En el Paquete Económico recientemente presentado por la Secretaría de Hacienda (SHCP) al Congreso se incluyen modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Estas modificaciones crean o aumentan el impuesto que se paga por tabacos labrados, juegos con apuestas y sorteos, videojuegos con contenido violento y bebidas saborizadas. El impuesto a este último rubro muestra un desdén muy claro hacia las familias más pobres y su bienestar.
En la exposición de motivos del impuesto a las bebidas saborizadas se mencionan diversas razones por las que sería deseable reducir el consumo de las mismas: México se encuentra entre los países con los niveles más altos de consumo de bebidas saborizadas, existe una elevada prevalencia de sobrepeso y obesidad en México en todos los rangos de edad, el consumo de este tipo de bebidas aumenta el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles y el consumo de bebidas azucaradas está por encima de la recomendación internacional de la Organización Mundial de la Salud.
Como respuesta a lo anterior, la Secretaría de Hacienda propone un aumento en el impuesto por litro a bebidas saborizadas de $1.6451 a $3.0818, un aumento del 87%. Con esto esperan reducir su consumo y lograr beneficios de salud en México. En el documento presentado al Congreso se afirma que “al reducir el consumo de bebidas saborizadas, la población dejaría de destinar parte de sus ingresos en adquirir esos bienes y como resultado podría mejorar la calidad de su dieta y por ende el bienestar familiar, al destinar estos recursos para la compra de alimentos nutritivos como frutas y verduras”.
Todo suena muy bonito. Pero cabe preguntarse si las familias cambiarán el consumo de bebidas saborizadas por el de frutas y verduras. ¿Las familias mexicanas realmente dejarán de consumir refrescos por un aumento en el precio? Nuestra experiencia diaria parece decirnos que no. Además, la evidencia empírica tampoco le da soporte al argumento de la SHCP. Este argumento ya lo hemos visto fracasar en México después de la introducción de un impuesto similar en 2014.
En el Paquete Económico de 2014 se impuso el impuesto de un peso por litro a bebidas azucaradas. En ese momento, la exposición de motivos era similar a la actual, se enfatizaba la salud y la preocupación por la obesidad, principalmente la infantil. Esto era una hipocresía y una falta de interés por el bienestar de los más pobres en 2014 porque la SHCP tenía motivos para dudar acerca de la reducción en el consumo de bebidas azucaradas, pero le ofrecía una excelente oportunidad de recaudación. Ahora es peor, porque se tiene evidencia del fracaso de esa política para lograr los objetivos que se plantean.
Lo primero que hay que reconocer es que el productor de un bien puede trasladar el impuesto al consumidor (a través de mayores precios) si la cantidad demandada de su producto no cambia mucho al aumentar el precio (en términos técnicos hablamos de una demanda inelástica). De esta forma, si el consumo de refrescos no disminuye significativamente al aumentar el precio lo que veremos será que el consumidor pague todo el impuesto a través de un sobre precio. Esto es justamente lo que pasó en 2014. De acuerdo con un estudio de Raymundo Campos y Eduardo Medina, el aumento de precio por litro de refresco en México en 2014 fue de 1.12 pesos. Es decir, el consumidor pagó todo el impuesto y, además, pago 12 centavos adicionales a la empresa refresquera.
Lo anterior sugiere que la demanda por refresco es poco sensible al precio en México. Esto lo confirma un documento que estudia también el efecto del impuesto en 2014. Los autores dividen las bebidas saborizadas en precio alto, medio y bajo (por litro) y encuentran que sólo se redujo el consumo de las de precio medio. Lo más relevante es que las bebidas de precio por litro más bajo no tienen una reducción en su consumo, aunque representan el 59% de las ventas de este tipo de bebidas.
La evidencia es clara y la SHCP debe conocerla. El impuesto a bebidas saborizadas no reducirá su consumo que se concentra en las bebidas con menor precio por litro en México. Esto significa que las familias más pobres, aquéllas que proporcionalmente destinan una mayor proporción de su ingreso en este tipo de consumo, se verán afectadas de mayor manera. Estas familias tendrán un ingreso disponible menor y se verán obligadas a dejar de consumir otros productos y servicios que requieren. El gobierno de México implementa este impuesto con un interés exclusivamente recaudatorio sin importarle que afectará significativamente el bienestar de las familias más pobres del país.