El pasado 1 de julio, fecha marcada para dar inicio a la primera revisión conjunta del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), los gobiernos de México y Canadá manifestaron su deseo de renovar dicho tratado por otros dieciséis años. No obstante lo anterior, el gobierno de los Estados Unidos decidió no renovarlo y cambiar al procedimiento de revisiones anuales por los próximos diez años. En mi opinión, el secretario de Economía de nuestro país, Marcelo Ebrard, y el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, hicieron una gran labor de comunicación para adelantar que el paso a las revisiones anuales era el escenario más probable y que eso no significa una salida de los Estados Unidos del T-MEC, asunto que en mi opinión pudo haberse prestado a muchas confusiones.
A la mayoría de los inversionistas a nivel global con los que me tengo la oportunidad de platicar les queda claro que México continuará teniendo acceso preferencial a los Estados Unidos. Sin embargo, considero que el ruido que pudo haber generado la noticia de no renovación, sin previa comunicación, pudo haber causado un movimiento fuerte de los precios de los activos financieros de nuestro país, empezando por el tipo de cambio peso-dólar, que prácticamente no se movió la semana pasada. Imaginemos que de repente hubiéramos leído el del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR), Jamieson Greer, de la semana pasada –sin las advertencias de Ebrard y Gutiérrez–, que dice a la letra: “…Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual. Como resultado, el T-MEC no se renueva…” y aunque dice que continuará sosteniendo conversaciones con México y Canadá, no deja claro que no renovarlo no significa no salirse del tratado. Ahora bien, de acuerdo con el Artículo 34.7 del T-MEC, la falta de apoyo unánime para una extensión no implica la terminación del acuerdo. En su lugar, el T-MEC permanece vigente y pasa a ciclos recurrentes de revisión, precisamente el mecanismo que ahora se activó. Como resultado, la arquitectura legal que rige el comercio de la región de Norteamérica sigue intacta pese a la ausencia de renovación.
El mundo democrático y de libre mercado que por años fue el estandarte de la ideología dominante de los Estados Unidos no apoya de ninguna manera un tratado comercial que implique menos libertad para comerciar. Mucho menos apoya dejar un tratado comercial, que sirve de marco legal común para una región, en total suspenso, que eleva la incertidumbre a niveles que reducen la intención de invertir, máxime que en teoría el objetivo es atraer inversión a la región. En este sentido queda claro que la primera revisión conjunta del T-MEC estuvo impulsada totalmente por un objetivo geopolítico y político. Geopolítico porque mantener la incertidumbre apalanca las solicitudes que haga el presidente Trump a los otros países miembros. Político porque a una gran parte de la población de los Estados Unidos no le quedan claros los beneficios del libre comercio –el T-MEC incluido–, y existe la percepción de que quita empleos, por lo que puede ganar votos para las elecciones intermedias de noviembre.
Las negociaciones van más allá del comercio. Continúo considerando que el proceso de revisión es, en esencia, más amplio que los aranceles y el acceso a mercados. La cooperación en materia de seguridad, la gestión migratoria y los esfuerzos para limitar que los productos hechos en China se salten barreras arancelarias y lleguen a los Estados Unidos vía México, se han entrelazado cada vez más con las discusiones comerciales. En consecuencia, los avances en estos frentes podrían resultar tan relevantes como las negociaciones tradicionales para definir la forma futura del acuerdo. En este sentido, la cooperación ha mejorado. México ha respondido a las prioridades de los Estados Unidos con mayor colaboración en seguridad, migración y control aduanero. Estos esfuerzos probablemente contribuyeron al tono constructivo mostrado por ambos gobiernos en los últimos meses y considero que ayudan a explicar por qué la discusión se ha mantenido enfocada en reformar el acuerdo, en lugar de abandonarlo.
La incertidumbre sigue siendo el principal costo económico. Para México, el reto central continúa siendo la incertidumbre de política más que los niveles arancelarios vigentes. Las empresas suelen adaptarse a aranceles, reglas de origen y cambios regulatorios. Lo más difícil de manejar es la incertidumbre sobre el marco operativo futuro. En consecuencia, las compañías podrían seguir posponiendo decisiones de inversión de gran escala hasta contar con mayor visibilidad sobre el desenlace del proceso de revisión. No obstante, hemos empezado a escuchar de desarrolladores de parques industriales que firmas vinculadas al nearshoring han comenzado a acercarse nuevamente en busca de espacios en renta, después de casi 18 meses sin mostrar mucho interés, a la espera de la revisión del T-MEC.
Las ventajas estructurales de México permanecen intactas. A pesar de la incertidumbre de corto plazo, México sigue ofreciendo una combinación única de proximidad geográfica a Estados Unidos, profunda especialización manufacturera, talento ingenieril e infraestructura industrial extensa. Estas ventajas difícilmente desaparecerán, independientemente de si la revisión culmina en evaluaciones anuales, modificaciones puntuales o una renegociación más amplia. Por eso es importante que los esfuerzos del Gobierno Federal de nuestro país en materia de infraestructura se centren en mejorar estas características, como parece que está siendo el caso en el Plan México.