La relación entre los gobiernos de Estados Unidos y México ha venido debilitándose paulatinamente hasta llegar al momento crítico en que nos encontramos por la solicitud de detención con fines de extradición de funcionarios sinaloenses señalados de tener vínculos con organizaciones criminales.
Las señales han sido muchas: insinuaciones, declaraciones, advertencias y, finalmente, la petición formal, recurriendo a los tratados firmados por ambas naciones de manera soberana.
Pero las cosas se han complicado y siguen subiendo de tono, dado el carácter y la condición de los personajes de que se trata.
La interpretación que se hace de las vías legales es diversa y alimenta las suspicacias sobre la voluntad real de investigar posibles actos de corrupción y colusión de servidores públicos con grupos criminales o su arropamiento político, colocando en una encrucijada, más que incómoda, al gobierno mexicano, que debe decidir si accede a la demanda del vecino o si arriesga al deterioro de la relación bilateral con un balance evidentemente asimétrico.
Las declaraciones públicas de personajes relevantes de la política norteamericana son cada vez más rotundas respecto a la situación que vive México a causa de la penetración del crimen en la vida pública del país, aumentando las exigencias de mayores resultados en su combate, con la sentencia expresa de que, de no hacerlo, lo harán ellos.
La presión se intensifica ya no solo sobre los cárteles, clasificados como terroristas por el gobierno norteamericano, sino sobre la clase política mexicana presuntamente vinculada con ellos.
El caso del gobernador y otros funcionarios sinaloenses es el primero, pero no es, tal como lo han expuesto públicamente destacados personajes estadounidenses, el último, y todo indica que hay aún mucha tela de donde cortar en esta crítica situación.
El asunto no queda solamente en el terreno de la narrativa; adquiere mayor seriedad y contundencia al trasladarlo al ámbito formal, quedando redactado en documentos oficiales de alto nivel, como la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia para el control de drogas de los Estados Unidos, en la que explícitamente se insta a México a reducir la producción de drogas y a eliminar la fortaleza de los cárteles.
La postura asumida por el gobierno de México ha sido, como es bien sabido, la de colaboración sin subordinación, recurriendo a la defensa de la soberanía de manera reiterada, posición que ha sido más bien para consumo interno, pero que en el exterior parece interpretarse como una resistencia a desarrollar acciones más contundentes contra las bandas criminales y ahora contra personajes políticos ligados, presuntamente, a ellas.
Lo que está por venir es de pronóstico reservado: entrega voluntaria, desaparición pública, cobertura política o acceder a la petición.
Cualquier cosa puede suceder, pero lo seguro es que cualquier decisión que adopte la actual administración impactará determinantemente los cimientos del movimiento regenerador.