El jueves pasado, los integrantes del Consejo Mexicano de Negocios, presidido por Antonio del Valle, tuvieron una reunión con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En ese encuentro, promovido entre otros por Alfonso Romo, se estableció que existiría un diálogo tanto en torno al tema de la reforma eléctrica como respecto al llamado ‘decretazo’ es decir, al acuerdo a través del cual el ejecutivo exentó a buena parte de la obra pública de todos los requisitos informativos y regulatorios que deben cumplir las obras de infraestructura, de acuerdo a los términos legales vigentes. ¿En qué medida este diálogo puede significar un cambio en la posición del ejecutivo respecto a esos temas? En el caso de la reforma eléctrica que es probablemente la preocupación principal del sector privado en este momento, no está claro hasta dónde podría cambiar la posición de la presidencia. En los pasillos tanto del Palacio Nacional como de San Lázaro, existe la versión de que bien podría llegar otra iniciativa diferente a la que originalmente se envió, incorporando en ésta algunas de las preocupaciones del sector privado o bien se podrían hacer por parte de Morena algunas modificaciones a la iniciativa que ya se encuentra en la Cámara, para quitar algunas de los temas que más preocupación causan. Pareciera que existe en el gobierno federal la percepción de qué no van a contar con el respaldo del PRI y quizás incluso de algunos integrantes del Partido Verde, y por lo mismo no se ve viable sacar adelante la iniciativa energética en los términos que se formuló, pues requiere mayoría calificada. Esto no significa que el gobierno federal vaya a renunciar a la expectativa de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a costa de las empresas privadas. Sin embargo, el tema de fondo es que muchos empresarios, incluso cercanos al presidente de la República coinciden en señalar que si no se modifica esta iniciativa, en los próximos años podríamos enfrentar falta de energía eléctrica para las actividades industriales y comerciales, además de que aumentaría de precio. En realidad, el presidente de la República no arrancó su administración con una idea preconcebida en el caso del sector eléctrico. López Obrador construyó su visión del sector energético sobre todo apuntando al tema de los hidrocarburos. En el tema petrolero es poco probable que el presidente cambie su percepción. En el ámbito eléctrico, la visión que hoy domina en materia proviene principalmente del director de la CFE, Manuel Bartlett, quien ha tenido la habilidad de convencer al presidente de que sus perspectivas son correctas. Bartlett, no obstante, no tiene todo un respaldo generalizado en el propio gobierno. Tanto la Secretaría de Hacienda como la Secretaría de Economía saben que si prevalece el criterio de la CFE y la reforma en el sector eléctrico pasara como está formulada, implicaría un golpe terrible a la inversión privada y a la confianza de los inversionistas internacionales.
Es claro que ni Tatiana Clouthier ni Rogelio Ramírez de la O son defensores fervorosos de esa reforma.
Han tenido que expresar su respaldo, pero cuando lo han hecho, claramente ha sido de una manera forzada y no suenan nada convencidos. Sin embargo ni los titulares de Economía ni de Hacienda van hacer nada en contra de la visión expresa planteada por el presidente de la República. La única manera a través de la cual López Obrador puede cambiar de perspectiva es considerando las perspectivas de personas que él considere honestas y autorizadas, y que le refieran otros caminos para fortalecer a la CFE sin que necesariamente tenga que haber una reforma constitucional y sin todos los cambios que la iniciativa propone. López Obrador no entiende de elementos técnicos que tienen que ver con la industria energética, pero sí percibe su significado político. El riesgo que existe es que considere que dado, que de acuerdo con las encuestas, una mayoría respalda la reforma, insista en tratar de realizarla para dar satisfacción a quienes apoyan ese cambio constitucional.
Y, por lo tanto, que haga hasta lo imposible por cambiar la posición del PRI para sacar adelante la propuesta en los siguientes meses. Ojalá no sea el caso, pues de efectuarse la reforma en los términos propuestos, nos podríamos encaminar a una crisis financiera debido al clima de desconfianza que se produciría entre inversionistas de todos los sectores.