Cuando escuchamos hablar de controles volumétricos, lo primero que viene a la mente son las grandes petroleras, las gasolineras o las distribuidoras de hidrocarburos. Sin embargo, la realidad es que esta obligación fiscal va mucho más allá. Hoy en día, cualquier empresa que consuma gas natural o petrolíferos en ciertas cantidades puede verse alcanzada por estas reglas, aun cuando su actividad principal no tenga nada que ver con la industria de los combustibles.
¿Y qué significa esto en la práctica? Que un restaurante que utiliza gas natural en su cocina, un hotel que lo ocupa para calderas y sistemas de agua caliente, una fábrica que lo requiere en sus procesos productivos, o incluso un hospital con instalaciones fijas para recibir gas natural, pueden estar sujetos a reportar ante el SAT cuánto combustible reciben, almacenan y consumen.
De acuerdo con la normatividad vigente, se consideran sujetos obligados aquellos contribuyentes que consumen más de 5 mil gigajoules de gas natural en un año, o más de 75 mil 714 litros de petrolíferos en un solo mes. Dichos umbrales, aunque parecen lejanos para un pequeño negocio, son alcanzados con relativa facilidad por empresas medianas o grandes que dependen del gas natural para operar día con día.
Cumplir no se limita a entregar un reporte: la regulación establece obligaciones específicas que van desde la presentación de reportes diarios y mensuales en formato digital con entradas, salidas y existencias de combustibles, hasta el uso de equipos de medición calibrados conforme a la norma. También se exige contar con un dictamen de laboratorio sobre el tipo y calidad del producto, implementar un sistema informático que resguarde la información de mediciones y facturas, y obtener la certificación de un tercero acreditado que avale la correcta operación de los controles volumétricos.
El SAT, consciente de la importancia de este tema en el combate al robo de combustibles, ha puesto en marcha un programa de revisión para identificar a quienes cumplen y sancionar a quienes no lo hacen. Las multas tampoco son menores: la sanción mínima por omitir el envío de un reporte mensual ronda los 40 mil pesos por cada omisión, y si la falta se repite durante varios meses, el monto se acumula rápidamente. A ello se suman las sanciones por no contar con controles volumétricos adecuados, que pueden alcanzar hasta 5 millones de pesos por instalación. Esto significa que, en casos extremos, las multas podrían llegar a superar los 20 millones de pesos por cada instalación de recepción de gas natural, una carga financiera capaz de comprometer seriamente la estabilidad de cualquier empresa. En escenarios más graves, el incumplimiento incluso puede derivar en la cancelación de sellos digitales —lo que en la práctica implica dejar de facturar y detener operaciones— o hasta en responsabilidades de carácter penal.
Ante estas medidas, varias compañías buscaron ampararse, alegando que se trataba de cargas excesivas. No obstante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió recientemente que estas disposiciones son constitucionales, pues forman parte de una estrategia de interés nacional para combatir el mercado ilícito de combustibles. Según el criterio de la Corte, los controles volumétricos no solo ayudan al fisco a tener mayor claridad sobre los consumos, sino que también cumplen un objetivo social relevante: reducir el huachicol.
El mensaje es claro: los controles volumétricos no son un tema exclusivo de Pemex, de las gasolineras o de las empresas del sector de hidrocarburos. Son una realidad que puede alcanzar a sectores tan diversos como la hotelería, el sector restaurantero, la industria manufacturera o los servicios de salud. Aunque la actividad principal de una empresa no esté relacionada con los hidrocarburos, el simple hecho de consumir gas natural o petrolíferos en volúmenes relevantes puede convertirla en sujeto obligado.
Por eso, más que un asunto técnico o lejano, se trata de un tema práctico y urgente. Si tu empresa utiliza combustibles en sus operaciones, lo recomendable es revisar cuanto antes si tus consumos te colocan dentro de esta obligación y, en caso de duda, asesorarte con un especialista. Prevenir siempre será más barato que enfrentar sanciones que, en poco tiempo, pueden convertirse en un verdadero dolor de cabeza financiero.