En México, las recientes acciones de Moody’s y S&P volvieron a poner sobre la mesa un tema que no debe tomarse a la ligera: La trayectoria fiscal del país y su capacidad de crecer de manera sostenida en los próximos años. La baja de Moody’s de ‘Baa2’ a ‘Baa3’ era relativamente esperada, después de que en noviembre de 2024 había cambiado la perspectiva de ‘estable’ a ‘negativa’. En cambio, la revisión de S&P a perspectiva ‘negativa’ tomó más por sorpresa al mercado, pero aún y se materializara la degradación crediticia en los próximos meses, sería de ‘BBB’ a ‘BBB-‘, que a la par con ‘Baa3’ de Moody’s, es el escalón más bajo que todavía es considerado como ‘Grado de Inversión’ (“Calificadoras: No son buenas noticias, pero se exagera”, 26 de mayo).
En mi opinión, ninguna de las agencias parece estar anticipando una pérdida inminente del grado de inversión como escenario base. Sin embargo, sí han dejado claro que hay umbrales que podrían elevar de manera importante el riesgo de una nueva baja. Tal es el caso de un cociente deuda-PIB por arriba de 60 por ciento o un crecimiento persistentemente inferior a 1.8-2.0 por ciento. Dicho de otra forma, México todavía conserva margen, pero ese margen se está volviendo más estrecho.
Yendo más al detalle, las preocupaciones pueden dividirse en dos grandes bloques. Por el lado de los ingresos, el principal problema es la ausencia de voluntad política para impulsar una reforma fiscal que eleve la recaudación de manera estructural. Es decir, que aumente la base de contribuyentes, en lugar de enfocarse solamente a cobrarle más impuestos a quienes ya pagan. A ello se suma la percepción de que las eficiencias administrativas que habían permitido aumentar la recaudación en años recientes ya tienen menos espacio para seguir aportando recursos adicionales. Al ver que la recaudación ha aumentado poco más de tres puntos porcentuales del PIB en la ultima década dejan claro que muchos no pagaban lo que deberían de pagar. Adicionalmente, la recaudación adicional que se ha logrado no ha sido de una sola vez, sino que ha permanecido. Sin embargo, no queda tan claro que pueda continuar creciendo.
Por el lado del gasto, el reto es todavía más complejo, porque la flexibilidad presupuestal se ha reducido. Los pagos de intereses pesan más, en parte por una mayor proporción de deuda en pesos, a pesar de que una menor deuda externa siempre se vea “con buenos ojos” por parte de los inversionistas globales; las pensiones continúan presionando el gasto; Pemex sigue dependiendo del apoyo fiscal del gobierno y los resultados operativos siguen siendo muy pobres; los programas sociales, al estar elevados a rango de derechos constitucionales, son difíciles de ajustar; y además, ya se hicieron recortes relevantes en otras áreas del gasto, lo que deja poco espacio para seguir apretando el cinturón.
En este contexto, continúo pensando que el déficit público podría cerrar este año cerca de 4.3 por ciento del PIB, en su métrica amplia, que incorpora Pemex y CFE, con una deuda pública alrededor de 54.5 por ciento del PIB. Esto estaría ligeramente por encima de las metas del gobierno, en parte por la absorción de choques en precios de combustibles, con el surgimiento del conflicto con Irán. Si bien los ingresos petroleros adicionales ayudan a compensar el costo de los estímulos a la gasolina, el alivio es parcial.
En este entorno, el Plan de Infraestructura de la presidenta Sheinbaum es, en principio, una muy buena señal. Después de un sexenio en el que el crecimiento económico no siempre ocupó el centro de la conversación pública, plantear un programa de inversión por 6.3 billones de pesos, con más de 1,500 proyectos en cinco años, representa un cambio relevante de énfasis. No obstante lo anterior, el aterrizaje del programa ha sido bastante lento. Desde el año pasado ha habido una serie de anuncios, pero todavía no se publica una lista detallada de proyectos, ni un calendario claro de ejecución, ni una hoja de ruta completa, ni los mecanismos específicos de financiamiento. Para los inversionistas, la pregunta no es si México necesita infraestructura —claramente la necesita—, sino cómo se va a financiar y ejecutar sin poner en riesgo la disciplina fiscal.
En este contexto, veo dos desafíos centrales. Primero, cómo aumentar la inversión pública y privada sin deteriorar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Segundo, cómo atraer capital privado sin repetir errores del pasado, particularmente en un entorno en el que los inversionistas siguen evaluando el marco regulatorio, el respeto a contratos y la claridad de las reglas del juego. Los inversionistas saben que el estado de derecho en México ha estado en niveles muy bajos por muchos años. La reforma judicial no lo mejora y es posible que lo deteriore aún más y poner en cuestionamiento el andamiaje legal internacional que representó el TCLAN y hasta antes de pensar en revisiones, el T-MEC, no ayuda a generar el nivel de confianza necesario para detonar inversión tanto de empresarios locales, como internacionales.
Cerrando con una lectura positiva, considero que es posible que la lista de proyectos esté tomando tiempo precisamente porque la Presidenta y su equipo quieren hacer bien las cosas: Escoger proyectos con rentabilidad social y económica, priorizar inversiones que eleven la productividad y evitar asignaciones apresuradas. Si el gobierno logra convertir este plan en una cartera sólida, bien financiada y bien ejecutada, México podría transformar una preocupación fiscal en una oportunidad para impulsar su crecimiento. No será suficiente, porque es necesario mejorar el estado de derecho, pero es un buen punto de partida.