Durante la guerra de Vietnam, Jeffrey Donfeld, enviado del presidente Richard Nixon, encontró que entre 10 y 15% de los soldados estadounidenses eran adictos a la heroína. Hasta entonces, el enfoque para estos casos era someter a los efectivos militares a una corte marcial.
Donfeld puso en marcha otro método: pruebas para los soldados que estuviesen por regresar. Si les encontraban rastros de drogas, se demoraría su regreso.
Obviamente, muchos querían regresar pronto de aquel infierno y el consumo descendió.
La misma estrategia fue aplicada en territorio de Estados Unidos y, al cabo de un tiempo, los índices de criminalidad en ciudades como Nueva York y Washington descendieron entre 20 y 30%.
Nixon fue el mismo presidente que emprendió la llamada “guerra contra las drogas”, que muy pronto abandonó las líneas de la prevención y el tratamiento de las adicciones para concentrarse en la estrategia militarista y punitiva.
Cinco décadas y miles de millones de dólares después, Estados Unidos sigue siendo el principal consumidor de drogas en el mundo.
Con el tiempo han cambiado las sustancias, pero no los problemas generados por políticas que no buscan aminorar los daños a la salud pública, sino controlar poblaciones y, en su expresión hacia el exterior, sostener un pretexto para intervenir en los asuntos de otras naciones, no para acabar con los capos —que se reciclan con mayor velocidad cada ciclo—, sino para someter gobiernos o apoderarse de los recursos de otros países, como bien ilustra el caso venezolano.
Vivimos los prolegómenos de un nuevo orden mundial. La era Trump, el presidente que prometió no más guerras, está ya marcada por un escalamiento militar que alcanza muchas regiones del planeta y que tiene entre sus objetivos centrales enfrentar el ascenso de China como potencia global.
En ese marco, la nunca abandonada estrategia de intervención estadounidense en América Latina ha cobrado nuevos bríos.
El nuevo rostro del intervencionismo estadounidense en la región se presenta bajo el disfraz de la “guerra contra las drogas” y la potencia lo ha hecho explícito en su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 (ENCD), dada a conocer los primeros días de mayo.
El nuevo documento está alineado con la Estrategia de Seguridad Nacional, que a fines de 2025 anunció el uso de “todos los instrumentos del poder americano” en contra de organizaciones terroristas extranjeras y bandas transnacionales que trafican precursores químicos desde China e India.
La renovada estrategia exige a México decomisar precursores, reducir la producción y “eliminar la capacidad de los cárteles para amenazar el territorio y la seguridad de EU”. Al calificar como “terroristas” a las organizaciones delincuenciales dedicadas al trasiego de drogas, EU se asigna el derecho de combatirlas fuera de sus fronteras.
Pero, ¿qué hace EU en su propio territorio para debilitar a los “cárteles” que combate fuera de sus fronteras y para atender la grave crisis de consumo que afecta a muchos de sus ciudadanos? Poco o nada. En los años recientes no se ha reducido el tráfico de armas hacia México, entre otras razones porque las políticas de Trump han debilitado los mecanismos de control y porque la agencia a cargo del tema ha visto reducido su presupuesto.
Lo mismo ocurre con las políticas de atención a las adicciones.
Según la Drug Policy Alliance, una respetada organización independiente que aboga por la despenalización y las políticas de prevención, el panorama es más que preocupante (informe de abril pasado): “Las familias estadounidenses de todo el país están sufriendo las devastadoras consecuencias del fentanilo, la adicción y las sobredosis. En respuesta, el gobierno federal está recortando drásticamente la financiación de soluciones de salud y tratamiento de eficacia comprobada que salvan vidas. Como resultado, los costos de la atención médica se disparan, las listas de espera para el tratamiento de la adicción pueden durar semanas o meses, y el costo de vida para cubrir necesidades humanas básicas como la alimentación y la vivienda está aumentando. Los recortes propuestos y recientemente aprobados agravarán aún más esta situación”.
El billón de dólares que EU ha gastado en cinco décadas y el medio millón de muertos que ha puesto América Latina nada han logrado. Pero sirven de pretexto para tratar de descarrilar gobiernos democráticamente electos en Colombia o México. Ese es el verdadero fondo de su falsa coartada.