La semana pasada hablamos en esta columna, en su versión online, sobre la gravedad de la trata de personas, en cómo el sector turismo es un campo propicio para llevar a cabo este crimen y de lo mucho que aún tiene por hacer la iniciativa privada para ayudar a prevenir y combatirlo.
Comentamos sobre el estudio Panorama de la Trata de Personas en el Turismo en México, que Aeroméxico financió y dio a conocer junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), enfocado en Cancún, Puerto Vallarta y la Ciudad de México, documento que incluye dos guías de actuación, denominadas “ABC”, una de las cuales está dirigida a empresas turísticas.
Estas ABC son herramientas prácticas y directas para fortalecer la capacidad de respuesta del sector ante este delito, en las cuales integraron la experiencia del sector privado con el conocimiento técnico de autoridades especializadas.
El ABC para Empresas del Sector Turismo está dirigida a directivos, gerentes o responsables de la seguridad, del cumplimiento legal y operativo de las compañías. Su objetivo es ofrecerles un marco integral de actuación institucional a partir de tres puntos clave: Tipologías del Delito, que muestra cómo podría verse un posible caso de trata; Consideraciones de Actuación Empresarial, que incluye criterios y medidas que la empresa debe tomar en cuenta para reaccionar de forma organizada y efectiva; y Ruta de la Denuncia y Coordinación, un manual para articular acciones con autoridades competentes.
El estudio explica que la trata de personas es un delito complejo, pero existen ciertas señales que pueden alertar de un probable caso. Y, aunque una señal aislada no confirma el delito, hay dinámicas que revelan la manera en que operan las redes de tratantes y hay que saber identificarlas.
Mujeres jóvenes provenientes de Chiapas, Colima, Jalisco, Tabasco, Veracruz y la propia Ciudad de México, así como extranjeras originarias de América Latina y Estados Unidos son explotadas sexualmente en hoteles, centros nocturnos, embarcaciones privadas, alojamientos temporales y casas de citas. Suelen provenir de zonas pobres y en su mayoría son madres solteras, estudiantes o jefas de familia. La red criminal, integrada por hombres y mujeres, las capta con ofertas de trabajo o por medio de una relación sentimental.
Operan ofreciendo a los turistas servicios de “acompañamiento”, mediante agencias, redes sociales, grupos de mensajería instantánea, telefónicamente o de manera presencial como taxistas, quienes muestran a los potenciales clientes un catálogo con fotografías de las víctimas.
Pero no todo es prostitución. También engañan con supuestos trabajos bien remunerados a niños, niñas y adolescentes, que son explotados laboralmente realizando entregas de mercancía en hoteles y restaurantes; en puestos de venta de comida o son obligados a pedir limosna o a participar en actividades delictivas.
Ante estos escenarios –sostiene el estudio–, la participación de las empresas resulta fundamental en la lucha contra la trata, ya que sus instalaciones y servicios pueden ser utilizados involuntariamente por las bandas criminales. Al asumir una responsabilidad proactiva, el sector no sólo protege la integridad de sus empleados y clientes, “sino que también salvaguarda la reputación de los destinos, fortalece la seguridad de sus entornos y se consolida como un aliado estratégico de las autoridades en la prevención y erradicación de este delito”.
Finalmente, el documento plantea cuatro puntos clave para que las empresas estén prevenidas y sepan qué hacer ante la detección de un posible caso: dar información y capacitar a su personal; tener protocolos de actuación, diseñados para responder con prontitud y eficacia ante cualquier sospecha; garantizar a los empleados que estarán respaldados, seguros y protegidos al momento de reportar un probable caso; y tener identificadas a las autoridades e instituciones competentes, a niveles municipal, estatal y federal, así como los canales oficiales para establecer un contacto inmediato.
“El protocolo institucional establece de forma clara el “quién”, “cómo” y “cuándo” se debe realizar el enlace con las fuerzas de seguridad y organismos especializados, permitiendo una comunicación fluida, la entrega oportuna de información clave y una colaboración eficaz para la protección de las víctimas”, puntualiza el estudio.