Eduardo Guerrero lleva tiempo planteando una idea que debe tomarse en serio: la seguridad de México ya no puede pensarse sólo dentro de nuestras fronteras. Su propuesta de un Tratado de Seguridad para América del Norte parte de una intuición correcta: la integración económica avanzó más rápido que nuestra capacidad para enfrentar riesgos compartidos. Construimos reglas para mover mercancías, inversión y talento, pero no construimos algo equivalente para enfrentar al crimen, que también opera regionalmente.
Pero este planteamiento abre una pregunta más difícil. ¿Qué puede hacer una arquitectura regional de seguridad cuando el crimen no sólo cruza fronteras, sino que controla territorios? Es un hecho que ningún acuerdo con Estados Unidos va a reconstruir la autoridad del Estado perdida en Michoacán, Tamaulipas o Guerrero. Lo que sí puede hacer es algo muy importante: debilitar las condiciones que permiten al crimen gobernar algunas regiones de nuestro territorio. Puede, en pocas palabras, ayudar a quitarles poder.
Pero para quitarles poder hay que entender primero de dónde lo obtienen. Ese es el punto que suele perderse en la discusión pública mexicana. No basta decir que necesitamos cooperar más con Estados Unidos; hay que preguntarse cooperar para debilitar qué capacidades criminales. Durante mucho tiempo la respuesta pareció relativamente clara: si el problema era el trasiego de drogas hacia el norte, la cooperación debía concentrarse en interdicción, inteligencia, decomisos, control fronterizo y captura de liderazgos. La definición del problema ordenaba el tipo de cooperación posible.
Hoy esa definición se quedó corta. El trasiego sigue siendo relevante y el mercado estadounidense continúa siendo una pieza central de la ecuación. Pero las organizaciones criminales dejaron de ser sólo empresas ilegales que transportan drogas hacia el norte. Hoy cobran piso, controlan mercados locales, extorsionan productores, infiltran gobiernos municipales, intervienen en elecciones y administran economías legales e ilegales. El crimen dejó de ser sólo una ruta y se convirtió en una forma de administración del territorio.
Ese cambio obliga a revisar la cooperación desde otra lógica. Si el poder criminal ya no descansa sólo en mover mercancías ilegales, sino en controlar territorios y extraer rentas de la vida económica local, entonces no basta con perseguir cargamentos o capturar capos. Hay que golpear los recursos que hacen posible ese control: las armas que sostienen su capacidad de fuego, el dinero que financia expansión y corrupción, las redes logísticas que mueven bienes legales e ilegales, y los vínculos políticos que protegen a las organizaciones. Ahí puede tener sentido una arquitectura regional. No porque Estados Unidos pueda recuperar territorios por México, sino porque puede ayudar a debilitar los circuitos que alimentan a quienes los controlan.
Lo que sigue no debería ser un regreso al Plan Mérida, ni una cooperación dictada a partir de la intimidación desde Washington, ni una defensa retórica de la soberanía mexicana. Una nueva arquitectura tendría que hacerse cargo de tres asuntos que hoy están mal resueltos. El primero es la corresponsabilidad. México no puede enfrentar solo el flujo de armas, precursores y dinero que alimenta a las organizaciones criminales; pero Estados Unidos tampoco puede exigir resultados como si esos mercados no tuvieran origen, demanda o permisividad de su lado de la frontera.
El segundo es la capacidad de seguimiento. La cooperación no puede medirse sólo por reuniones o decomisos espectaculares. Tendría que medirse por investigaciones que lleguen a sentencia, activos que efectivamente se decomisen, redes financieras que se desmantelen, armas que puedan trazarse hasta sus compradores y capacidades que queden instaladas en instituciones mexicanas. El tercero es el territorio. Si el crimen ya no sólo trafica drogas, sino que controla economías locales, la cooperación puede ayudar a debilitar las redes que sostienen ese control; pero la recuperación de autoridad en territorio tiene que ser una tarea del Estado mexicano.
Ahí está el límite y, al mismo tiempo, la utilidad de una nueva cooperación. Estados Unidos puede ayudar a cortar flujos, seguir dinero, compartir inteligencia, presionar redes financieras y reducir la capacidad material de las organizaciones criminales. Lo que no puede hacer es ejercer autoridad cotidiana por México. No puede reconstruir policías municipales, fiscalías estatales, gobiernos locales ni presencia institucional en comunidades donde el crimen sustituyó funciones básicas del Estado.
Por eso la cooperación sólo tiene sentido si se entiende como esa palanca. Debe servir para quitarle al crimen parte del poder que le permite gobernar, pero también para obligarnos a mirar la tarea que no podemos delegar: reconstruir capacidad estatal en el territorio. La seguridad que México necesita no puede importarse. Pero tampoco puede construirse ignorando que el poder criminal se alimenta de circuitos regionales. Esa es la integración pendiente: una cooperación capaz de enfrentar lo que cruza fronteras, sin perder de vista que la autoridad se recupera adentro.