Dolores Padierna

El sector eléctrico más allá de la reforma

Más allá de la reforma tenemos los grandes pendientes de llevar a la Constitución un modelo de transición energética que garantice la soberanía y el cumplimiento de metas ambientales.

Diputada Federal por la LXIV Legislatura

En esencia, la propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador planteaba considerar la electricidad como un derecho humano y no como una mercancía, para lo cual era necesario fortalecer el rol del Estado en el sector y elevar a rango constitucional la transición energética.

Con el preocupante escenario de una crisis energética mundial ha quedado claro que las naciones que no cuentan con empresas estatales fuertes, que renunciaron a garantizar el acceso a la electricidad como un derecho, han tenido grandes dificultades para contener las alzas en las tarifas.

La reforma de Peña Nieto fue concebida a partir de una idea falsa: que el mercado eléctrico funcionaría de manera adecuada por decreto, sin considerar, entre otros factores, las dificultades derivadas del tránsito de un sistema cerrado a uno abierto, además de que se impuso una regulación asimétrica, para que deliberadamente la CFE no pudiese competir en igualdad de condiciones.

En el Parlamento Abierto, incluso los opositores a la reforma, incluyendo representantes de organismos empresariales y de distintos partidos, admitieron que era necesario poner fin a la simulación y otras irregularidades de las sociedades de autoabastecimiento.

Más allá de la reforma, es preciso atender temas como el subsidio a las tarifas de porteo y los sobrecostos del mercado eléctrico mayorista, a fin de que la CFE recupere y fortalezca su viabilidad.

Hacia adelante es preciso recordar que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), misma que abre la puerta a un mercado más equilibrado, en el que cada actor pague los costos que le genera al sistema y a la revisión de los abusos que se han cometido con el modelo de autoabastecimiento.

Más allá de la reforma tenemos los grandes pendientes de llevar a la Constitución un modelo de transición energética que garantice la soberanía y el cumplimiento de metas ambientales, así como el derecho humano a la electricidad, en tanto elemento indispensable en la vida moderna.

La decisión opositora de rechazar la reforma eléctrica sólo por cálculos político-electorales –a costa de favorecer a grandes consorcios y contra el interés colectivo– será un tema que los ciudadanos habrán de tomar en cuenta en futuras contiendas.

En tanto, y con los recursos legales disponibles, se requiere poner fin al funcionamiento irregular de las sociedades de autoabasto, para las cuales se han otorgado 249 permisos (los especialistas calculan que poco más de 100 operan ilegalmente). Como es sabido, hay indicios de simulación, es decir, que el esquema de autoabasto era usado para la venta de energía eléctrica, lo cual está prohibido por ley.

El asunto, con todo y la actualidad del debate, no es nuevo. Desde 2004, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que se les cobraban tarifas muy bajas por transmisión, lo que se tradujo en pérdidas para la CFE que, según los expertos, superan los mil 500 millones de pesos. Algo similar ocurrió con las tarifas de respaldo. Las advertencias del órgano fiscalizador fueron sencillamente ignoradas.

Desmontar el edificio de privilegios construido durante el periodo neoliberal no ha sido ni será tarea fácil.

De ahí que cobre mayor relevancia la aprobación de modificaciones a la Ley Minera, gracias a la cual, ese mineral cuya demanda crece exponencialmente, queda exclusivamente a cargo del Estado, por lo que no habrán de otorgarse concesiones a privados, nacionales o extranjeros.

Mientras aquí la oposición rechaza cambios al mercado mayorista, España y Portugal enfrentan las presiones de las grandes empresas eléctricas por su plan para bajar las tarifas eléctricas.

Hay que mirarse en ese espejo para saber que no es poca cosa que los recursos del país sean protegidos para las presentes y futuras generaciones.

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