A principios del año, la presidenta Sheinbaum se reunió con ocho economistas en Palacio Nacional para revisar la agenda de crecimiento de nuestro país. Los ocho economistas convocados -principalmente de la academia y think tanks-, fueron (en orden alfabético, por apellido): Ana María Aguilar, Gabriela Dutrénit, Gerardo Esquivel, Fausto Hernández Trillo, Juan Carlos Moreno Brid, Mariana Rangel, Lorena Rodríguez y Héctor Villarreal. La semana pasada el grupo convocó a un grupo más amplio de economistas a un evento titulado “Foro para el crecimiento sostenible y equitativo”. La pregunta que guió el foro fue ¿Qué le sugiere a las autoridades del país para estimular un crecimiento económico elevado persistente, incluyente y sustentable? La idea era que cada economista invitado ofreciera dos propuestas en este sentido.
De esta manera, el foro se organizó en seis mesas que agrupan los temas que consideramos más relevantes relacionados con el crecimiento elevado, incluyente y sustentable de la economía nacional. La mesa #1 se concentró la agenda de desarrollo nacional a la luz del panorama internacional; la mesa #2 sobre inversión, en la que un servidor tuvo la oportunidad de participar; la #3 sobre política fiscal e inversión pública; la mesa #4 sobre innovación; la #5 sobre desarrollo social; y la #6 sobre la pequeña y mediana empresa (PyMEs). En mi opinión, la idea no era llevar a cabo propuestas poco concretas como “mayor libertad económica”, ni tampoco políticamente no factibles como “echar para atrás la reforma judicial”, sino propuestas que fueran relativamente fáciles de instrumentar por el gobierno actual y que puedan elevar la tasa de crecimiento de nuestro país.
Propuse cinco acciones en el terreno de la promoción de la inversión (la mesa de discusión que me fue asignada) que pudieran ser “frutas que cuelgan de una rama baja” (del inglés “low hanging fruit”). En la presente comentaré algunos aspectos generales sobre las propuestas que llevé a cabo y la semana que entra las describiré y entraré a detalle.
Considero que México no parte de cero, pero tampoco puede seguir administrando la inercia. En mi opinión, el país no enfrenta el dilema falso entre resignarse a crecer poco o suponer que basta con invocar la libertad económica para que la inversión aparezca. El reto es más concreto: Reducir la incertidumbre que pesa sobre las decisiones de inversión, preservar la estabilidad macroeconómica que sí se ha construido y convertirla en un ambiente de negocios donde sea racional comprometer capital de largo plazo.
Durante muchos años, el TLCAN jugó un papel que fue mucho más allá del comercio. Fue, en los hechos, un ancla institucional: Un marco legal externo que dio certidumbre a la inversión, disciplinó decisiones internas y permitió que empresas globales vieran a México como una plataforma confiable dentro de Norteamérica. El T-MEC, aunque más limitado y políticamente más condicionado, todavía conserva parte de esa función. Pero la decisión del gobierno de los Estados Unidos de no renovarlo, pasando a una fase de revisiones anuales y el cambio de tono en general sobre la política industrial y comercial de Estados Unidos han debilitado ese seguro institucional. No es un problema exclusivo de México, ya que muchos países enfrentan hoy un mundo más fragmentado, más proteccionista y menos predecible. Pero para México, el costo potencial es mayor, porque buena parte de su atractivo relativo descansaba precisamente en esa certidumbre jurídica ampliada por el tratado.
Además, la competencia por inversión se volvió más dura. México ya no compite solo contra Asia por manufactura de bajo costo ni solo contra América Latina por flujos financieros. Compite contra EU, que subsidia sectores estratégicos; contra Canadá, que ofrece certeza institucional; contra Europa, que busca reindustrializarse; y contra economías emergentes que entendieron que la inversión se gana con energía disponible, infraestructura, seguridad, permisos ágiles y reglas estables.
Si México no reduce la incertidumbre interna, otros países capturarán una parte creciente de esa oportunidad. Las cinco propuestas que comentaré la semana que entra buscan aterrizar esa agenda. Cuatro provienen de una lectura ortodoxa del crecimiento: certidumbre jurídica, menor competencia del gobierno por el financiamiento disponible, una política fiscal que no ahogue la inversión y una estructura institucional que permita coordinar infraestructura con sentido económico. La quinta es deliberadamente heterodoxa y debe leerse como una provocación de política pública: Si el país quiere recuperar territorios, reducir violencia y detonar inversión en regiones rezagadas, quizá convenga discutir mecanismos extraordinarios, estrictamente legales y condicionados, para convertir rentas improductivas y violentas en inversión formal, empleo y desarrollo regional.
El hilo conductor es simple: la inversión no se decreta. Se gana. Se gana cuando el rendimiento esperado compensa el riesgo, cuando el empresario cree que las reglas no cambiarán a mitad del juego y cuando el Estado deja de ser una fuente adicional de incertidumbre para convertirse en facilitador. Las propuestas no pretenden agotar la discusión. Buscan poner sobre la mesa medidas concretas, debatibles, pero accionables, para elevar la tasa de crecimiento potencial de México.
El pasado 10 de agosto falleció Don Miguel Mancera Aguayo a los 93 años, artífice de la autonomía del Banco de México, Director General de Banxico de 1982 a 1994 años y primer Gobernador de nuestro Instituto Central (1994-1997). Tuve la fortuna de interactuar con Don Miguel mucho más en mi calidad de presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos en el IMEF, que cuando entré a trabajar al Banco de México en 1997, donde me tocó asistir a una ceremonia de despedida en la Sala Bancaria del edificio principal, que ahora alberga el Museo del Banco de México. Siempre educado, disciplinado, afable, de convicciones firmes con inquebrantable fidelidad a sus principios y procurando el uso del buen español sin anglicismos. Se le va a extrañar querido Licenciado Mancera.