Edna Jaime

Libremos a las Pymes de la ‘ley de la selva’

La extorsión criminal, la burocrática y la carga administrativa someten a las empresas mexicanas a un estrés enorme. Y no podemos ser indiferentes a lo que les sucede.

Pienso que debemos entender a profundidad por qué se atrofia la capacidad de emprendimiento en nuestra sociedad. Por lo que vemos, esa capacidad existe; lo difícil es sostenerla. Luis de Calle ha escrito un libro muy bueno sobre la economía de la extorsión. En él plantea algunas de las razones por las que las empresas pequeñas no crecen y se hacen más productivas. Y es que, argumenta, estas empresas tienen una enorme carga burocrática que no las deja respirar, menos crecer. Por ello se quedan con un tamaño subóptimo y con productividad baja, lo que tiene un impacto en la calidad del empleo que generan, su productividad y el crecimiento del país. El efecto es bien dañino para todos.

Siguiendo con estas ideas, en México Evalúa hemos hecho dos cosas en la misma dirección: una, estudiar la extorsión criminal a las empresas; dos, cuantificar la carga burocrática que llevan a cuestas, sobre todo las empresas chiquitas y medianas: esa extorsión encubierta a golpe de regulaciones ‘necesarias’, que en muchos casos son pretexto para la corrupción.

El primer tema es tremendo. La extorsión criminal que se expresa en el cobro de piso a negocios establecidos implica que las organizaciones criminales tienen la capacidad para la extracción de rentas, equivalente a la que tiene la autoridad en el cobro de un impuesto. Hay entonces una rivalidad entre el crimen y la autoridad formal.

La extorsión criminal es un fenómeno bien escondido. Su cifra negra, esto es, lo que no se denuncia, es casi el 100 por ciento. En esto hay mucho miedo. La extorsión funciona porque los criminales hacen creíble la amenaza de una acción desmedida si hay denuncia ante la autoridad o no se paga el monto solicitado. Y la amenaza puede ser real; la ejecutan cuando es necesario. El negocio delictivo se sostiene en tanto esa amenaza sea creíble.

Tenemos un estudio en México Evalúa que analiza el caso de Ciudad Juárez. La ciudad vivió años de terrible violencia, que también atestiguaron la intensificación de otros delitos, como la extorsión. En este trabajo se identifican aquellas medidas o prácticas institucionales que permitieron darle vuelta al problema.

Los empresarios jugaron un papel clave. La sociedad civil juarense es resiliente y fuerte como pocas, y sabe comunicarse bien con las autoridades, las cuales respondieron con acciones e intervenciones innovadoras. Menciono las más importantes, como la creación de una unidad antiextorsión y todas las facilidades y protecciones para incentivar la denuncia. Se entrenó a operadores del sistema de justicia para que investigaran y sancionaran el delito, y también se trabajó en la creación de elementos de prevención situacional y ambiental. El punto de partida: funcionarios de la seguridad incorruptibles que pudieran ganarse la confianza de la gente.

Todo esto combinado nos ofrece el mensaje de que sí se puede. Ahí están las lecciones de política pública para que se adopten en otras localidades. La extorsión, silenciosa, no respeta giro, sector económico o región. Se extiende cuando la debilidad del Estado se lo permite. En las próximas semanas se estarán presentando sendos reportajes periodísticos, auspiciados por México Evalúa, que justamente dan cuentan de las distintas modalidades de la extorsión según regiones y actividades económicas. La extorsión está en todos lados (o en muchos más de los que imaginamos). En este momento hay empresarios que están sufragando una cuota para no ser atacados.

Este país no puede vivir sin el soporte de las pequeñas y medianas empresas, y a algunas se las come la extorsión.

Como también se las come una carga burocrática desmedida. Recién publicamos los resultados preliminares de un estudio elaborado con otras instituciones de la región latinoamericana en el que analizamos las horas que las empresas pequeñas y medianas en México dedican a trámites burocráticos. Los países seleccionados para el estudio son Brasil, Colombia, España, México y Venezuela. En el comparativo, México queda en la media tabla, pero sigue imponiendo una carga de casi 500 horas al año para el cumplimiento de trámites diversos.

La extorsión criminal, la burocrática y la carga administrativa someten a las empresas mexicanas a un estrés enorme. Y no podemos ser indiferentes a lo que les sucede. Me parece que debemos pensar en una agenda para las pequeñas y medianas empresas de este país, que se proponga en primer lugar atender estas problemáticas. El Estado mexicano debe responderle a los emprendedores que, sin ningún privilegio, se lanzaron al ruedo y encontraron un entorno agreste. Este universo de empresas es un motor del país, y su buen desempeño y desarrollo se traducen en productividad, en trabajos bien remunerados.

Esta es una ruta, fuera del ámbito de los programas sociales, que puede tener un impacto más decisivo en los niveles de ingreso de las familias, en la pobreza y la desigualdad. También podría traducirse en un componente de crecimiento y no en el elemento que rezaga la productividad del país. Aquí dejo estas ideas para la articulación de políticas públicas a su favor. Hay que atender lo básico antes de pretender reinventar el hilo negro.

La autora es directora de México Evalúa.

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