto para México como para Estados Unidos. Es decir: el problema de fondo que he señalado existe, independientemente de si su fórmula jurídica específica prospera.
Mientras el debate constitucional sigue congelado en comisiones, el Golfo avanza por otra vía: la de la economía azul y la conservación. Esta misma semana se dio a conocer la iniciativa “A Toda Costa, por el Golfo de California”, impulsada por el BID Lab, la Fundación Coppel y Fundes, que busca trabajar con cien comunidades costeras de cinco estados en un horizonte de diez años, combinando pesca sustentable y desarrollo económico. Es un recordatorio de que la disputa por la soberanía jurídica y la urgencia de proteger un ecosistema que alberga más del 40% de los mamíferos marinos del planeta no son asuntos separados, sino dos caras de la misma vulnerabilidad institucional.
La lección para hoy es doble. Primero, que la arquitectura jurídica del mar mexicano sigue siendo, en pleno 2026, un asunto inconcluso desde 1968, cuando apenas se delimitó el Alto Golfo como aguas interiores. Segundo, que en un entorno donde Washington ha mostrado apetito retórico por reclamar espacios y nombres —el intento de rebautizar el Golfo de México es la referencia obligada—, dejar zonas grises de soberanía marítima sin resolver ya no es solo un descuido técnico, sino una vulnerabilidad estratégica que México no puede seguir postergando indefinidamente en comisiones legislativas.
