Durante décadas, Pemex sostuvo al Estado mexicano. Hoy ocurre lo contrario: somos los mexicanos los que sostenemos a Pemex. El cambio expresa el agotamiento de un modelo que convirtió a la empresa petrolera en fuente de recursos, en un símbolo político y brazo operativo del gobierno, pero nunca logró hacerla eficiente y sostenible.
Pemex fue durante años la gran caja fiscal del país. Sus ingresos financiaron una parte considerable del gasto público y permitieron posponer una reforma tributaria de fondo. Mientras la producción era alta y los precios del petróleo también, el arreglo parecía funcionar. Sin embargo, la extracción constante de recursos debilitó su capacidad de inversión, deterioró su infraestructura y acumuló pasivos laborales y financieros que hoy ahorcan a la empresa. Se gastó la renta petrolera sin construir una empresa sólida, pero tampoco un Estado fiscalmente fuerte.
La reforma energética de 2013 reconoció que Pemex no podía hacerlo todo sola. La empresa necesitaba capital, tecnología y capacidades que no tenía. La apertura ofrecía una oportunidad para redefinir su papel, pero la transformación quedó incompleta. No cambió de manera completa su gobierno corporativo, sus incentivos y los criterios de inversión. Tampoco su relación con el sindicato. Después vino un revés político que volvió a situarla en el centro de una idea de soberanía basada en el control estatal de casi toda la cadena en el sector.
El resultado es una empresa atrapada entre dos modelos. No opera plenamente como una empresa moderna, pero tampoco cuenta con los recursos para cumplir todas las funciones que la política le asigna. Conserva los costos del antiguo monopolio bajo la lógica política de control, sin aprovechar las ventajas de un mercado abierto.
En los últimos años, el gobierno ha reducido la carga fiscal a la empresa, ha aportado capital, cubierto vencimientos y canalizado recursos para atender sus obligaciones. Estas decisiones han evitado una crisis inmediata, pero no resuelven el problema de fondo. Sanear las cuentas no es sanar la empresa. Las transferencias no corrigen la caída de la producción, las pérdidas en refinación, la baja productividad, los accidentes, los adeudos con proveedores ni las inversiones definidas por criterios políticos antes que por su rentabilidad.
El problema tampoco desaparece cuando Hacienda absorbe parte de la deuda o de las obligaciones de Pemex. Simplemente, esa deuda cambia de ubicación. Sale del balance de la empresa y entra al balance del Estado. Y el Estado somos todos.
El verdadero costo de los apoyos a Pemex no aparece completo en sus estados financieros. También debe medirse por las prioridades que el gobierno pospone para financiarlos.
Pemex no solamente consume recursos. Consume capacidad de decisión. Condiciona el presupuesto, limita las prioridades del gobierno y obliga a dedicar tiempo y capital político a gestionar una crisis recurrente.
Es un hecho que no podemos abandonar a Pemex de un día para otro. Su tamaño, su deuda, sus trabajadores y su peso fiscal hacen inevitable la intervención del Estado. Pero respaldarla no debe significar rescatarla sin condiciones. Todo nuevo apoyo tendría que formar parte de un contrato transparente con la sociedad: recursos públicos a cambio de metas verificables, plazos, rendición de cuentas y cambios en la gestión. Una visión viable de futuro para la empresa.
También es indispensable decidir qué debe hacer Pemex y, sobre todo, qué debe dejar de hacer. La empresa tendría que concentrarse en las actividades donde puede generar valor, asociarse cuando carece de capital o tecnología y abandonar inversiones justificadas sólo por razones políticas.
Pemex explica buena parte de la historia económica de México. Fue protagonista de los años de alto crecimiento y de una economía cerrada; financió al Estado y contribuyó a construir instituciones, infraestructura y capacidades de las que todavía nos beneficiamos. Nos ha dado mucho, a pesar del manejo político, fiscal y corporativo al que ha estado sometida.
Pemex también puede tener un lugar destacado en nuestro futuro económico. Pero ese lugar no puede definirse por la nostalgia. Debemos construirlo a partir de las necesidades energéticas del país, de las capacidades reales de la empresa y de una gestión profesional, transparente y libre de decisiones puramente políticas. Todavía podemos evitar utilizar el futuro de México para financiar el pasado de Pemex. Para lograrlo, hay que definir con claridad qué empresa necesitamos y qué estamos dispuestos a exigirle.
Pemex puede tener futuro, pero no a costa del futuro de México.