La apabullante derrota del Partido Republicano en las elecciones intermedias de Estados Unidos abre un escenario inesperado para la relación bilateral en materia de seguridad. Los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso y obtuvieron victorias en estados tradicionalmente republicanos. El presidente Donald Trump enfrentará, durante la segunda mitad de su mandato, contrapesos políticos mayores. Para México, este reacomodo representa una ventana de oportunidad que convendría aprovechar cuanto antes. Sin embargo, sería un error interpretar los resultados electorales como el anuncio de un cambio radical en la política de seguridad estadounidense hacia México.
El combate al fentanilo, al crimen organizado transnacional y a las redes financieras ilícitas seguirá siendo una prioridad compartida por republicanos y demócratas. Las agencias estadounidenses continuarán utilizando sus capacidades de investigación, inteligencia y persecución penal contra los cárteles y las mafias mexicanas. También continuarán las tensiones entre ambos países por solicitudes de extradición, sanciones financieras o por presuntos vínculos entre autoridades mexicanas y líderes criminales. Lo que sí cambiará aparentemente será el contexto político en el que se tomarán tales decisiones: un Congreso con mayor voluntad y alcance de escrutinio efectivo, nuevos interlocutores y quizás una mejor disposición para discutir mecanismos de cooperación que estén menos sujetos a decisiones unilaterales.
A México debe quedarle claro que la oportunidad no consiste en debilitar la actual presión estadounidense, sino en transformar una relación esencialmente reactiva en una asociación estratégica más equilibrada e institucionalizada. La cooperación operativa ha demostrado una notable resiliencia frente a las tensiones políticas. Sin embargo, la relación sigue siendo vulnerable a los desacuerdos entre mandatarios, a decisiones improvisadas y a la falta de reglas suficientemente claras. El nuevo equilibrio político en Washington podría facilitar una discusión más amplia y ambiciosa sobre los objetivos, los instrumentos, así como los alcances y límites de la colaboración bilateral.
La transformación política de Texas merece atención especial. La victoria de Gina Hinojosa, primera mujer latina elegida gobernadora del estado, puso fin a más de tres décadas de gobiernos republicanos. Su llegada representa una oportunidad para revisar las prioridades de cooperación fronteriza. Texas comparte con México una extensa frontera, una extraordinaria integración industrial y energética, y algunos de los corredores comerciales más importantes de América del Norte. Su seguridad depende, en buena medida, de lo que ocurra en Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.
Sería un error suponer que la identidad latina o la afiliación demócrata de Hinojosa garantizarán una relación más favorable para México. Pero su administración podría mostrarse receptiva a una agenda que vincule seguridad pública, combate al tráfico de armas, inteligencia financiera y protección a las cadenas de suministro y a los corredores logísticos y comerciales. Si ese fuera el caso, Texas podría convertirse en un laboratorio de cooperación transfronteriza que posteriormente podría extenderse a otras regiones de América del Norte. Los gobiernos de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua deberían buscar, desde ahora y con el aval político del gobierno federal, vías de diálogo con el equipo de la gobernadora electa.
El gobierno federal mexicano también debería tomar la iniciativa. En lugar de esperar nuevas exigencias de Washington, la mesa está puesta para que presentemos una propuesta de operaciones coordinadas en contra de las organizaciones criminales más violentas y extorsivas, mayor intercambio de información e inteligencia, y protección más sofisticada a las cadenas y corredores. Todo esto acompañado de mecanismos conjuntos de supervisión y evaluación. La prioridad debería centrarse en impedir que las organizaciones puedan regenerarse una vez que sus capacidades operativas, financieras y territoriales sean mermadas.
Nuestro calendario electoral de 2027 le da el carácter de urgente a esta agenda. La renovación de la Cámara de Diputados, numerosos gobiernos municipales y 17 gubernaturas abrirá oportunidades a la infiltración criminal de campañas y gobiernos municipales. Las autoridades deberían fortalecer preventivamente los mecanismos de protección de candidatos, la fiscalización de recursos y la investigación de redes criminales con vinculaciones políticas. La cooperación con Estados Unidos podría robustecer este esfuerzo, siempre bajo reglas claras y pleno respeto a las atribuciones de nuestras instituciones.
Pero la oportunidad más importante trasciende la coyuntura electoral. México debería proponer la negociación de un Acuerdo de Seguridad para América del Norte, con Estados Unidos y Canadá, que establezca principios compartidos, responsabilidades recíprocas, mecanismos permanentes de coordinación, salvaguardas de soberanía y procedimientos para resolver controversias. Una materia tan decisiva para el futuro de los tres países no debería quedar sometida a los estilos personales de sus gobernantes ni a los vaivenes electorales.
La seguridad norteamericana necesita instituciones duraderas, no acuerdos coyunturales entre administraciones pasajeras. Si los gobiernos carecen de iniciativa para emprender esta tarea, quizá entonces corresponda a la sociedad civil, a las universidades y a los centros de investigación colocar sobre la mesa la primera propuesta de un verdadero acuerdo trilateral en materia de seguridad.