Lo pregunto porque, revisando mis archivos, encontré un texto que publiqué en febrero de 2000, cuando ya era parte del Colegio Nacional de Economistas —del que fui presidente—, además de coordinador de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales en mi región, secretario de Finanzas en Oaxaca —mi estado—, así como director de la revista El Economista Mexicano, y se hablaba de un nuevo pacto fiscal.
Han pasado 26 años; en ese tiempo era evidente que había varios tabúes: un rezago histórico del gasto público, algo que inhibía el desarrollo; una concentración fuerte del ingreso y la riqueza; un déficit de empleo formal y un crecimiento excesivo del sector informal sin prestaciones sociales; desarrollo regional inequitativo; pobreza y necesidades básicas insatisfechas, así como una ruptura de cadenas productivas, sin política de fomento industrial.
Particularmente en los estados del sur, los niveles de desarrollo eran demasiado bajos. Había unas incipientes fortalezas: la desaparición de numerosos impuestos especiales entre 1980 y 1990, y la reducción de tasas; una compensación parcial de la regresividad de los impuestos indirectos —regresivos porque quien tiene menos paga lo mismo por un producto que quien tiene más—; tasas competitivas de ISR empresarial frente a nuestros socios comerciales; un régimen de pequeños contribuyentes; un subsidio fiscal a los de menores ingresos; el ahorro interno al 22% del PIB; un déficit fiscal manejable, y la despetrolización del comercio exterior, que creció del 5.7% al 31.7% del PIB en diez años.
El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales fueron otros hitos, buscando repartir mejor los ingresos entre estados y municipios dada la precariedad en algunos estados del sur.
Había además una fórmula de participaciones que compensaba la desigualdad previa a 1990, y se creó el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que sigue siendo fundamental para el gobierno federal y los contribuyentes, con algunas insuficiencias, pero loable en la administración pública mexicana.
Sin embargo, también había debilidades: una recaudación insuficiente, pues a nadie le gustaba cobrar; un peso excesivo de impuestos indirectos como el IVA; inequitativa distribución de las cargas fiscales; petrolización de los ingresos presupuestarios; baja recaudación del comercio exterior y monólogos en oídos sordos sobre la reforma fiscal que el país requería.
Para el año 2000, el gasto público aún era el más bajo de los últimos veinte años: de 1994 a 1999, un gasto programable de -4%, un costo financiero de 13.7% y participaciones de apenas 3.8%, mientras la sociedad absorbía el costo fiscal del rescate bancario y persistía una recaudación del impuesto predial muy baja.
Y, según datos de la OCDE sobre ingresos fiscales entre 1965 y 1997, México se ubicaba al final de la comparación, por debajo de la Unión Europea, Estados Unidos, el promedio de la OCDE, Japón y Canadá.
Desde entonces, desde el Colegio Nacional de Economistas, siempre se planteó la necesidad de un “Nuevo Pacto Fiscal”, con muy ligeros avances.
Hoy es necesario poner atención en lo que sucede con los impuestos indirectos y con una economía que se ha reducido y no se ha recuperado, como se ve en la cuestión salarial de los trabajadores.
Es sano lo que se ha hecho en la distribución de los recursos entre la gente, pero con la inflación cada vez resulta insuficiente incluso para la canasta básica. Necesitamos fortalecer y dar más seguridad a la inversión privada, para invertir, pues hay atonía en la inversión, y la población, que sigue creciendo, necesita mayores ingresos.
Hay fondos que han inhibido la capacidad de trabajo de quienes tienen menos recursos, y a veces las esperanzas de los jóvenes que ingresan a una educación superior de terminar sus estudios con la intención de tener mejores oportunidades.
Eso se refleja en las universidades: tenemos destacadas instituciones del Estado, como la UNAM y el Politécnico, así como algunas universidades privadas.
En fin, todo esto trata de contestar una sola pregunta: si es necesario un nuevo pacto fiscal, que incentive la movilidad social y jóvenes con mayores aspiraciones en un futuro mejor.