Dolores Padierna

La reforma petrolera

Para enfrentar prácticas anticompetitivas, corrupción, robo, contrabando, especulación y otros ilícitos, el presidente envió la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos.

En líneas generales, incluso críticos del actual gobierno coinciden en que la herencia recibida fue un mercado de combustibles en el cual imperaban las prácticas anticompetitivas, la corrupción, el robo, el contrabando, la especulación y otros ilícitos que afectaban a los consumidores y a la hacienda pública, a los contribuyentes y a la ciudadanía.

Como botón de muestra está lo informado recientemente por la titular del SAT, Raquel Buenrostro. Con datos del primer trimestre del año, la funcionaria ha explicado que la reducción de ingresos tributarios derivados del contrabando de combustibles y el huachicol se estima en 20 mil millones de pesos.

Para enfrentar una realidad que se expresa en el dato anterior es que el presidente de la República ha enviado una iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos.

En cierto sentido, la reforma energética de Enrique Peña Nieto fue una feria liberalizadora, una fiesta de concesiones y permisos que dio lugar a un mercado sin controles, a un terreno propicio para desarrollar prácticas ilegales.

Otra arista de esa reforma es que llevó a nuestro país a perder la autosuficiencia: nos convertimos en el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo.

Las voluminosas importaciones sitúan a México en un plano de peligrosa dependencia y franca vulnerabilidad, además de que el alto costo de los combustibles foráneos impacta la economía de industrias, comercios, servicios y familias mexicanas. Para colmo, ese caos ha profundizado la desigualdad en el acceso a la energía. El gas LP, por ejemplo, se ha vuelto prohibitivo para las familias pobres por su precio elevado.

La estrategia propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para poner orden en el caos combina cuatro líneas de acción: primero, combatir de manera frontal y decidida el contrabando; segundo, acabar con el robo en el expendio de combustible; tercero, optimizar el almacenamiento y cuarto, gestionar los permisos en función de los imperativos de la seguridad energética y la seguridad nacional.

El contrabando de combustibles nació y creció con la liberalización del comercio exterior de hidrocarburos y petrolíferos. Hoy es un problema mayúsculo que urge resolver. El SAT embargó más de dos millones de litros de diésel, gasolinas y propano en los últimos 18 meses, que los transgresores pretendían internar ilegalmente por distintas aduanas de la frontera norte.

Otras prácticas recurrentes son la subvaluación en el valor de la mercancía, la adulteración del combustible y la falsedad en la declaración de las características del producto importado, todo ello con la finalidad de evadir el pago completo del arancel. Los contrabandistas cuentan con una ventaja de precio de por lo menos 40 por ciento frente a las importaciones legales, en lo que constituye competencia desleal en detrimento de Petróleos Mexicanos y otros comercializadores.

Con el fin de desarticular las bandas y desincentivar el contrabando, la iniciativa presidencial propone facultar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía para revocar los permisos de los titulares que simulan ser distribuidores y comercializadores honestos. La revocación se llevará a cabo siempre y cuando el delito haya sido determinado por resolución firme de la autoridad competente.

Diversas investigaciones han revelado que un sector de los permisionarios de gasolineras utiliza herramientas tecnológicas para despachar ‘litros’ incompletos. La iniciativa propone complementar las sanciones ya previstas con la revocación del permiso de operación a los reincidentes que incumplan con las disposiciones relativas a la cantidad, calidad y medición, o que alteren las condiciones técnicas de los sistemas, ductos, instalaciones o equipos de suministro sin la autorización correspondiente.

Lo que vivimos hace unas semanas con el corte de suministro por empresas de Estados Unidos obliga a plantear alternativas para enfrentar escenarios de escasez, desabasto, interrupciones o bloqueos que pueden afectar gravemente la vida productiva y social, las finanzas públicas y la estabilidad del país.

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