Una de las principales fortalezas de la democracia mexicana es contar con un órgano electoral confiable como lo es el Instituto Nacional Electoral.
Fue en 1996 cuando se reforzó la autonomía e independencia del entonces llamado Instituto Federal Electoral, al desligar al Poder Ejecutivo de su injerencia en el funcionamiento del organismo.
Ya para 2014 se transformó al IFE en una autoridad de carácter nacional (cambiando su denominación a INE), a fin de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y locales, con el propósito de garantizar altos niveles de calidad en nuestra democracia electoral.
Sobre ese pilar estructural que significa el INE, se ha venido consolidando la democracia electoral mexicana, que sin ser perfecta, ha madurado gracias a la robustez institucional que emana de su referido régimen de autonomía constitucional, y que tiene como uno de sus ejes fundamentales la conformación del Consejo General del organismo.
El Consejo General del INE es un órgano colegiado conformado por once consejeros, sus miembros permanecen en el cargo por nueve años, y próximamente concluirá el periodo de cuatro de sus miembros, incluido su presidente. Esto nos lleva a reflexionar sobre la transcendencia que el proceso de elección de los nuevos consejeros implica para la solidez e independencia del árbitro electoral, lo que es determinante en las elecciones federales del año 2024 y la vigencia democrática en los años por venir.
El proceso de elección de los integrantes del Consejo General del INE está diseñado para fortalecer los atributos de profesionalismo, integridad, certidumbre y transparencia del órgano que organiza y vigilan nuestros procesos democráticos.
Hasta hoy en día, los individuos que han conformado el Consejo General han generado garantías para todos los participantes en los procesos electorales, es decir, a electores, candidatos y partidos políticos.
Incluso, durante la actual administración se llevó a cabo ya un proceso de selección de varios integrantes del Consejo General. Hay que reconocer que los procesos electivos de dichos consejeros resultaron satisfactorios, lográndose que se eligiesen como integrantes del Consejo General personas idóneas conforme a la misión del INE.
La complejidad inusitada que se presenta actualmente radica en diversos factores de polarización política, adicionado por la incertidumbre que representa la iniciativa de reforma constitucional para modificar los procedimientos electivos de Consejeros y que fue planteada por el Ejecutivo Federal recientemente.
Otro factor que aporta especial dificultad a este proceso de selección de consejeros, consiste en que dos de los cuatro que van a terminar su periodo, han sido protagónicos en el debate nacional asociado a las contiendas electorales recientes, y han defendido con vehemencia ante el Poder Ejecutivo y el partido político hoy mayoritario, la autonomía de INE.
Entre los consejeros que ya terminan su periodo en abril de 2023 está el presidente Lorenzo Córdova y el consejero Ciro Murayama, quien ha verbalizado en más de una ocasión su defensa a su función como consejero frente al gobierno federal.
Es imperativo que el Comité Técnico, a cargo de evaluar a los perfiles de los candidatos a integrantes del Consejo General, considere la idoneidad de las personas aspirantes, y que dicha evaluación este exenta de influencia ideológica u otros criterios subjetivos.
Sin duda, el Comité Técnico que tenga a su cargo evaluar a los aspirantes a consejeros tendrá un rol fundamental, ya que su integración heterogénea por representantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo), de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), debiera garantizar que tanto la evaluación de los perfiles de candidatos, los resultados de los exámenes que realicen y las entrevistas a los aspirantes por parte del Comité Técnico, durante las diversas fases del proceso de selección, sean apegadas a los estándares de imparcialidad que son necesarios para elegir a perfiles basados en méritos para consejeros y consejero presidente.
Es imperante que el desempeño del Comité Técnico de Selección de los candidatos al Consejo General se sujete a gran escrutinio público, ya que este proceso será crucial para la debida renovación de los miembros del Consejo, y con ello, el fortalecimiento del órgano electoral y la consolidación de la democracia.
Resulta inconcuso que el INE debe estar en aptitud institucional para cumplir con su propósito de ser un árbitro electoral absolutamente confiable, y que gracias a la debida integración y óptimo funcionamiento del órgano colegiado rector de su funcionamiento, garantice a la nación la vigencia de la soberanía popular electiva.
México ha recorrido un largo tránsito para contar con una democracia electoral confiable, que hoy garantiza la eficacia de la soberanía popular para la integración del gobierno. En ese activo nacional, no podemos dar un solo paso atrás.
