Vaya pleito se traen en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la máxima instancia de justicia en materia electoral. Es precisamente este órgano de la justicia mexicana quien tiene el mandato de dar cauce y pacificar los conflictos político-electoral. Pues hoy, estimado lector, esta institución no puede pacificar los propios y esto puede tener graves repercusiones.
Primero, porque le da argumentos al presidente sobre su disfuncionalidad, ahora que se ha propuesto lanzar una reforma electoral. El presidente puede decirnos: “ya ven, esa es una cueva de ladrones”. Lo llamativo es que no lo haya hecho antes. Estaba calladito porque los fallos le beneficiaban y al presidente del órgano electoral lo tenían bien controlado. Al parecer ese equilibrio se rompió.
Lo segundo, ligado a lo anterior, tiene que ver con la legitimidad. Si el árbitro la pierde, se abarata el costo de desafiarlo, ya sea desde el púlpito presidencial, o más abajito, la presidencia de los partidos o de políticos perdedores que busquen ganar con el conflicto.
El tribunal tiene casos abiertos de la mayor importancia derivados de la elección reciente. Un tribunal debilitado puede ser denostado, llevado al límite. Por eso los siguientes pasos que se tomen serán clave. Estos deberán ser cuidadosamente meditados y consensuados para minimizar el daño. La pregunta es si esto es posible en el clima de crispación que impera entre los integrantes de la sala superior de dicho órgano, que por ahora no han podido ponerse de acuerdo en quién lo presidirá. Ojalá que sus integrantes crezcan a la altura del reto que tienen enfrente. Porque veo que el presidente espera el tropiezo para intervenir y no creo que sea en el sentido de fortalecer su autonomía o desempeño. Como ha sido siempre, los partidos buscan capturar al órgano electoral. Hoy no es diferente.
Hay muchos temas que deben reformarse para asegurar un mejor desempeño del tribunal. Por eso es particularmente doloroso que haya quedado fuera de la reforma judicial recientemente aprobada. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) le dio la vuelta, no quiso complicar ‘su’ reforma incorporando una pieza ‘tóxica’ en ella. Pienso que era el momento idóneo y la persona correcta para hacerlo.
La mayor parte de las veces, las reformas no pueden ser totalizadoras ni siempre son las deseables. Pero en este caso hubiera valido la pena ser atrevido. La omisión no la carga el ministro en lo individual, los legisladores –salvo honrosas excepciones– sólo dieron trámite a la iniciativa. Uno de ellos se atrevió a incluir el transitorio de la extensión del mandato del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura buscando quedar bien con el jefe, pero ninguna idea sustantiva salió de la deliberación en el Congreso. Vaya, ni siquiera quisieron escuchar a quienes tenían cosas que proponer.
Varios aspectos de la reforma Zaldívar le hubieran caído muy bien al tribunal. Por ejemplo, el fortalecimiento de la carrera judicial. Asegurar que las personas que ocupen las distintas posiciones en su estructura (jurisdiccional o administrativa) cuenten con el perfil idóneo y sean seleccionados con criterios claros (un examen de oposición, por ejemplo). Las medidas contra el nepotismo previstas en la reforma para el resto del Poder Judicial, también debieron haber incluido al TEPJF. Y se le hubieran dado mayores funciones de control y vigilancia al Consejo de la Judicatura sobre el órgano de justicia electoral. De probarse la acusación de enriquecimiento ilícito que pesa sobre el magistrado Vargas, quedará evidenciado que los mecanismos de control interno, que incluye a su contraloría, pues no funcionaron (¿tendrán acaso investigación abierta sobre el funcionario?). Y es muy grave que las arcas estén abiertas y sin vigilantes efectivos para quienes son árbitros en los procesos de acceso al poder.
El tema más delicado (todos lo son), tiene que ver con la autonomía del árbitro. En cómo evitar su captura. No lo hemos logrado. Quienes han estudiado las sentencias o fallos de los magistrados en funciones afirman que en algunos de ellos hay clarísimas inconsistencias, vaya, que navegan según el viento y no según la ley. Y en lugar de ser imparciales, se convierten en parte de una facción. Porque así fueron electos, con base en una lógica de cuotas y el vicio de origen pesa.
Por esto es que la selección y nombramiento de los magistrados deben de ser robustos, contar con elementos adicionales a la concurrencia de los distintos poderes en el proceso. Hay ensayos exitosos, en los que intervienen terceros (una comisión de selección, por ejemplo) en la definición del perfil, los criterios de selección y hasta un listado de preselección. Nada de esto está perfeccionado, pero es necesario seguir insistiendo. Hay que romper con los mecanismos que hacen posible la captura.
Es difícil la coyuntura por la que atraviesa el TEPJF y delicada la situación del país. El peor momento para una crisis. Yo me encomiendo a los integrantes del tribunal que tienen sentido de Estado y una convicción democrática para que hagan lo mejor posible para superar el escollo. Mucho y muchos estamos de por medio.
La autora es directora de México Evalúa.