La exitosa operación fue opacada por la tragedia y puso, una vez más, en aprietos la relación bilateral con los Estados Unidos por la participación directa de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sin el conocimiento, según la declaración oficial, de las autoridades federales de nuestro país.
Estentóreas voces de nuestra más preclara clase política se apresuraron a señalar, indignadas, la flagrante violación de la soberanía nacional, exigiendo la comparecencia de la gobernadora de Chihuahua para explicar lo sucedido.
La reunión, cordial y respetuosa, según se reveló, se realizó en las oficinas del secretario de Seguridad Pública federal, sin que se hayan difundido sus contenidos explícitos.
Es bien sabida la coordinación que ha existido de manera oficial entre las diversas agencias de ambos países en materia de seguridad e inteligencia desde tiempos remotos, bajo los principios de discreción y secrecía, dada la naturaleza de su función, pero que se ven influidos de manera determinante por otro principio, el de la confianza mutua que, paradójicamente, se convierte en desconfianza por los altos índices de corrupción en los diversos órdenes de gobierno.
Durante la administración pasada se introdujeron artículos en la Ley de Seguridad Nacional con los que se pretendió regular la actividad de agentes extranjeros en territorio nacional de manera genérica, pero que fueron interpretados como una dedicatoria para las agencias norteamericanas y sería ingenuo pensar que estas se ceñirían estrictamente a lo que en esos artículos se establece.
Lo que en todo caso se motivó con ello fue que modificaran su modo de operar con mayor sigilo y discreción.
Dada su naturaleza, la relación bilateral en materia de seguridad reviste la mayor relevancia en virtud de los niveles de violencia asociada al crimen organizado en diversas regiones de nuestro territorio y que es prioridad manifiesta del gobierno estadounidense; por ello, los acuerdos y los términos de colaboración que se tengan entre las agencias de los dos países se mantienen con un alto nivel de secrecía y compartimentación.
Por el momento queda la duda sobre si alguna agencia del gobierno mexicano tuvo conocimiento de la presencia de los agentes de la CIA, o si el gobierno de Chihuahua se fue por la libre para la destrucción del laboratorio de sustancias ilícitas en donde participaron elementos federales mexicanos.
Lo que queda claro es la reacción airada y estridente en contra de la gobernadora panista por miembros del movimiento regenerador, cuya indignación dista mucho de la mostrada ante eventos escandalosos de otros mandatarios estatales surgidos de sus filas.
“Para los amigos, justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas”, reza el aforismo.
Para el caso que nos ocupa, el del combate a la criminalidad y la violencia, en el que el Estado ha decidido ir de la mano con el vecino del norte, bien cabría pensar en inyectar una buena dosis de pragmatismo en la relación, con reglas del juego claras, soberanas, desde luego, en favor de la eficacia y la contundencia.