Hace algunas semanas se llevó a cabo el “Foro para el crecimiento sostenible y equitativo”, organizado por los ocho economistas convocados por la presidenta Sheinbaum a principios de año para intercambiar ideas que permitan elevar el crecimiento potencial de la economía mexicana. El foro se dividió en seis mesas temáticas y tuve la oportunidad de participar en la mesa de inversión. Como comenté la semana antepasada, presenté cinco propuestas orientadas a fortalecer la inversión y la productividad, procurando enfocarme en medidas políticamente viables y susceptibles de instrumentarse con relativa rapidez, más que en cambios estructurales de difícil implementación (“Foro para el crecimiento (I)”, 18 de agosto). En una segunda entrega resumí las primeras cuatro (“Foro para el crecimiento (II)”, 25 de agosto). En esta ocasión compartiré la quinta y última propuesta.
Las cuatro propuestas buscan fortalecer la inversión y el crecimiento económico mediante: (1) Un compromiso explícito de estabilidad regulatoria y respeto a la propiedad privada para reducir la incertidumbre y el riesgo percibido por los inversionistas; (2) una estrategia activa para recuperar la participación de inversionistas extranjeros en la deuda pública y así liberar más ahorro interno para proyectos productivos; (3) una reducción de la carga fiscal y regulatoria sobre la empresa formal mediante una pausa regulatoria y la simplificación de trámites y costos; y (4) la creación de una Secretaría de Infraestructura encargada de estructurar, financiar y destrabar proyectos estratégicos que impulsen la productividad, la inversión y la competitividad del país.
Propuesta 5. La quinta propuesta es heterodoxa y debe plantearse con cuidado. México parece haber dejado atrás la política de “abrazos, no balazos”, que en la práctica permitió que espacios territoriales y económicos quedaran bajo control criminal sin construir una alternativa institucional creíble. No obstante lo anterior, considero que está siendo muy complicado para nuestro país transitar de esa tolerancia pasiva a una línea dura entendida solo como confrontación frontal. En este sentido, considero que esta línea dura podría estar acompañada de una estrategia económica, territorial e institucional que se encuentre en un lugar intermedio entre la permisividad de los “abrazos, no balazos” y la confrontación frontal adoptada actualmente. Sin emabrgo, es muy importante que dicho punto intermedio sea instrumentado solamente como alternativa a dicha línea dura.
La idea no es perdonar delitos graves ni legalizar recursos ilícitos sin condiciones. Es explorar un mecanismo extraordinario, legislado, judicialmente supervisado y limitado en el tiempo, para recuperar territorios mediante la conversión condicionada de rentas ilegales en inversión formal, empleo verificable y desarme efectivo. Sería un plan similar a la manera en que se fundaron los hoteles-casino en “Las Vegas” -sobre todo entre 1945 y 1966-, y el proceso de paz colombiano entre el gobierno y la guerrilla (FARC-EP). La referencia a Las Vegas sirve solo como intuición: Territorios de baja productividad pueden transformarse en corredores de servicios. México podría discutir algo análogo, con reglas mexicanas y estándares contemporáneos de legalidad, en regiones específicas del sur-sureste o en destinos que requieren rescate económico, como Acapulco.
Además del problema que representa el crimen organizado per se, un aspecto que sin duda hay que considerar para la evolución de la actividad económica es que la violencia también es un impuesto. Para el empresario, el derecho de piso y la extorsión destruyen el cálculo básico de inversión: Si el rendimiento esperado termina capturado por la criminalidad, no hay proyecto que resista. Por eso, considero que cualquier agenda de crecimiento que ignore la seguridad será incompleta. La certidumbre jurídica empieza por el derecho más elemental: Poder operar sin amenazas.
Esta propuesta solo tendría sentido bajo condiciones estrictas: No aplicar a delitos de alto impacto contra personas, no sustituir la justicia penal, exigir trazabilidad financiera, reparación a víctimas, contribución fiscal, inversión real, empleos formales, retiro verificable de actividades ilícitas y persecución plena para quien incumpla. No sería una amnistía económica; sería una herramienta excepcional de pacificación productiva “con dientes”. Reconozco que es una propuesta muy compleja para diseñar e implementar, pero considero que la complejidad del problema que vivimos requiere de una solución profunda, que también comparte la característica de complejidad del problema mismo.
En mi opinión, la política pública avanza cuando se atreve a discutir lo incómodo sin abandonar la legalidad. México necesita Estado de derecho, pero también recuperar regiones donde el Estado llega tarde o llega débil. Si se diseña mal, una medida así sería inaceptable. Si se diseña bien, podría sustituir poder criminal por inversión, armas por empleos y territorios capturados por economías formales. No es normalizar la ilegalidad; es pensar cómo desactivarla con desarrollo, justicia y autoridad.
Por este medio envío un fuerte abrazo a mi estimado amigo Alejandro Díaz de León por la sensible pérdida de su padre, Don Octavio Manuel Díaz de León y Pacheco, ocurrida la semana pasada.