Edna Jaime

La autonomía de quien ignora la ley

Todos los órganos autónomos serían aliados del presidente si la agenda que promueve fuera genuina; si las personas, su bienestar y progreso, estuvieran en el centro de sus preocupaciones.

El tema de las autonomías en las instituciones de Estado es bien complicado, pero no por las razones que presenta el presidente. Las suyas se sustentan en la ideología, sin profundizar en la complejidad que entraña dotar de autonomía a un órgano en particular. Idealmente un órgano autónomo debe serlo para cumplir su misión sin injerencia de terceros interesados.

Hace unos días en su mañanera AMLO se refirió a la Cofece (la Comisión Federal de Competencia Económica) de una manera muy inapropiada, burlona. Simuló no acordarse de su nombre para mostrar la poca importancia que le da a la institución y su función. Si entendiera bien el mandato de Cofece, la acogería como su principal aliada. No hay nada más poderoso que la garantía de la competencia para desmontar privilegios. Pero el presidente no lo entiende.

Cofece necesita autonomía para que sus decisiones no estén intervenidas por partes interesadas. La autonomía implica un diseño que evita la captura por parte de los poderes fácticos. La Cofece, como otras instituciones, ha cambiado con el tiempo para lograr el diseño adecuado para perseguir su mandato. No conozco un estudio que evalúe su trabajo, pero no tengo duda de que ha avanzado en la consecución de sus objetivos.

El presidente no debería pelearse con los órganos autónomos. Todos serían sus aliados si la agenda que promueve fuera genuina; si las personas, su bienestar y progreso, estuvieran en el centro de sus preocupaciones. Pero no es así. El presidente tiene otra agenda, una de poder, que utiliza ciertos símbolos para avanzar. La realidad más temprano que tarde mostrará que los beneficios de la 4T no son contantes y sonantes, como se plantea en los discursos. Son tan sólo una ilusión.

Veamos una de las mayores ilusiones. La Fiscalía General de la República ganó autonomía con una reforma constitucional aprobada en 2014, bajo la misma lógica que la de otros órganos del Estado mexicano: expulsar a aquellos intereses que los habían colonizado. La justicia penal sirvió a los objetivos de control político, a la intimidación del enemigo, a la fabricación de culpables. Nunca trabajó a favor de las víctimas y del debido proceso legal. Era muy necesario que se planteara un esquema para sacudirse esos vicios.

Pero hay que ser claros. La autonomía no es suficiente. Son necesarias otras cosas. Por eso en la Ley Orgánica de 2018, cuya abrogación la aprobaron ayer los senadores, se plantearon otros temas vitales: la autonomía con controles y rendición de cuentas; la autonomía con profesionalización, nuevos modelos de investigación, planes de transición y de persecución criminal... La autonomía con participación ciudadana.

Esta es la fiscalía a la que aspirábamos cuando se nombró como su titular al Dr. Gertz. Un hombre con una trayectoria importante en el servicio público, pero sin la aspiración de construir una fiscalía para la democracia mexicana. Y es que más que para servir a un concepto bonito pero abstracto, una fiscalía debe responder a las víctimas y reaccionar ante los fenómenos criminales que enfrenta el país. Los fenómenos criminales que nos tienen fregados. Los que roban del presupuesto público, y los que controlan territorios sometiendo a sus habitantes a base de la violencia. Los que amenazan nuestra tranquilidad, pero también los que desafían al Estado mexicano.

El fiscal Gertz puede tener buenas razones para repudiar la Ley Orgánica con la que se ‘topó’ al llegar a la Fiscalía; el problema es que no da la cara para argumentar. Ya que cuenta con el apoyo del presidente y su mayoría legislativa, nada lo ha obligado a presentarse a validar sus ideas planteadas en la ley que promovió, una que nos regresa al pasado que creímos vencer, el de un México con tanta o más impunidad que la que hoy tenemos. Con procesos más cerrados, opacos, característicos del modelo autoritario. Eso es lo que promueve el fiscal.

El Presidente repudia las autonomías, pero no ve con malos ojos la del fiscal. Es una autonomía entendida como licencia para hacer lo que se le da la gana, como desatender lo que la letra de la ley dispone. Un ejemplo es la instalación de un Consejo Ciudadano dentro de la FGR, a lo que estaba obligado, pero ignoró. Conocidos son sus desencuentros con el titular de Unidad de Inteligencia Financiera y su proclividad a desdeñar a otras instancias del Estado mexicano. ¡Valiente autonomía!

Decía yo que el ejercicio de la autonomía es complejo, porque se tiene que dar en un esquema de control y rendición de cuentas. No es un permiso para actuar fuera de la ley. Los órganos autónomos tienen como mandato lo contrario, hacer que el orden legal vigente se cumpla. Para que no adquieran ‘vida propia’ y se olviden de su para qué, éstos deben estar bien diseñados, regulados y ser transparentes. El aparato de persecución criminal es tremendamente delicado; si en su ámbito la autonomía se ejerce sin controles la propensión al abuso es enorme. La ‘ley Gertz’ busca minar esos controles y lo que se vislumbra no es halagüeño.

Estamos a la víspera de la aprobación de una ley que le da al fiscal mucho poder y limita los contrapesos. Presidente, ¿por qué este uso abusivo de la autonomía no le molesta?

La autora es directora de México Evalúa.

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