El documento Presidential Determination on Major Drug Transit or Major Illicit Drug Producing Countries for Fiscal Year 2027, firmado por el presidente Donald Trump el 11 de septiembre para enviarlo al Congreso y publicado por la Casa Blanca cinco días después, contiene cuatro mensajes novedosos para México. El documento señala que nuestro país debe: 1) reforzar la integridad de sus cadenas de suministro; 2) promover una mayor participación de la iniciativa privada; 3) aumentar significativamente las inspecciones en sus puertos de entrada, y añade, además, que 4) la inversión mexicana en seguridad resulta insuficiente.
La referencia a las cadenas de suministro puede parecer secundaria dentro de un documento dedicado al narcotráfico. No lo es. Durante los últimos meses he señalado en estas páginas que diversas actuaciones de las agencias estadounidenses sugerían un cambio gradual en su estrategia: Washington parecía empezar a mirar los puertos, corredores logísticos, infraestructura energética y cadenas productivas mexicanas como componentes de la seguridad económica de América del Norte. Lo novedoso es que esa preocupación aparece ahora expresamente en un documento presidencial.
La mejor manera de entender la importancia de este cambio es imaginar a la economía de América del Norte como un cuerpo humano. México, Estados Unidos y Canadá serían sus grandes órganos; las empresas, sus tejidos, y las cadenas de suministro, su sistema circulatorio. Por ellas fluyen materias primas, componentes, mercancías, capital, información y servicios. Los puertos, carreteras, ferrocarriles, aduanas y cruces fronterizos serían sus arterias. Si una arteria crítica se obstruye, se contamina o queda bajo control de un tercero, todo el organismo puede resentirlo.
El primer mensaje de Washington es precisamente ese: hay que proteger esas arterias. La integridad de una cadena de suministro no consiste solo en impedir que entren drogas a Estados Unidos. También implica evitar que organizaciones criminales roben mercancías, extorsionen productores, infiltren empresas, corrompan funcionarios, controlen rutas o capturen nodos estratégicos de la economía.
El llamado huachicol fiscal ayuda a entender por qué Washington puede estar prestando creciente atención a este problema. Las investigaciones de la Fiscalía General de la República han descrito operaciones que utilizan empresas, importadores, agentes aduanales, operadores logísticos, documentación falsa y rutas marítimas y terrestres para introducir combustible y evadir impuestos. Investigaciones periodísticas han documentado, además, redes que habrían involucrado a empresarios y funcionarios y utilizado puertos y aduanas para introducir enormes volúmenes de combustible.
La lección es inquietante. El crimen organizado no necesita destruir una cadena de suministro para dañarla; también puede infiltrarla y, con ello, utilizarla. El comercio legítimo continúa fluyendo mientras las organizaciones criminales aprovechan su infraestructura para extraer rentas, introducir mercancías ilícitas o evadir los controles del Estado.
El segundo mensaje –la participación del sector privado– es quizá el más interesante. Washington parece reconocer que el Estado mexicano no puede supervisar por sí solo una economía tan compleja. Las empresas conocen a sus proveedores, transportistas, rutas, clientes e inventarios mucho mejor que cualquier autoridad. Pueden detectar cambios injustificados de proveedores, alteraciones de rutas, robos recurrentes o presiones criminales sobre sus transportistas antes de que esa información llegue al gobierno.
El sector privado posee, por tanto, una parte sustancial de la inteligencia necesaria para proteger las cadenas de suministro. Una empresa mexicana puede ser simultáneamente una unidad productiva y un sensor de seguridad económica. Las compañías dejarían de ser solamente sujetos que el Estado debe proteger para convertirse también en participantes de un sistema de alerta temprana.
El tercer mensaje es todavía más directo: Washington considera insuficiente el nivel actual de inversión pública mexicana en seguridad. El documento afirma que esas inversiones son insuficientes para sostener y ampliar las campañas contra las organizaciones criminales, sus finanzas y sus redes.
El caso de Michoacán ilustra la dimensión del problema. Cuando una amenaza obliga a suspender inspecciones indispensables para exportar aguacate, o cuando organizaciones criminales extorsionan a productores, transportistas o empacadoras, un problema mexicano de seguridad local puede transformarse rápidamente en un problema norteamericano de seguridad económica.
Estamos entrando en una nueva etapa. Durante décadas, la preocupación central de Washington fue impedir que las drogas producidas o transportadas desde México llegaran a sus consumidores. Ahora parece surgir una segunda preocupación: impedir que las organizaciones criminales penetren las arterias económicas que conectan a ambos países.
Ese puede ser el verdadero cambio. Para Washington, la seguridad de México empieza a confundirse con su confiabilidad como plataforma productiva de América del Norte. Un puerto infiltrado, una carretera controlada por criminales o una cadena exportadora sometida a extorsión ya no son solamente problemas mexicanos; son también vulnerabilidades de la economía estadounidense. La frontera entre la seguridad nacional de ambos países y la seguridad económica de América del Norte comienza a tornarse difusa.