Fobias presidenciales

Es sabido que el titular del Ejecutivo federal les tiene fobia a los órganos autónomos del Estado. Lo ha verbalizado reiteradamente desde que era candidato y ya como gobernante además ha actuado en consecuencia. Esa animosidad no solo se traduce en la pretensión de extinguir (como en el caso de INEE) o destruir de facto la autonomía (como lo pretende con el INE). La autonomofobia se manifiesta también en acciones dilatorias para desarticular o suspender las funciones de otros órganos de gran relevancia regulatoria (Cofece).

En efecto, desde hace dos años y según lo establece el artículo 28 de la Constitución federal, el presidente debió de proponer al Senado de la República a las personas que ocuparán las vacantes del pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y sin embargo, a la fecha ha sido omiso en cumplir con dicha prerrogativa constitucional.

Es imperativo que en el caso de la Cofece se habilite su correcto funcionamiento, toda vez que es el órgano que vela por la competencia y libre concurrencia, contribuyendo al bienestar de las personas y el desempeño eficiente de los mercados, habilitando un piso parejo para todas las empresas.

El presidente ha desentendido las reiteradas peticiones del comité de evaluación de los candidatos a comisionados de la Cofece. Conforme se prevé en ley, el referido comité está conformado por el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las listas que se le remitieron al Ejecutivo en noviembre de 2020, así como en marzo y noviembre de 2021, fueron desatendidas. Es evidente que el presidente no tiene intenciones de habilitar el funcionamiento adecuado de este órgano autónomo, ya que igualmente rechazó las ternas enviadas por el comité de evaluación en marzo de 2022.

El presidente de la República argumentó que el listado enviado por el comité de evaluación carecía de validez, ya que los candidatos fueron elegidos únicamente por dos de los tres miembros que deben integrar dicho comité. Sin embargo, el órgano faltante al que hace referencia para justificar su omisión (a saber, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación), desapareció por su iniciativa en 2019.

Con motivo de la contumaz omisión y ante la imposibilidad de cumplir con sus funciones, el 13 de diciembre de 2021 la Cofece interpuso una controversia constitucional contra el presidente, la cual a la fecha no ha sido resuelta.

A esta controversia se suma el juicio de amparo interpuesto por la asociación civil Observatorio de las Telecomunicaciones (Observatel), donde se reclama la omisión en la que ha incurrido el Ejecutivo federal al no proponer candidatos a comisionados en Cofece y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Dichas impugnaciones fueron admitidas ya por un juzgado de distrito administrativo.

La importancia del funcionamiento oportuno de la Cofece toma relevancia ya que la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE) le asigna atribuciones para resolver procedimientos que impiden la libre competencia.

Sin embargo, estas atribuciones, en su gran mayoría, solo pueden ser ejercidas por el pleno mediante voto afirmativo de al menos cinco comisionados de los siete, por lo que el órgano al intentar prevenir y corregir estructuras de mercado que dañen o impidan la competencia y libre concurrencia, o combatir y disuadir las prácticas anticompetitivas que afectan los mercados, se ve limitado en sus funciones meramente por la omisión del Ejecutivo federal.

Como consecuencia, la Cofece actualmente funciona con cuatro de sus siete comisionados, lo que impide que se voten ciertos asuntos relevantes en decisiones que requieren mayoría calificada tal como lo señala la LFCE. Recientemente el pleno de la comisión informó que se ha visto obligado a suspender el plazo en varias resoluciones de importancia, al carecer del quorum requerido.

Las afectaciones son evidentes. Por ejemplo, se suspendieron los plazos para determinar si existen o no condiciones de competencia en el sistema de pagos con tarjeta; en el procedimiento sobre uso de medios electrónicos en procesos de investigación; y un procedimiento para la emisión de opiniones en otorgamiento de licencias y permisos por medios electrónicos.

Estas suspensiones frenan a la Cofece para corregir mercados donde no hay competencia efectiva y se vulnera la libre competencia, incluso sobre bienes esenciales, creando inseguridad jurídica para los actores involucrados y los usuarios de los bienes o servicios objeto de las resoluciones en suspenso.

Cuando la comisión queda inhabilitada para recomendar acciones de regulación o desregulación en sectores clave de la economía, tales como consumo, transporte, medios de pago y energía, las repercusiones las padecen los ciudadanos y consumidores finales.

Por esto, resulta delicado que el presidente de la República ponga su agenda desintegradora de los órganos autónomos por encima de sus obligaciones constitucionales. Con su omisión, el órgano autónomo cuya misión es proteger la competencia en beneficio de los consumidores mediante la eficiencia en los mercados, no puede operar cabalmente.

Habrá que confiar en que la Suprema Corte de Justicia dé celeridad al trámite de la controversia constitucional promovida por la Cofece para garantizar el acceso a la justicia, y el retorno de los mercados eficientes que atraen inversión nacional y extranjera en beneficio de todos los ciudadanos.

*El autor es abogado y presidente del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, AC.