Diputada Federal por la LXIV Legislatura
Tres décadas de políticas entreguistas y privatizadoras se tradujeron en que, en la actualidad, la industria eléctrica privada ocupa el primer lugar en capacidad instalada (50.7 por ciento) y en generación de electricidad (60.6 por ciento).
La privatización paulatina fue posible porque el Estado fue capturado por intereses económicos y los sucesivos gobiernos fueron entregando porciones de las instituciones, de infraestructura y presupuesto público, como hemos visto en el caso de centrales eléctricas y gasoductos.
¿A los altos funcionarios les importaba el país, como declaraban desde las tribunas oficiales? Visto lo que ocurrió después, les importaba su futuro personal. Los funcionarios que abrieron la puerta de la privatización fueron más tarde premiados con cargos ejecutivos en empresas de energía. Qué mejores ejemplos que la secretaria de Energía, Georgina Kessel y el presidente Felipe Calderón, quienes no vieron conflicto de interés en su incorporación al consejo de Iberdrola, hoy la segunda compañía eléctrica más grande de México (genera 16 por ciento de la energía eléctrica del país y cuenta con una cuarta parte de la capacidad instalada por privados).
El caminito que siguieron ha sido desmontado paso a paso en la discusión pública que ocurre en estos días: ríos de cambios normativos, regulatorios y reglamentarios para dar ventaja a las empresas privadas: aprobación casi automática de permisos; autorizaciones para generar y vender electricidad; acceso a la red eléctrica; venta de excedentes a la CFE; subsidios en el porteo, respaldo y servicios anexos; planeación sesgada a favor de los privados; certificados de energía limpia; acceso a recursos hidroeléctricos y geotermoeléctricos; información sobre las necesidades y recursos del sistema eléctrico nacional; posibilidad de especular con los permisos de generación; obtención de incentivos fiscales y financieros y muchas otras rutas que tenía la finalidad última de dejar a la CFE en los huesos.
Los reguladores, figura creada en teoría para brindar condiciones de libre competencia, se convirtieron prácticamente en facilitadores de los intereses privados. Llevaron al extremo el mito neoliberal de que mientras más jugadores hubiese tendríamos tarifas más bajas. Las crisis recientes en Europa y Texas son el mejor ejemplo de la falacia de los adoradores del mercado.
Las ventajas otorgadas por la legislación y organismos de control a modo se tradujo en enormes ganancias para los privados y, naturalmente, en su resistencia a cualquier cambio. Por eso han llevado sus inconformidades a los tribunales, donde por desgracia han encontrado juzgadores a su servicio.
Las reglas de la reforma peñista se hicieron para favorecer a los privados y poner a la Comisión Federal de Electricidad a su servicio, como ocurrió con las llamadas sociedades de autoabastecimiento, la cogeneración, la pequeña producción, las unidades de producción conjunta, la importación y exportación de electricidad, la generación para consumo propio, la venta de excedentes al gobierno, los contratos de cobertura eléctrica y los certificados de energía limpia.
Esos negocios privados no podrían existir sin una empresa pública encargada de que la electricidad llegue a donde debe llegar y de que a nadie le falte el servicio, sean usuarios del servicio público o clientes de las privadas.
La CFE es la columna vertebral, la que responde en momentos de crisis, cuando el sistema debe hacer frente, por ejemplo, a fenómenos naturales, fallas técnicas, malas prácticas de las eléctricas privadas o alteraciones en los mercados. Es la mayor compradora de electricidad privada, pesada carga que le fue impuesta por pasadas administraciones sin ninguna necesidad, ya que la empresa productiva del Estado contaba con sus propios medios de producción. Es CFE la que atiende a más de 45 millones de usuarios y a la que se le exige que no falte electricidad en el país, pase lo que pase.
Fortalecerla, fin último de la iniciativa presidencial que debatimos en estos días, es un imperativo nacional: el desarrollo nacional no puede ser rehén, como ocurre ahora en otras naciones, de empresas que sólo buscan maximizar sus ganancias, así sea con un servicio público vital.