En las últimas dos semanas hemos visto revisiones a la baja en las calificaciones de la deuda soberana, de las empresas públicas y de los bancos de desarrollo. ¿Por qué seguimos perdiendo niveles en la calificación?, ¿Qué se puede esperar hacia delante? Y ¿Qué consecuencias podríamos tener de perderse el Grado de Inversión?
México obtuvo el Grado de Inversión en el año 2000, 28 años después de haber caído en default de su deuda. México fue considerado por muchos años uno de los países emergentes con mayor estabilidad macroeconómica, un ejemplo a seguir. Disciplina fiscal relativa, autonomía del banco central, integración comercial con Estados Unidos, un manejo impecable y prudente de la deuda pública, y reformas estructurales hacia una mayor libertad y mayor productividad permitieron conservar el llamado “Grado de Inversión” por más de dos décadas.
Pero en los últimos siete años las calificaciones de la deuda soberana han estado revisándose a la baja gradualmente. Hace dos semanas S&P, quien nos tiene en dos escalones arriba del Grado de Inversión, anunció que puso en perspectiva negativa esa calificación, con lo que se eleva la probabilidad de que nos degrade en por lo menos un escalón dentro de algunos meses. Moody’s, la semana pasada, decidió bajar la calificación soberana de México a “Baa3”, el último escalón antes de perder el grado de inversión, con perspectiva estable. Fitch Ratings mantiene al país en BBB-, también el último nivel del Investment Grade, con perspectiva estable.
El hecho de que dos calificadoras ubiquen a México en el último escalón refleja que el riesgo dejó de ser teórico. El margen de maniobra se ha reducido de forma significativa.
El principal foco de preocupación es Pemex. La petrolera mantiene una de las cargas de deuda más altas del mundo dentro de las empresas petroleras estatales y depende crecientemente del respaldo gubernamental. Para los mercados, gran parte de la deuda de Pemex ya se percibe como deuda soberana implícita. Cada apoyo financiero del gobierno presiona las finanzas públicas y limita el margen fiscal del país.
Además México no crece. Una economía con bajo crecimiento tiene mayores dificultades para aumentar ingresos tributarios; estabilizar deuda y absorber mayores costos financieros. El país mantiene una recaudación fiscal reducida, mientras el gasto público es cada vez más rígido por las pensiones, los programas sociales, los intereses y los rescates financieros.
El Gobierno Federal no quiere hacer una reforma fiscal antes de las elecciones intermedias del 2027, por lo que de concretarse, probablemente sería recaudatoria para tener efectos en el 2028. Y la duda sería: ¿Qué tanto más puede recaudarse si la economía no crece, y la economía informal gana terreno? Tampoco esta fácil seguir reduciendo el gasto cuando en los últimos siete años los servicios básicos del Estado se han deteriorado como son los de la Salud, la Educación, la Seguridad y la Impartición de Justicia.
México conserva fortalezas importantes. Somos el principal socio comercial de la economía más grande del mundo; contamos todavía con un banco central relativamente autónomo; una deuda pública mayoritariamente denominada en moneda local; un sistema financiero bien capitalizado, y una relación de reservas internacionales a deuda externa envidiable. Hoy, la deuda externa del Gobierno Federal más la de Pemex asciende a cerca de 235 mil millones de dólares. Las reservas internacionales en el Banco de México están en 255 mil millones de dólares. Todo esto hace poco probable una crisis financiera similar a la de 1982 o de 1994.
El escenario más probable hoy no parece ser una pérdida inmediata del Grado de Inversión, sino un deterioro gradual fatal entre 2027 y 2028 si continúan aumentando la deuda pública, el costo financiero y las presiones derivadas de Pemex.
Las consecuencias serían relevantes: muchos fondos internacionales tienen prohibido invertir en deuda considerada especulativa. A diferencia de Brasil que perdió el grado de inversión en el 2015, si México perdiera el grado de inversión podría sufrir un mayor impacto, al producirse ventas automáticas muy fuertes de bonos gubernamentales. La percepción de que perdamos esa categoría obligaría a los inversionistas institucionales internacionales a vender los títulos y pasar los recursos a dólares, lo que puede ocurrir en cuestión de microsegundos, lo que dispararía las tasas de interés en pesos, y el tipo de cambio, encareciendo el crédito empresarial, el crédito a las familias y el financiamiento público, generando un círculo vicioso. Solo el crecimiento económico puede evitar la catástrofe.