Dentro del paquete de cuatro iniciativas presentadas por el oficialismo se encuentra la enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso de la Unión con el fin de modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con un objetivo central: frenar la infiltración del crimen organizado en las elecciones de 2027.
Esta propuesta fue estructurada formalmente por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, y se compone de los siguientes aspectos:
1. Se plantea crear la Comisión de Verificación de Integridad dentro del Instituto Nacional Electoral (INE) encargada exclusivamente de coordinar la investigación de perfiles de candidatos antes de que se autorice su registro oficial. Sobre esto hay opiniones encontradas entre quien encabeza al INE y la Presidenta de la República. La primera advirtió que el instituto no debe involucrarse en la definición de riesgos ni en la decisión de mantener o retirar una postulación basándose en perfiles de seguridad e inteligencia, pues asumir estas facultades vulneraría la neutralidad del organismo y lo convertiría en juez y parte de la contienda política. La Presidenta Sheinbaum, por su parte, declaró que el INE sólo servirá de conducto con otras instituciones. La Presidenta no parece percatarse de que, al funcionar únicamente como un puente que remite nombres a dependencias, el INE terminaría reducido a una simple comisión de traslado de información, sobrecargando sus tareas esenciales sin un impacto preventivo real.
De cualquier manera, lo que transpira de esto es una gran falta de organización por parte del gobierno.
2. Se propone generar una Red Federal de Cooperación e Inteligencia para evaluar a los aspirantes. La idea es que el INE trabaje de la mano con cuatro estructuras de seguridad e inteligencia del Estado mexicano: el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que aportará datos sobre antecedentes de seguridad y vínculos territoriales. La Fiscalía General de la República (FGR) que verificará carpetas de investigación vigentes o antecedentes penales. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que rastreará flujos de dinero inusuales para evitar financiamiento ilícito en las campañas. Finalmente, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que auditará estados financieros y cuentas de los aspirantes. El problema con esto es que existe el riesgo de que el trabajo de estas instituciones se utilice como un instrumento de presión política para bloquear o intimidar a candidatos incómodos mediante investigaciones exprés de inteligencia.
3. Se sugiere establecer un Mecanismo de Alerta por “Riesgo Razonable”. Este estará compuesto por una serie de partes. Por una lado, los partidos políticos y aspirantes independientes deberán entregar de forma previa sus listas de precandidatos al INE. Por otro lado, se elaborará un Dictamen confidencial. Tras el cruce de datos con las dependencias de seguridad, si se detecta un peligro, el INE notificaría confidencialmente al partido o al interesado la existencia de un “riesgo razonable” de nexos con la delincuencia organizada. Aquí el problema es otro. Dado que el INE no realizará investigaciones de fondo y los partidos políticos decidirían de forma autónoma si atienden las alertas informativas entregadas, la reforma corre el riesgo de ser una simulación que permita a las fuerzas políticas lavarse las manos y simular un blindaje que en la práctica no están obligadas a respetar.
Finalmente, la propuesta dice respetar la presunción de inocencia, aclarando que la alerta no equivale a una acusación penal automática. Sin embargo, la decisión final de mantener o retirar la candidatura recaerá directamente sobre el partido político, obligándolo a asumir la responsabilidad pública si decide postular a un perfil con alertas activas. En este sentido, la mención al respeto a la presunción de inocencia no genera confianza a la luz de decisiones recientes tomadas por el oficialismo.
El apresurado ritmo del debate en el Congreso que ha caracterizado la discusión de reformas en su seno es preocupante y es otra razón más para rechazar la reforma.
En términos estrictamente políticos sabemos que esta propuesta responde a la presión de Washington de detener y extraditar a 10 altos jerarcas del oficialismo, incluyendo al gobernador en licencia de Sinaloa.
Es una pena que el grupo en el gobierno hubiera esperado hasta que nuestro vecino del norte los hubiera presionado. Muchos planteamos - al menos desde el 2021 si no es que antes - la necesidad de poner manos a la obra para impedir que grupos criminales intervinieran en nuestras elecciones. No hubo respuesta a nuestro reclamo.
En síntesis: debido a que el diseño propuesto no resolverá de fondo el problema de los “narcocandidatos”, mi voto es en contra.
