Aterrizar de pie tras un vuelo en paracaídas y de inmediato echar a correr, es toda una exhibición de destreza y fuerza. Algo así, hizo la ministra Piña a partir de su llegada a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenía la alternativa de quedarse parada, acomodarse a la postura del Ejecutivo y argumentar, como de alguna manera lo hizo su antecesor, que de tal forma se protege a la Corte. Pero la ministra aterrizó con apoyos: los votos de los ministros que, quizá ya cansados de los ninguneos por parte de la presidencia anterior, la ungieron como presidenta.
La ministra tuvo que aterrizar parada y correr, porque la Corte conoce de casos de la mayor relevancia para la democracia mexicana. En los primeros meses de su presidencia, ha recibido impugnaciones por la omisión en la que ha incurrido el Senado en el nombramiento de los comisionados del INAI. Más de mes y medio sin que el órgano cuente con el quorum necesario, para poder sesionar y deliberar sobre los recursos de revisión que conoce. Una vulneración patente del derecho de acceso a la información. A la par de este entuerto, están los sendos decretos en materia político-electoral. Impugnaciones cargadas de elementos jurídicos, pero también con un contenido político explosivo. El presidente de la República ha señalado a la Corte, como esa otra instancia conservadora que impide que el pueblo tenga justicia.
Lo he escrito antes. Los ataques a los poderes judiciales son muy comunes por parte de aquellos liderazgos que buscan debilitar los contrapesos. Y la batalla pública entre estos dos poderes es tremendamente desigual, porque uno de ellos puede vociferar, dirigirse al público, vituperar, mientras el otro tiene que permanecer callado, porque su función no es apelar al público, sino proteger los derechos conforme están planteado en la Constitución. Esa desventaja es insalvable. No puede la ministra Piña, el ministro Pérez Dayán, el ministro González Alcántara o los demás, plantarse a mitad de la plaza pública para construir su arenga.
No. Los ministros y los jueces hablan de otra manera. Y la Corte me parece que la está encontrando. Por iniciativa de la presidencia ha habilitado un sitio dentro de su plataforma digital, dedicado al análisis constitucional de las reformas político-electorales. Para quienes hemos buscado vías para mejorar la transparencia de los poderes judiciales, esta iniciativa representa un hito, por la sustancia y por el mensaje. Frente a los ataques verbales y de otro tipo, la Corte responde con pedagogía.
Este sitio presenta en primer lugar una descripción clara, detallada y, en el mejor de los sentidos, pedagógica de la misión que tiene la Corte de vigilar que los poderes de la Unión actúen de conformidad con los principios y mandatos de la Constitución, y de los mecanismos que utiliza para ello.
El sitio sigue su recorrido con una cronología y descripción de la ruta que han seguido las reformas aprobadas recientemente mediante sendos decretos publicados en diciembre de 2022 y marzo de 2023. Refiere las etapas que han seguido las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales sobre ambos decretos recibidas por la Corte, con el apoyo de nutridas numeralias, buenas infografías y bases de datos con información relevante sobre los decretos y las impugnaciones presentadas.
Platicaba hace unos días con Enrique Seira, un destacado economista mexicano. Entre los varios e interesantes proyectos en los que participa, me mencionaba uno que apunta a construir cultura cívica entre los mexicanos. No consiste en restaurar las clases de civismo que nos tocaron a los de mi generación y a los de otras cercanas, sino en pensar en contenidos pertinentes para construir el sentido de ciudadanía y también de Estado. Este proyecto estaría diseñado con altos estándares y evaluado de la misma manera. Pedagogía sobre la civilidad, sobre la civilización, sobre los derechos, sobre las libertades. Qué sé yo... todo esto ya es elucubración mía, pero Enrique y sus colegas, así como las ministras y ministros, tienen un punto: nos hace falta pedagogía para sostener nuestra democracia, y mediante ella algo elemental sería enseñarnos que la Corte está para proteger los derechos de las minorías. Pertenecer a una minoría no implica perder derechos: tal es la esencia de una democracia constitucional.
Yo expreso mi más profundo respeto hacia los juzgadores que tienen la carga de sostener el derecho de esas minorías, susceptibles de sufrir abusos. De sostener nuestra democracia. Y les digo desde ahora que serán muy capaces de mirar a sus hijos a los ojos y de frente, y que podrán concluir con su trayectoria sabiéndose guardianes de la Constitución.
La autora es directora de México Evalúa.