Debió causar mayor revuelo en la opinión pública porque, si lo vemos bien, es hasta extravagante. En 2020 el presidente de México instruyó al titular de la CFE a hacer compras de carbón de ‘emergencia’ a los productores de Coahuila, a los de la región de Sabinas, específicamente. El propósito era loable: en esa región se habían sentido de manera muy dura los estragos de la crisis. El presidente con la capa de héroe dio la instrucción y el director de la CFE, con la de subordinado, acató. Y compró casi dos millones de toneladas de carbón haciendo una adjudicación directa a 62 productores del mineral. El monto de estas operaciones ascendió a 2 mil millones de pesos. La compra debió hacerse bajo los estándares que impone la ley y las políticas de compra y anticorrupción de la empresa, pero a solicitud expresa del presidente, todo aquello valió dos pesos.
Este hecho tuvo escasa relevancia en la conversación pública mexicana. Lo recuperaron mis colegas del equipo de Regulación y Competencia de México Evalúa, porque llevan años dedicadas a analizar las prácticas de gobierno corporativo de las Empresas Productivas del Estado. No comenzaron a trabajar con este gobierno. Lo aclaro, porque hay quienes señalan que estamos para hacerle la vida difícil. Y eso no es cierto.
Nuestro estudio de las Empresas Productivas del Estado comenzó en el momento en que éstas adquirieron su nuevo estatus legal; es decir, cuando dejaron de ser empresas paraestatales. En ese momento debían comenzar a prepararse para participar en mercados competidos, y queríamos que fueran exitosas. Desde entonces, nuestro propósito ha sido aportar conocimiento para fortalecerlas. Por eso estudiamos la idoneidad del diseño de su gobierno corporativo y sus prácticas de transparencia, y hemos hecho un mapa de las instituciones del Estado que tienen el mandato de vigilar su operación. Las empresas productivas existen para ser rentables y para generar valor para los mexicanos. Ambos objetivos son posibles sólo bajo ciertas condiciones, las cuales caducaron en el momento en que el presidente se presentó como su dueño. Pobre de la CFE… tan lejos de los consumidores y tan cerca del presidente.
En esas andábamos cuando se conoció el acuerdo (#Decretazo) con el que el presidente pretende clasificar sus proyectos como de interés público y de seguridad nacional. Algo totalmente atrevido, porque sabemos de qué habla: del aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, el Corredor Transístmico, la refinería de Dos Bocas, proyectos de obras hidráulicas y otros diversos. Dígame usted si estos no son proyectos tan convencionales como los de sus predecesores (independientemente de su magnitud). De suyo nada los exenta de atravesar por los filtros de la regulación vigente. Así lo marca la ley. Podemos pasar a examen la regulación para que sea simplificada, nunca para que deje de tutelar los derechos que están de por medio.
No quiero hablar de abstracciones y por eso me limito a decirles que esas regulaciones obligan a la transparencia, un derecho que ostentamos por el hecho de ser ciudadanos. Quiero recordar además, que tales normas regulan los impactos concretos que los proyectos tienen sobre nuestra vida –también ligados a derechos–. Como el derecho que tenemos a que nuestros recursos se ejerzan con eficacia y eficiencia (artículo 134 constitucional), o a que conserven el medioambiente y beneficien a la comunidad en que radican.
Todo esto quiere ser eliminado por el presidente. Porque quiere esconder los enormes problemas en la planeación de sus proyectos. Y porque los dictámenes pendientes quizá revelen que son obras que destruyen valor en lugar de crearlo. Y que además de costos financieros, conllevan costos de oportunidad y los desnudan como son: malos proyectos de inversión.
Puedo imaginar la angustia de un gobierno que se siente forjador de una transformación atorado en la construcción de una refinería porque hay fallas técnicas no resueltas en su planeación. El todopoderoso atrapado en problemas de ingeniería no resueltos. A veces la realidad es muy cruel.
Lo que el presidente no ve es que con su decretazo está abriendo las puertas a la corrupción. Eso no es lo que el presidente desea, estoy segura, pero lo acabará provocando. Fuera de todo reflector, en la opacidad, los ejecutores de las obras tendrán abiertas las oportunidades para delinquir. Con el pretexto de la eficacia, dejarán de lado procesos competidos, evaluación de propuestas y esas cosas engorrosas que suelen, en los casos en los que se hacen bien, identificar al mejor oferente para un proyecto. La competencia (en todos los ámbitos) es la mejor aliada de los transformadores auténticos. Adjudicar sin concurso es el mejor modelo para sostener privilegios y el beneficio de los cuates. Con el decretazo está claro cuál es la opción del presidente.
Por el bien de AMLO, primero las reglas. Sin ellas, sin este elemento básico, sus proyectos pueden acabar hundidos en la corrupción. Y su transformación será una reiteración de lo mismo: un fraude para los mexicanos.
La autora es directora de México Evalúa.