Los populismos autoritarios del siglo XXI se caracterizan en todo el mundo por un ataque por parte del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Este fenómeno lo vemos desplegarse frente a nuestros ojos una y otra vez, como lo atestiguan casos notables como los de Turquía y Hungría.
El amague toma distintos caminos. Uno de ellos consiste en debilitar el poder de las cortes al privarlas del presupuesto necesario para realizar sus actividades sustanciales. Esto es más fácil cuando, como sucede en muchos casos, el Poder Legislativo sirve al interés del Poder Ejecutivo.
El caso de México es paradigmático. En efecto, existe un interés conjunto de la mayoría aliada al Presidente en el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo para asfixiar financieramente al Poder Judicial. Detrás de todo esto se encuentra la retórica demagógica de la “austeridad republicana” que, examinada con cuidado, ni es austeridad ni es republicana.
Sobre esto están muy conscientes las autoridades que administran la justicia en México. Recientemente se manifestó sobre este asunto la ministra Norma Lucía Piña Hernández, actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En su alocución en una sesión solemne que agrupaba a los plenos del Alto Tribunal, del Consejo de la Judicatura Federal y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la ministra Piña expresó que “el debilitamiento de las atribuciones esenciales de uno de los tres poderes del Estado ante una insuficiencia presupuestal, no implica una política de austeridad, sino nos lleva al rompimiento del Estado de derecho”.
Antes ella había anunciado que el Poder Judicial Federal acababa de presentar al Poder Ejecutivo la propuesta de su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024.
Habiendo considerado la voluntad de ahorrar recursos y siguiendo criterios de racionalidad y transparencia, la ministra Piña informó que el presupuesto solicitado entrañaba sólo un 4 por ciento de incremento real respecto al solicitado el año pasado, o el equivalente sólo al 0.26 por ciento del Producto Interno Bruto. También recordó que los recursos asignados al Poder Judicial de la Federación en el periodo 2018-2023 han disminuido 15.4 por ciento en términos reales.
Por ello la petición de un modesto incremento parece apenas justa, ya que el 2024 será un año electoral donde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrá que tener a su disposición los recursos suficientes para calificar una elección que cada vez se percibe más competitiva.
Ya veremos si el Poder Legislativo otorga el presupuesto solicitado, aunque es muy posible que no sea así, como parece sospecharlo la ministra Piña. En caso de que no se canalicen los recursos que se piden estaremos, sin lugar a dudas, frente a un golpe a la democracia liberal en nuestro país.
Vendrá la hora entonces en que los partidos de oposición en conjunto con la sociedad civil elevemos nuestros esfuerzos en defensa de la independencia del Poder Judicial.
