En una sociedad meritocrática y abierta a la competencia, los privilegios no tienen cabida. Se podría decir que el paso del orden medieval al moderno consistió en el cese de prerrogativas o exenciones a estamentos, corporaciones o al Estado mismo. El fin de este orden dio lugar a la economía moderna de mercado en el que diversos grupos económicos compiten entre sí. La pugna entre empresas por dominar beneficia a la sociedad, pues el resultado es la mejor satisfacción de los consumidores que disfrutan de productos y servicios de calidad.
Este fue el razonamiento que siguieron dos de los ministros en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para conceder un amparo a diversas empresas contra la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) del 2021. Previsiblemente, votaron en contra las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres, que defienden la causa del presidente en nuestro máximo tribunal. El voto de calidad del ministro Alberto Pérez Dayán selló el asunto.
En el proyecto aprobado se argumenta que la LIE beneficia indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contra empresas privadas, violando así estipulaciones constitucionales sobre cómo debe funcionar un mercado libre. Aunque se trata del principal argumento de los ministros, el proyecto aprobado también se refiere a infracciones de carácter ecológico -referidas a las energías limpias- y de equidad, referidas a la obligación por parte del Gobierno de realizar subastas para adquirir energía. Estos dos puntos son también relevantes. En cuanto al primero, de acuerdo a la LIE, muchas empresas recibirían certificados de energía limpia, aunque en los hechos no cumplan con lo mínimo necesario para asegurar un desarrollo sustentable del país. En cuanto a lo segundo, las empresas estatales de la CFE obtendrían trato privilegiado, ya que suscribirían contratos especiales para obtener energía, que le serían negadas a empresas privadas, que más bien recurren a las subastas. De acuerdo con el proyecto de resolución aprobado por la Segunda Sala, esto atenta contra la sana competencia. A pesar de la pretensión de que la CFE deba tener prerrogativas únicas, los ministros llegaron a la conclusión de que esta empresa es un competidor más en el mercado.
El antecedente de esto es la discusión que ocurrió en el seno de la SCJN, en abril del 2022, cuando lo que estaba en juego era la posibilidad de invalidar la LIE, para lo cual se necesitaban un mínimo de ocho votos, que no se consiguieron. La diferencia es que para conceder un amparo no se necesita obtener ese número de votos.
De cualquier manera, esto debe considerarse como un triunfo del liberalismo económico moderno y una derrota de quienes pretenden regresarnos a un México de prebendas y privilegios de ciertos estamentos del Estado. Ganan las empresas competitivas del país y gana también la sociedad mexicana, al menos hasta un próximo aviso.
