En esta época de efervescencia política, en donde día a día sufrimos un torrente colosal de propuestas electoreras, los candidatos ofertan sus promesas para captar votos. Aunque también se deja ver la guerra sucia, las noticias fake, las descalificaciones y las filtraciones de lo obscuro, de lo corrupto, y más tristemente de lo criminal, que ahora está más expuesto a la luz del sol, como nunca antes se había visto en nuestro país. Detrás de todo esto, no se dejan ver tan diáfanamente las carencias de las que adolece nuestro país en su superestructura. En el marco conceptual en el que se suceden los gobiernos, y en el que transita nuestra aún endeble democracia.
Esta época es también un lapso propicio para la reflexión. ¿Qué tipo de país queremos heredar a nuestros descendientes?
La evidencia histórica global nos demuestra que un país o una región suelen acceder a un mayor grado de desarrollo si, entre otras cosas, logran una visión de largo plazo. Si llegan a consensos sobre objetivos de largo alcance más allá de las diferencias ideológicas, y de quienes vayan siendo los dirigentes o de la conformación de los congresos en distintos momentos.
En el caso de México, aún y cuando tenemos desde nuestra Constitución un marco normativo para la planeación, y hemos tenido algunos gobiernos que, en el pasado, han tomado en serio el ejercicio de la planeación democrática, en la práctica, la planeación se hace más como un trámite o requisito para cumplir con la Ley que como un verdadero y sincero esfuerzo de planeación, que sea la guía de actuación del gobierno en turno.
La Constitución nos marca en su artículo 26 que cada gobierno debe elaborar un Plan Nacional de Desarrollo (PND), el cual se elabora de acuerdo con lo establecido en la Ley de Planeación. De este plan sexenal surgen planes sectoriales como el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (Pronafide), que establece las estrategias de financiamiento para poder cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo; o programas sobre salud, educación, el campo, seguridad, etcétera.
Pero aún peor, es el hecho de que estas leyes se crearon en el entorno de la dictadura de partido, en donde podían sucederse gobiernos sexenales del mismo partido, con visiones e ideologías similares. Lo que sucede con la alternancia es que las políticas, los programas y las obras hechas en los gobiernos salientes suelen ser cancelados o destruidos por los siguientes gobiernos, nada más por el hecho de ser productos de la administración anterior.
Ahora tenemos las contiendas de dos principales alianzas de partidos, ambas están presentando sus ‘plataformas de campaña’, que tendrán que ser parte de sus ‘programas de gobierno’. En las democracias semiparlamentaristas, las alianzas de partidos presentan en las campañas sus programas de gobierno a la sociedad, los cuales se comprometen a cumplir, al ganar las elecciones y formarse el gobierno, desde el Congreso, mediante la mayoría legislativa alcanzada con los votos. Pongo todo esto en la mesa para evidenciar la ausencia de un marco regulatorio adecuado a nuestra realidad vigente de la alternancia del poder.
A manera de ejemplos conviene destacar a los planes quinquenales de China, del que derivan diversos planes estratégicos como el programa de la Nueva Ruta de la Seda, en donde intervendrán cerca de 70 países, para proyectar a China como la futura potencia comercial y política mundial. En la Unión Europea se destacan los distintos planes estratégicos que pretenden alcanzar metas concretas de largo plazo en distintos aspectos. El muy exitoso sistema de planificación de Corea del Sur, o el de los países nórdicos.
Es evidente que México requiere una modificación radical en el sistema de planificación, que posiblemente requiera iniciar con un cambio constitucional en el artículo 26 para agregar al enfoque sexenal de la planeación, el enfoque de largo plazo.
En algunos países existen dependencias o agencias que dependen del Congreso o del Estado, especializados en la planeación, los cuales coordinan los esfuerzos para la formulación de planes estratégicos sectoriales, con la participación muy activa de las universidades y de las organizaciones del sector privado. De acuerdo al mandato que hoy tiene el INEGI podría ser uno de sus mandatos expresos para no generar mayor burocracia.
El gran reto a resolver es cómo podemos, en un país dividido como el que tenemos ahora, lograr acuerdos más allá de las ideologías, y ponernos de acuerdo en los consensos que debemos lograr en diversos temas, como es en la educación; qué metas concretas debemos de lograr en el nivel educativo mínimo de la población, idiomas, capacidades, etcétera. Y lo mismo en salud, en tecnología digital y telecomunicaciones, en energía, en seguridad, en Estado de derecho. Es la sociedad civil la que puede lograr avanzar en este importante asunto, lo que puede ser la diferencia entre un país exitoso, desarrollado o un país en la miseria y el atraso.