A veces hace falta que el problema sea planteado desde afuera para que volvamos a mirar lo que adentro hemos normalizado. La acusación de Estados Unidos contra un gobernador mexicano en funciones no solo abre un expediente penal o diplomático. Abre una pregunta muy dura: ¿qué clase de arreglo político construimos cuando creíamos que transitábamos a la democracia?
La pregunta no busca quitarle ni tantito mérito a nuestro proceso de democratización. Al contrario, esta fue una victoria mayor. Fernando Escalante la llama “un acontecimiento absolutamente improbable”, y tiene razón: no era obvio que una clase política todavía vigorosa, con recursos, clientelas, capacidad de movilización y control territorial, aceptara reglas que restringían su poder. Eso no fue poca cosa.
Pero el PRI no era solamente una maquinaria electoral. Era una forma de organizar el poder. Era Presidencia, pero también gobernadores, sindicatos, organizaciones campesinas, empresarios, líderes locales, procuradurías, policías, permisos, castigos y favores. Era un sistema de intermediación que administraba conflictos, repartía beneficios, contenía rebeliones, negociaba ilegalidades y ofrecía protección.
La transición abrió la competencia por el poder, pero no logró sustituir todo aquello que el viejo régimen hacía para gobernar. Ese fue el punto ciego.
Por eso el caso de Rubén Rocha Moya remueve tanto. No puede leerse solo como una acusación individual. Tampoco solo como un dato más de tensión bilateral.
¿Qué tuvo que pasar durante tantos años para que la relación entre poder territorial, crimen organizado y justicia llegara a este punto? ¿Cuántas señales fueron desestimadas? ¿Cuántas redes se acomodaron a la alternancia? ¿Cuántos poderes y redes locales aprendieron a sobrevivir cambiando de partido, de discurso o de protector?
Ese es el problema. Donde antes había control político vertical, después hubo gobernadores más fuertes, fiscalías débiles, policías capturables, congresos locales subordinados y mercados ilegales en expansión. Donde no llegó el Estado de derecho, aparecieron o se fortalecieron otros poderes.
Frente a esto, es inevitable la pregunta: ¿puede haber democracia sin Estado funcional? Sebastián Mazzuca, profesor distinguido del Tec de Monterrey, ofrece una distinción útil: una cosa es el acceso al poder y otra el ejercicio del poder. La democracia regula lo primero: quién compite, quién gana, cómo se alterna.
El Estado regula lo segundo: cómo se gobierna, con qué capacidades, con qué límites, con qué autoridad sobre el territorio. América Latina, ha dicho Mazzuca, es una región de “mucha democracia y poca capacidad de Estado”.
Pero regreso a la pregunta y la respuesta es que es improbable. Y apunto lo que le he escuchado al profesor Mazzuca: la crisis de la democracia es en realidad una crisis de capacidades de Estado.
¿Qué se construye primero, Estado o democracia?
La experiencia internacional no ofrece una receta simple. Hay países que consolidaron capacidades estatales antes de democratizarse. Otros han intentado hacer ambas cosas a la vez. Mazzuca advierte que la idea de “primero el Estado” no basta como prescripción general: la democracia también puede ayudar a construir Estado, siempre que produzca incentivos para crear capacidades. Eso es lo que nos faltó.
México pudo haber hecho más en esa dirección. Había advertencias. Había experiencias estatales y municipales que mostraban dónde estaban los riesgos. Se sabía que México no se gobernaba solo desde Los Pinos. Se sabía que los gobernadores importaban.
Se sabía que las procuradurías eran instrumentos políticos. Se sabía que muchas policías estaban capturadas. Se sabía que buena parte del orden local descansaba en pactos informales.
¿Qué incentivos tiene la clase gobernante para construir un Estado que la limite? Muy pocos, si el costo de no hacerlo sigue siendo manejable. Un gobernador no pide mejores fiscalías si puede controlarlas. Un partido no fortalece contrapesos si vive de capturarlos.
Una mayoría no profesionaliza instituciones si puede usarlas como botín. La construcción de Estado solo se vuelve políticamente posible cuando el costo de la arbitrariedad supera el beneficio de conservarla.
La transición ocurrió porque una parte de la clase política aceptó un “hecho improbable”: limitar su control sobre las elecciones. La pregunta es si puede repetirse algo semejante ahora, pero en otro terreno: el de la construcción de capacidades de Estado.
No será por convicción. Será por presión, por crisis, por exigencia social, por costos económicos, por vergüenza internacional o por cálculo de supervivencia. Así suelen ocurrir las reformas importantes: cuando se vuelve más caro conservar el viejo arreglo que modificarlo.
La pregunta no es solo qué pasó con un gobernador. La pregunta es qué no hicimos para que tantos poderes territoriales crecieran sin contrapesos suficientes. Si queremos retomar el camino, habría que empezar por ahí: hacer de la construcción de Estado el nuevo proyecto para el país.