La reciente visita del secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos a nuestro país se dio en un contexto de evidente tensión en la relación bilateral que, paulatina pero persistentemente, ha ido subiendo de tono desde el máximo nivel político en Washington hacia el gobierno mexicano.
Resulta muy natural pensar que uno de los ejes fundamentales de la reunión del secretario norteamericano con la presidenta de México y su Gabinete de Seguridad fue la reiteración de la petición formal sobre la detención provisional con fines de extradición de los conocidos funcionarios sinaloenses y la exigencia de mayores resultados en el combate al crimen organizado.
Indudablemente, una de las cordiales peticiones puestas sobre la mesa sería la de la participación de fuerzas estadounidenses en territorio mexicano en operaciones conjuntas con autoridades mexicanas, lo que se deduce de las propias declaraciones de la mandataria de nuestro país al señalar que durante la reunión se ratificó la postura de colaborar y coordinarse, sin subordinarse, en el marco del entendimiento que se tiene entre los dos países en materia de seguridad y con apego a nuestra Constitución y las leyes respectivas, que prohíben la acción directa extranjera en nuestra geografía.
Lo anterior se traduce, leyendo entre líneas, en que el gobierno de los Estados Unidos mantiene su posición, reiteradamente expresada, de realizar operaciones, conjuntas o autónomas, en nuestro territorio contra los cárteles, ahora catalogados como terroristas, incentivando la presión bajo el argumento de que México no hace lo suficiente al respecto.
La postura del gobierno mexicano ante los acontecimientos recientes, particularmente sobre el caso de Sinaloa y la negativa a la detención de los funcionarios señalados, así como el de Chihuahua y la embestida contra su gobernadora por la participación de agentes estadounidenses en suelo patrio, sin conocimiento de la Federación, puede sugerir varias lecturas en función de la defensa de la soberanía nacional, pero a los ojos del vecino del norte, puede interpretarse como una inaceptable protección que transgrede los acuerdos y entendimientos bilaterales.
Desconocemos el tenor de las exigencias planteadas en la referida reunión. Hasta ahora, debemos conformarnos con la declaración doméstica de que fue una muy buena y cordial sesión de diálogo respetuoso, pero en los próximos días, como es costumbre, desde la Casa Blanca, de manera abierta o sugerente, podremos conocer los pormenores y el tono del encuentro, los temas tratados y, sobre todo, la actitud que en el futuro inmediato adoptarán ambos gobiernos.
Es previsible que la narrativa sea rápidamente superada por las decisiones que adopten los mandatarios respectivos, pero, por el momento, la liga se sigue tensando, con desventaja para México.