La reciente reducción temporal de 20% en el suministro de gas natural de Texas a México, por trabajos de mantenimiento y problemas operativos en la infraestructura del estado sureño, encendió una alerta. Las declaraciones del director de Cenagas (Centro Nacional de Control de Gas Natural), Cuitláhuac García, en el sentido de que México no dispone de capacidad de almacenamiento, y de que “con varias estrategias… podríamos tener gas hasta tres días si hubiera un corte”, exhiben una vulnerabilidad estratégica desatendida durante lustros.
El episodio revela una interesante paradoja: mientras nuestras autoridades han convertido la soberanía en una bandera política, han permitido que se profundice una dependencia energética estructural, sin construir los mecanismos necesarios para enfrentar una interrupción del suministro. Además, el problema va más allá del sector energético. Está en juego la seguridad económica de México y, por extensión, la de América del Norte.
Las cifras no dejan espacio a dudas. México importa de Estados Unidos aproximadamente seis mil 800 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, equivalentes a cerca de tres cuartas partes de nuestro consumo. Más de la mitad de la electricidad mexicana se genera utilizando este combustible, indispensable también para nuestras industrias automotriz, siderúrgica, química y manufacturera. Además, alrededor de 90% del gas estadounidense que ingresa por gasoducto a México cruza por corredores de Texas. Nuestra exposición es elevada y está concentrada geográficamente.
Ahora bien, esta integración nos ha generado importantes beneficios. El gas estadounidense, abundante y relativamente barato gracias a la revolución del shale, ha permitido reducir costos, atraer inversiones y elevar nuestra competitividad industrial. México disfruta de una ventaja excepcional: acceso terrestre a uno de los mayores centros productores de gas del mundo. Sería absurdo renunciar a ella en nombre de una autosuficiencia energética costosa e innecesaria.
Sin embargo, esta ventaja también conlleva riesgos considerables. Una interrupción prolongada podría paralizar nuestras centrales eléctricas, fábricas y cadenas de suministro. La tormenta invernal de Texas de febrero de 2021 nos mostró que una emergencia exterior nos puede generar apagones y pérdidas económicas considerables. Cinco años después, México sigue sin contar con una capacidad de almacenamiento mínima para enfrentar una contingencia de gran magnitud.
¿Cómo llegamos a esta situación? El gobierno de AMLO confundió nuestra soberanía energética con el fortalecimiento de Pemex y la CFE. Su administración impulsó infraestructura de transporte y generación, pero no revirtió la caída de la producción nacional de gas ni acumuló reservas estratégicas. Su rechazo al llamado fracking (o fracturación hidráulica) limitó una posible alternativa de producción. Más grave aún, su gobierno no materializó la política de almacenamiento estratégico formulada en 2018. Ni siquiera la crisis de Texas de 2021 consiguió convertir esa vulnerabilidad en una prioridad nacional.
La presidenta Sheinbaum parece haber comprendido mejor la naturaleza del problema. Su administración ha anunciado proyectos para incrementar la producción nacional, evaluar la explotación de yacimientos no convencionales, ampliar las energías renovables y mejorar la eficiencia energética. También ha incorporado el almacenamiento estratégico a sus programas de planeación. Son decisiones pertinentes, pero todavía insuficientes. El problema es que aumentar la producción nacional puede tomar años, mientras que nuestra vulnerabilidad es inmediata. Por eso, la estrategia gubernamental debería enfocarse menos en cumplir metas de producción y más en construir capacidades para mantener la economía a flote en caso de una interrupción del suministro.
La prioridad en el corto plazo debería ser la construcción de reservas estratégicas de gas. Simultáneamente, deben diversificarse rutas de abastecimiento, interconectar las redes de gasoductos, asegurar fuentes alternativas de importación y establecer protocolos de emergencia. También deberían identificarse aquellos corredores industriales cuya paralización ocasionaría pérdidas mayores, y garantizarles mecanismos de respaldo. Estas acciones podrían reducir nuestra vulnerabilidad sin sacrificar los beneficios de importar gas barato.
Pero necesitamos también dar un paso más ambicioso: la negociación de un Acuerdo de Seguridad Energética para América del Norte. Su propósito sería establecer mecanismos de prevención y respuesta ante contingencias, protección física y cibernética de infraestructura crítica, intercambio de información, coordinación de reservas y protocolos de abastecimiento ante emergencias. No se trataría de exigir garantías incondicionales de suministro, pero sí de construir compromisos que reduzcan riesgos compartidos.
La justificación es económica y estratégica. Nuestra seguridad energética y la seguridad industrial estadounidense están fuertemente entrelazadas. Protegerlas conjuntamente mediante un acuerdo bilateral (ampliable a Canadá) fortalecería la competitividad regional frente a otras potencias industriales. En la actualidad, la soberanía energética no consiste en producir nacionalmente cada pie cúbico de gas, ni en concentrar las decisiones estratégicas sobre inversión, producción, transporte y comercialización en empresas estatales. Consiste en garantizar que nuestra economía pueda seguir funcionando cuando fallen los suministros, las infraestructuras o los mercados.
México no necesita independizarse energéticamente de Estados Unidos; necesita dejar de ser vulnerable a sus interrupciones. La verdadera soberanía no consiste en prescindir de nuestros socios, sino en disponer de la capacidad para resistir las crisis sin quedar a su merced.